MORÓN, Cuba. – Yiliana Herrera Feria, una madre cubana residente en el municipio Morón, Ciego de Ávila, ya no sabe a quién más acudir por ayuda. Desde 2015 requirió al Gobierno un solar o una casa cercana a un puesto de salud debido a las condiciones patológicas de su hijo de casi seis años, pero más de un lustro después su solicitud aún no ha sido atendida.
El pequeño Oriesel Bernardo García Herrera no camina ni habla pues además de padecer cuadriplejia, hipoacusia y miopía, sufre una enfermedad llamada hiperglicinemia no cetósica, también conocida como encefalopatía hiperglicinémica (debido al grave trastorno que causa la acumulación de glicina en el cerebro) y Síndrome de Lennox-Gastaut (una variante de epilepsia que se caracteriza por convulsiones frecuentes), lo que lo convierte en un niño de alto riesgo y vulnerable.
“De esta enfermedad (hiperglicinemia…) hay solo cuatro niños en Cuba y la esperanza de vida (que tienen) es de ocho años. Mi bebé ha hecho cinco broncoaspiraciones; en tres de ellas ha parado en cuidados intensivos; y además hay que realizarle fisioterapia de lunes a viernes permanentemente para prevenir las malformaciones, o sea, que se le siga agravando también la escoliosis que padece. Por estas razones debo estar cerca de un hospital”, aseguró Herrera Feria a CubaNet.
También indicó que su caso es conocido en la Dirección Municipal de Vivienda, el Instituto de Planificación Física (IPF), el Partido, el Gobierno y la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, tanto a nivel municipal como nacional. Además, recientemente le escribió al Consejo de Estado y al gobernante Miguel Díaz-Canel.
“He seguido todos los pasos, no he brincado escalones y aun así nadie le da solución (a mi caso). Me pelotean de un lado a otro, entonces ¿a quién más tengo que ver para que se cumplan las leyes y los derechos humanos?”, se pregunta.
A la joven madre, el IPF le denegó inicialmente la asignación de una superficie para construir una vivienda con la justificante de que el Estado no contaba con disponibilidad de terreno en Morón. Sin embargo, recientemente le informaron que podía beneficiarse con el otorgamiento de un solar en Carlos Len, un caserío en las afueras de Morón.
“El transporte en ese lugar es muy complicado, cuando llega cierto horario ya no hay ni carro para salir de ahí. Si mi hijo, que anda en silla de ruedas, hace una broncoaspiración y no llego rápido al hospital se me puede morir; por eso demando una vivienda o un terreno preferiblemente cerca de una institución médica”, especifica.
La madre, licenciada en Psicología, cuenta que tres meses después del nacimiento del pequeño Oriesel, no pudo retomar su trabajo como psicopedagoga de la escuela primaria Abel Santamaría debido a los cuidados especiales que requería su hijo. “Con un simple cambio de tiempo enseguida el niño está enfermo y tengo que acudir constantemente a los hospitales, tanto en Morón como en La Habana”, detalla.
“Ahora vivo en casa de mis padres; (estoy) durmiendo donde debe estar el comedor, sin persianas, con mi sobrino de 17 años, mi otra hija de 12 y el pequeño Oriesel. Y para colmo al lado de la casa hay un contenedor de basura donde las personas botan hasta animales muertos, y que Comunales recoge una vez al mes”, lamenta.
Además de todas esas contrariedades, delante de la casa se encuentra la línea del ferrocarril. Cada vez que el tren transita a altas horas de la noche el niño se despierta sobresaltado por el ruido, lo que le ha provocado convulsiones en más de una ocasión, cuenta su madre.
“Que en casi seis años que llevo haciendo trámites no hay ningún terreno o casa disponible (…), pues eso no se lo cree nadie”, expresa.
Hubert Fragela Espinoza, un amigo de la familia moronense, es testigo de todas las vicisitudes que ha intentado sortear Herrera Feria desde el nacimiento de su hijo. Aunque ha tratado de construir su propia vivienda, “no ha podido. El Gobierno le ha prometido (ayudarla) y nunca ha quedado bien con ella. Hasta ahora lo único que ha recibido es peloteo, engaño, mentiras, ‘luego te digo’, ‘luego te resuelvo’ (…), y sigue pasando miles de problemas y dificultades”.
La joven psicóloga de 29 años también confiesa que de nada le sirvió ser militante de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) o presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) mientras estudiaba la licenciatura, pues nadie ha ido a preguntarle qué necesidades tienen ella y su hijo.
“Con la chequera que me dan (2.650 pesos con el aumento incluido) no me alcanza, y menos ahora que subieron los precios. Nadie me da una respuesta, nadie me asegura que me va a ayudar en mi caso, porque todos están cómodos en sus casas. Solo me dicen mentiras y me pelotean de un lado a otro”, se queja.
Mientras que a casos sociales como el de esta madre y su hijo tardan años en ser atendidos por el Gobierno, en las afueras del hospital Roberto Rodríguez, de Morón, existen y aún continúan en construcción inmuebles destinados a trabajadores y autoridades de la Unión de Construcciones Militares (UCM), personal de la Contrainteligencia Militar y médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
No es la primera vez que el régimen, con un alto déficit de viviendas, desampara a una madre. En septiembre de 2020, por ejemplo, un grupo de mujeres en La Lisa (La Habana) ―algunas con sus hijos en brazos―, ocuparon apartamentos de un edificio asignado a oficiales del Ministerio del Interior y fueron desalojadas por la Policía.
Debido a la falta de viviendas y la desatención gubernamental de casos tan sensibles como el de Herrera Feria, los ciudadanos suelen irrumpir en locales abandonados o, incluso, se arriesgan a vivir en inmuebles en peligro de derrumbe.
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