LA HABANA, Cuba.- Muy mal andan las cosas en un país hambreado donde su vicepresidente se siente obligado a recurrir a la extorsión y a la amenaza contra los productores de alimentos. O, remedando el discurso oficial, cuando tiene que arremeter contra “los humildes” por los que, se supone, se hizo una revolución.
La intervención del vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, José Ramón Machado Ventura, en el reciente encuentro con un grupo de campesinos usufructuarios de tierras estatales (acogidos al Decreto-Ley 300), que tuvo lugar en la provincia de Artemisa, no pudo ser más desafortunada. “La tierra es del Estado”, les recordó. Y enseguida les dejó claro que quienes no cumplan con lo que ese ‘dueño’ exige de ellos “se las quitamos sin mucha discusión”. Él se siente parte de los ‘propietarios’.
La frase evidencia la enorme arrogancia del representante de un poder totalitario que, no obstante, se sabe impotente ante una situación insoluble. La tierra podrá ser “suya”, en virtud de un sistema que otorga privilegios eternos a una elite gobernante que jamás ha sido elegida para tal responsabilidad, pero en más de medio siglo tales propietarios no han sido capaces de hacerla producir, sino que –por el contrario– al establecer (y mal administrar) el mayor latifundio que haya existido jamás en esta Isla, han ocasionado la ruina de los otrora feraces y productivos campos cubanos.
De hecho, las dos disposiciones gubernamentales que entregaban las tierras en usufructo a “personas naturales” –el Decreto-Ley 259, de 2009; después sustituido por el Decreto-Ley 300, de 2012–, además de tener múltiples limitaciones de origen, no expresaban realmente una voluntad política de favorecer el desarrollo de sectores productivos autónomos o de solucionar el agudo problema de la alimentación “del pueblo”, sino que fueron resultado de la imperiosa necesidad del gobierno de buscar alternativas viables en un país improductivo y económicamente en ruinas, donde es necesario importar más del 80% de los alimentos que se consume y en el que –no obstante su insuficiencia– el peso de los subsidios sociales se ha convertido en una carga insostenible para el Estado.
Sin embargo, la primera falla de la legislación consiste en no permitir que los productores se conviertan nunca en dueños de la tierra que trabajan y en la que han erigido sus viviendas –detalle este último que expresamente se prohibía en el Decreto-Ley de 2009 y que finalmente fue permitido en el de 2012–, y esta distorsión de las relaciones de propiedad sobre la tierra, patrimonio exclusivo de una entidad parásita y déspota que no la trabaja, es la condición esencial para el fracaso del que pudo ser el experimento más promisorio de las llamadas “reformas raulistas”.
A esa aberración de origen se suman el extremo centralismo estatal, los excesivos controles, los bajos precios que establece el Estado sobre la producción, los elevados impuestos sobre los productores, la ausencia de un mercado mayorista que provea a los campesinos de insumos, herramientas y aperos, equipamiento, fertilizantes, bactericidas, semillas, etc. a precios accesibles y muy especialmente los impagos de los contratos por parte del Estado una vez que los productores han entregado a éste la parte convenida.
Obviamente, la voluntad de los productores que se acogieron a las oportunidades legales como usufructuarios de la tierra nunca fue convertirse en esclavos de la santísima trinidad Estado-Gobierno-Partido, sino en hacer aquello que saben: trabajar y hacer producir la tierra para alcanzar una sencilla y legítima aspiración humana, la prosperidad personal y familiar.
Por tanto, cada vez son menos los que se manifiestan dispuestos a asumir el reto productivo en las condiciones leoninas que el Estado-Gobierno-Partido les impone. Así, tras años de abstractas exhortaciones a “producir más”, generadas desde las oficinas climatizadas del Comité Central y del Consejo de Estado, bien distantes del surco y de las duras jornadas de trabajo bajo el sol o la lluvia, el indetenible aumento de los precios de los productos del agro que se ha venido produciendo aceleradamente en los últimos meses ha acabado en una verdadera crisis.
Hoy por hoy el desabastecimiento y los costos de los alimentos, por una parte; y la represión oficial a productores, intermediarios y comerciantes, por el otro, forman un círculo vicioso sin solución a la vista. Como si esto no fuera suficiente, la crisis económica en Venezuela y el nuevo escenario político en ese país, están amenazando severamente la fuente de subsidios que por más de 15 años ha coadyuvado al sostenimiento de la dictadura cubana. El problema es grave, y la elite verde olivo lo sabe, solo que no tiene ni peregrina idea de cómo solucionarlo, por eso recurre al último recurso que les va quedando: amenazas y represión.
Este cínico “desliz” del vicepresidente cubano al atreverse a amenazar públicamente a los productores frente a los medios de difusión demuestra cuán poseído está el poder de su larga impunidad, pero también refleja cuán grande es la brecha que existe entre gobernantes y gobernados, y cuán frágil se está tornando el “modelo” que pretenden eternizar.
Lo que no llegó a decir este insolente anciano en la reunión del 25 de enero último es quiénes serían los campesinos dispuestos a asumir la producción agrícola en lo sucesivo, si en verdad el gobierno tuviese la desfachatez de expulsar de ellas a los actuales usufructuarios.
No nos dejó claro tampoco si, por esos caprichos de la Historia, que a veces suele moverse en círculos, los cubanos de hoy seremos testigos de un proceso de desalojo de los campesinos y sus familias, tal como nos dijeron ocurría en tiempos republicanos, cuando la guardia rural –terror y el azote de los humildes guajiros–, plan de machete mediante, los arrojaba al camino real con todos sus enseres. Más le valdría al señor vicepresidente pensárselo varias veces: demasiadas frustraciones acumuladas están recalentando la caldera por estos lares… O para decirlo a la antigua: aquí el horno no está para galleticas.
Puestos a calcular, si a estas alturas se orquestara una cruzada del gobierno contra los campesinos, los comerciantes, los intermediarios y “el pueblo”, es sabido qué parte es la que tiene más que perder.
