LA HABANA, Cuba.- “Nosotros nos consideramos desalojados”, dice Caridad Ruiz Rodríguez, vecina de la calle 24 número 166 entre 13 y 15, Municipio Plaza. Ella forma parte de las diez familias que, desde el 15 de noviembre del 2015, esperan que llegue presupuesto prometido por el gobierno local para la reconstrucción de sus apartamentos.
“Esto lo mandó a demoler la directora municipal de la vivienda, Maribel Lescay. Ella mandó a que nos ‘autoalbergáramos’ en cuatro días porque nos había salido el presupuesto para el 2016 (…) No tenían ni albergues que darnos, ni tampoco casas de tránsito (…) Quedamos en que de seis a ocho meses nos iban a entregar apartamentos dúplex, que para el 26 de julio de esta año ya eso iba a estar”, añade.
CubaNet intentó contactar por vía telefónica con Maribel Lescay, directora de la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV), quien se encontraba ausente por enfermedad. Sobre las demandas de los afectados de la calle 24 No.166, y el incumplimiento de la reconstrucción de sus cuartos, la jefa de despachó de Lescay solo dijo que “no es cierto todo lo que están diciendo”, y recomendó la identificación del medio periodístico para que los dirigentes implicados ofrecieran información al respecto.
En horas de la mañana de este martes un grupo de siete vecinos fueron a la oficina de atención a la población del Consejo de Estado, ubicada en Paseo y 39, Vedado. Caridad Ruiz explicó a CubaNet que solo la dejaron pasar a ella.
“No me dejaron hablar”, dijo, refiriéndose a la funcionaria que la atendió. “Cuando intenté explicar el caso y las gestiones que hemos hecho, me dijo que no hacía falta, que todo estaba escrito en la carta que entregamos”, añadió.
Esta última esperanza del grupo se desmoronó cuando la funcionaria le explico a Caridad que su demanda será tramitada con los mismos funcionarios de gobierno responsables de que vivan en la calle.
“Me dijeron que hablarían con la delegada y el presidente de la vivienda (…) Pero si nosotros los estamos denunciando (a ellos)…”, se lamentó.
Las gestiones del grupo para la solución de lo que llaman desalojo abarcan desde la DMV, la prensa oficial, hasta las oficinas del Partido Comunista de Cuba. Ninguna de las demandas vislumbra la solución del problema.
La promesa de los presupuestos
Las familias de la “ciudadela” desaparecida por las autoridades de la DMV llevan un año viviendo en casas de amistades, familiares, parques, policlínicas, Iglesias, almacenes y cuanta oportunidad se le ofrezca. Este es el primer motivo por el que los afectados se niegan a escuchar evasivas sobre la reconstrucción de los cuartos demolidos.
El segundo motivo es la ausencia de responsabilidad que demuestran los dirigentes locales, quienes no acuden a las reuniones planificadas para establecer fechas. Los residentes en el número 166 consideran al unísono que se esconden para no rendir cuenta del presupuesto que se destinó para la reconstrucción de sus viviendas en el casi finalizado 2016.
Bárbara Soler, asegura que en febrero le mostraron los planos de las nuevas viviendas. “Queremos una verdad por cruel que sea, pero que sea verdad. Ni una mentira más sobre el presupuesto”, dijo.
Catalogado como “ciudadela” por la DMV, el complejo de cuartos fue fabricado alrededor de 1920 por los dueños de una lavandería. La falta de mantenimiento preventivo provocó el deterioro de los techos que amenazaban con desplomarse. En el 2009 se destinó un presupuesto por la DMV para la reparación, pero nunca se ejecutó la obra.
Caridad Cardoso, otra de las vecinas afectadas, declaró a CubaNet: “Estábamos con palanganas, cubos, nailon, porque el techo era madera, papel y teja. Estaba en muy mal estado, se nos estaba cayendo arriba”.
La desaparición del presupuesto del 2009 condicionó el deterioro continuo de la cuartería, y elevó el peligro de derrumbe. La decisión de las autoridades fue la demolición total, condicionada con la propuesta de reconstrucción de apartamentos biplantas.
Quienes residían en el ahora solar yermo explican que cuando se presentan constructores para ejecutar la obra se marchan a los pocos días, alegando que desconocen cuánto y cuándo le pagaran.
Usurpación de terreno
La contrariedad de la reconstrucción de las viviendas se sumó la demanda del terreno por parte de los vecinos colindantes. Caridad Ruiz lo explica: “Encima de esto, de la desgracia, los vecinos del fondo quieren que nosotros le demos 75 centímetros. Si esta ciudadela está hecha mucho antes que esas casas”.
El litigio se establece sobre un área común donde debería estar ubicada la cisterna, una vez reconstruida las viviendas.
De todos los afectados, María Victoria Moreno, de 75 años, considera que no tiene salud para ver casa reconstruida. Cada disgusto ataca la cardiopatía isquémica que padece, llevándola de urgencia al hospital, como sucedió durante la presencia de CubaNet en el lugar.
Enfermos o evasivos, los dirigentes locales no quieren dar la cara ante las personas que dejaron en la calle. La desaparición del presupuesto apunta la demanda de los afectados hacia la corrupción, pero para muchos lo lamentable es que la verdadera causa radica en la indolencia de los dirigentes.