LA HABANA, Cuba.- El próximo 15 de febrero, a las 9 de la mañana, José Rolando Casares y Yamilka Abascal, miembros de la organización Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC), serán sometidos a juicio por delitos que aseguran no cometieron, como parte de la ola represiva que tienen que vivir los opositores pinareños.
Ellos son una familia que vive en San Juan y Martínez. A Casares se le quiere condenar a cinco años de privación de libertad por los delitos de “desacato” en su figura básica, dos delitos de “atentados” y “ultraje sexual”.
A Yamilka le piden dos años de trabajo correccional con internamiento por “desacato” de figura agraviada; o sea, dice la Fiscalía que gritó consignas contrarevolucionarias.
Según Kirenia Yalit Núñez, coordinadora general de la Mesa de Diálogo, esta es parte de la estrategia de la Seguridad del Estado para desestabilizar el funcionamiento de la organización: “Casares es miembro fundador y parte del ejecutivo, llevamos trabajando tres años, desde el 22 de febrero del 2014, y desestabilizarlo a él o hacerle algo a Yamilka implica un golpe contra la organización también”.
El caso de Rolando
En julio del año pasado, los dos, junto a otros miembros de la Mesa, debían trasladarse a la Habana para participar en una de las actividades de la organización a que pertenecen y fueron interceptados. Raudel Álvarez, uno de los que iban en el carro, fue detenido, y cuando Casares salió a reclamarle al policía comenzó la pesadilla.
“Me metieron contra el carro y cuando llegué a la estación de San Juan y Martínez me desnudaron pensando que llevaba encima una memoria con información”, cuenta Rolando Casares, “pero ni siquiera se logran poner de acuerdo entre ellos porque los delitos de que me acusan nunca los cometí”.
Después llegó la odisea de encontrar abogados. “Cuando llegamos al bufete colectivo de San Juan y Martínez no dijeron que eso no era allí, que debíamos ir a Pinar del Río, pero después de hacer presión, una abogada se nos acercó, parece que le dio pena con el estado de mi esposa y nos dijo que teníamos asignado una abogada de oficio”.
Agrega: “Ni siquiera la abogada del caso se explica que no tengamos testigos de nuestra parte porque todos son policías, o lo que es lo mismo, de la fiscalía; y que ninguno, además, se ponga de acuerdo en la versión de los hechos que ellos quieren contar”.
Algunos que saben del caso creen que están siendo tan indulgentes porque Yamilka Abascal tiene siete meses y medio de embarazo. Sin embargo, según el mismo Casares, padre del niño que está por llegar, “cada vez que la llaman a la estación de policía es tratándola mal, sin importarle que le pueda subir la presión u ocurrirle cualquier otra cosa en su estado”.
El caso de Yamilka
Yamilka cuenta vía telefónica a CubaNet de cómo se vio involucrada en el proceso penal: “El 15 de julio, a los cuatro o cinco días de estar detenido mi esposo, debía viajar a Colombia, y cuando llegué al aeropuerto me dijeron que estaba circulada. Regresé y entonces empezaron las citaciones. De testigo pasé a ser acusada”.
Continúa Yamilka, contando sobre las amenazas que ha recibido también. “Desde agosto me están diciendo que no me siente en el parque porque ellos no se responsabilizan con lo que me pueda pasar. La última citación fue a través del jefe de la policía y dije que la próxima tenía que ser con cita oficial”, explicó.
Casares y algunos amigos se preguntan qué puede significar eso. Ellos mismos se responden que “es parte de la estrategia de terror de la Seguridad del Estado, como también lo es cortarle la comunicación a todo el que esté involucrado en la defensa de su caso”.
Por último, Yamilka cuenta cómo ha reaccionado el pueblo a su alrededor. “Imagínate, este es un pueblo chiquito, las maestras de los niños están al tanto. Hubo una que empezó a amenazar al que tengo en primer grado diciéndole que lo iba a enviar a una escuela de conducta, hasta que la llamé y le dije que la denunciaría en Internet”, describe.
En tanto, “la médico de la familia se pregunta qué me pueden hacer en mi estado, y se encarga de mantenerme la presión controlada”, a lo que agrega: “Aunque la abogada me ha dicho que no me preocupe, que todo saldrá bien, me siento asustada, cohibida, coaccionada”.
El miedo y la desesperanza de Yamilka Abascal son lógicos porque, además de estar siendo acusada de un delito que alega no haber cometido, ha visto cómo en los juicios contra otros los opositores la Seguridad del Estado amedrenta a abogados y testigos por igual.