LA HABANA, Cuba, octubre, www.cubanet.org -El gobierno que encabeza en Venezuela el ex guagüero Nicolás Maduro está empeñado en promulgar una ley habilitante que le permita regular por decreto, sin intervención parlamentaria, todo lo relacionado con la corrupción y con lo que la propaganda oficialista denomina “guerra económica de la derecha fascista” contra el régimen.
El heredero de Chávez se presentó en la Asamblea Nacional para solicitar personalmente la aprobación de la medida. El complaciente órgano legislativo, en el que el gobernante Partido Socialista Unido tiene mayoría absoluta, constituyó de inmediato una comisión integrada por elementos incondicionales al régimen.
Este martes, el diario Granma publicó un artículo de la colega Laura Bécquer, bajo el título “¿Por qué es necesaria una Ley Habilitante en Venezuela?”. En ese trabajo, junto a los enfoques complacientes que cabía esperar, no dejan de hacerse —aunque en forma vergonzante— algunos señalamientos críticos.
El texto comienza por un reconocimiento destacable: “El problema de la corrupción en Venezuela… no conoce de colores políticos”. Notable eufemismo para decir que también en las filas chavistas impera ese mal. Lo que se calla es que, por ser estas fuerzas las que ha detentado el poder durante quince años, son justamente ellas mismas las responsables de los más escandalosos y colosales desfalcos.
La periodista Bécquer atribuye a Maduro el propósito de “arrancar de raíz ese mal social” y cita sus palabras sobre que él necesita los poderes solicitados “para profundizar, acelerar y dar la batalla a fondo por una nueva ética política, por una nueva vida republicana y por una nueva sociedad”.
La escribidora castrista, para fundamentar la supuesta imparcialidad del gobernante, cita el caso del alcalde de Valencia, el chavista Edgardo Parra, cuyo desenfreno en el mangoneo de los dineros públicos llegó a tales extremos, que “está siendo investigado”.
Igual que una golondrina no hace verano, tampoco las desventuras del corrupto intendente progobiernista demuestran la existencia de una actitud justiciera entre los jerarcas venezolanos. Como en la fábula de los animales víctimas de la peste, cualquier pecadillo de un opositor es magnificado hasta el absurdo, mientras que los miles de millones malversados por los chavistas son mirados con la mayor benevolencia.
Pero no es esa la moraleja del caso Parra. Lo importante del affaire es que él demuestra que los mecanismos para luchar contra la corrupción ya existen. En Venezuela, como en cualquier otro país civilizado, hay normas que sancionan el peculado. Sólo hace falta aplicarlas con decisión a todos los infractores. O sea: que no se necesita la ley habilitante. Es justamente eso lo que plantean destacados opositores.
El segundo pretexto esgrimido por los chavistas (el del enfrentamiento a “la guerra económica desatada por los empresarios derechistas”) carece también de fundamento. Como sabe quienquiera que haya sufrido las calamidades del socialismo —del siglo XX o del XXI—, es el sistema mismo el que, con sus medidas arbitrarias y su persecución contra el empresariado, provoca el desabastecimiento.
Es natural que los inversores, si se les obliga a aceptar precios irreales, se les recortan de manera infundada sus ingresos o se les amenaza con expropiarlos, eviten arriesgar sus capitales y procuren buscar entornos menos hostiles a la inversión privada. Esto, que los cubanos hemos aprendido en nuestros magullados pellejos durante medio siglo de castrismo, constituye algo no tan obvio para los venezolanos, muchos de los cuales todavía van cuando ya hace años que nosotros estamos de regreso.
El propósito de adoptar una ley habilitante en ese terreno sólo constituye una amenaza más, un preludio de futuros despojos y de nuevas arbitrariedades del régimen. Por supuesto que lo razonable es presumir que, con esos tremebundos anuncios, lo único que logre Maduro sea agudizar la carestía y alargar las colas de irritados consumidores.
El asunto presenta un aspecto procesal que Doña Laura no aborda por lo claro: Para aprobar la Ley Habilitante se requieren los votos de 99 diputados, pero la bancada gubernamental sólo cuenta con 98. El legislador adicional puede salir únicamente de las filas opositoras. Como las razones esgrimidas para fundamentar esa disposición son insostenibles, al gobierno le queda un solo argumento: comprar ese codiciado voto faltante.
Si encontraran a un deshonesto que se preste a semejante traición, la “lucha frontal contra la corrupción en Venezuela” habría tenido un comienzo originalísimo: un acto desvergonzado de cohecho. Del mismo modo que los leninistas acostumbran a “luchar por la paz” (algo equivalente a fornicar por la continencia), así también Maduro y sus acólitos, en el paroxismo de la desfachatez, se aprestan a corromper a algún diputado opositor… ¡para poder luchar contra la corrupción!