La Fiscalía municipal de Bayamo formalizó peticiones de hasta cinco años de privación de libertad contra nueve cubanos procesados por su participación en la protesta pacífica ocurrida el 23 de mayo de 2025 en ese municipio de la provincia Granma.
De acuerdo con las conclusiones provisionales del expediente a las que tuvo acceso Martí Noticias, las solicitudes de sanción se emitieron cerca de un año y medio después de los hechos, marcando el cierre de la etapa investigativa para dar paso a la apertura del juicio oral.
El escrito fiscal detalla que alrededor de 120 personas se congregaron en las inmediaciones de la avenida Vicente Quesada y la calle 22, donde vecinos con cacerolas, calderos y objetos metálicos reclamaron solución al colapso de los servicios básicos al grito de consignas como «queremos comida, corriente y agua».
Además, el informe sostiene que se profirieron expresiones críticas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y que algunos manifestantes arrojaron botellas y piedras contra efectivos del Ministerio del Interior (MININT), un episodio en el que no se registraron agentes lesionados pero que sirvió de base para las detenciones masivas.
Las sanciones solicitadas varían según la supuesta participación de cada acusado en los disturbios, tipificando delitos de desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia.
En ese sentido, el ciudadano Pedro Luis Zamora Isac enfrenta la pena más severa de cinco años de privación de libertad por el presunto delito de desórdenes públicos.
Asimismo, Alexander Guzmán Silva es acusado de desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir, con una solicitud fiscal de cuatro años de cárcel.
Por su parte, Ever Ernesto Pérez Aliaga afronta tres años de reclusión por los cargos de desacato y desórdenes públicos.
En tanto, Arael Rodríguez Escalante, Alejandro Vargas Ortiz, Luis Manuel Zamora Guevara, Rosa María Socarrás Moralez, Aleyda Valera Álvarez y Katia Sucel Estrada Valera son procesados por resistencia e instigación a delinquir, a la espera de las sanciones definitivas que dicte el tribunal.
Las protestas que motivaron este proceso penal estallaron en medio de una aguda emergencia humanitaria y energética que afectaba por entonces a casi la mitad de la Isla, caracterizada por apagones prolongados que superaban las 36 horas continuas en múltiples barrios de Bayamo, sumados a la escasez crítica de alimentos y agua potable.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente que la respuesta institucional ante estas expresiones de descontento popular no consiste en atender las demandas ciudadanas, sino en implementar un aparato de represión judicial destinado a criminalizar la protesta social y disuadir a la población mediante el miedo.
La utilización de figuras delictivas como el desacato y los desórdenes públicos refleja el endurecimiento del régimen cubano contra el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de manifestación, consolidando un patrón sistemático de castigo al disenso en todo el país.
