LA HABANA, Cuba, septiembre, 173.203.82.38 -“Las relaciones económicas entre las empresas, las unidades presupuestadas y las forma de gestión no estatal se refrendarán mediante contratos económicos y se exigirá por la calidad del proceso de negociación, elaboración, firma, ejecución, reclamación y control del cumplimiento de los mismos como instrumento esencial para la gestión económica”, según el Punto 10 de los Lineamientos de la Política Económica y Social, aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista.
Parece que este “buen deseo” no se cumple en ningún sentido. Los contratos que se están firmando no poseen el suficiente valor jurídico al no contener las obligaciones y responsabilidades de las Partes, ni las penalidades por incumplimiento, ni lo referente a los recursos y servicios a recibir por los productores para poder cumplir lo pactado, entre otras cuestiones, de acuerdo con lo reconocido por el periódico Granma en un artículo publicado el 10 de septiembre. En muchas ocasiones Acopio no recoge las “producciones contratadas”, y en un gran porcentaje los campesinos tampoco entregan lo pactado en los contratos dadas sus características unilaterales e imposiciones, en los cuales están predeterminados hasta los precios a pagar por los artículos entregados, por lo regular por debajo de los existentes en el mercado e insuficientes para los gastos en que incurren los productores para adquirir en el mercado libre los insumos no asegurados por el Estado. Todo ello agravado por las enormes demoras de las entidades estatales en cumplir con sus compromisos de pago a los campesinos e incluso entre ellas, lo cual se debe esencialmente a la indisciplina, insolvencia financiera y descontrol que imperan en la economía nacional.
El fracaso de las contrataciones a nadie debe sorprender. En Cuba, las ricas tradiciones comerciales, bancarias, contables, surgidas a través de siglos por la labor creadora de sucesivas generaciones fueron destruidas a partir de 1959, fomentándose un ambiente de indisciplina, indolencia e ignorancia, sobre todo lo referente a las transacciones comerciales. Quizás con la excepción de algunos dirigentes como el Dr. Carlos Rafael Rodríguez o Raúl León Torras, reinó el desconocimiento sobre el tema. Esto, unido a la autosuficiencia y arrogancia increíbles de algunas personalidades con poder ilimitado, condujo a la paulatina pérdida de todas las tradiciones en materia económica y financiera. El colmo de la catástrofe sucedió con la Ofensiva Revolucionaria de 1968, cuando se hizo añicos la base jurídica y económica de la política comercial, con la prohibición de los contratos, la eliminación de los intercambios comerciales entre entidades y la proscripción de la práctica crediticia, incluido el pago de intereses hasta en las cuentas de ahorro personal. Todas las técnicas y el sistema legal que sustentaba el comercio fueron declarados instrumentos capitalistas y por esos motivos se clausuró la Escuela de Contabilidad de la Universidad de La Habana. Por puro milagro no se llegó a la abolición del dinero como en la Kampuchea de Pol Pot, quien con su demencial extremismo llegó a dinamitar las bóvedas del Banco Nacional en Phnom Penh.
Cuando se tuvo alguna conciencia de las barbaridades cometidas y ciertos dirigentes reconocieron los errores, quizás a regañadientes, se introdujo una política de tenue rectificación, de la que Raúl Castro fue impulsor, con la colaboración especial de un estudioso de la economía, el profesor Humberto Pérez y un grupo de especialistas. Sin embargo, se basaron fundamentalmente en el modelo soviético, aderezado con algunos elementos de flexibilización como el mercado campesino, determinados permisos para el trabajo por cuenta propia y el llamado Sistema de Autogestión, que nunca se correspondió con lo que esa definición denota. De todas formas puede decirse que representó una salida de la barbarie de la Ofensiva Revolucionaria y, aunque nunca fue una solución, representó un paso de avance en aquellas circunstancias económicas tan terribles. Por supuesto, los cambios realizados mediante esas limitadas reformas nunca dejaron de tener poderosos enemigos dentro de la burocracia cubana. En 1985, las fuerzas más reaccionarias dentro del gobierno paralizaron el proceso y los modestos cambios abruptamente, con la justificación de corregir y rectificar supuestos errores.
Los daños causados a las tradiciones jurídicas, comerciales, bancarias, y otras, a pesar de los años transcurridos, no se han reparado. Es harto conocido que muchas entidades cubanas carecen de contabilidad confiable e incluso son incapaces hasta de presentar los balances financieros sobre su gestión económica, como señalaba el periódico Granma, el 11 de septiembre, sobre un grupo de Unidades Básicas de Producción Agropecuaria, que ni siquiera pudieron entregarlos al cierre de 2010. Incluso podrán restituirse las bases jurídicas del comercio, pero las tradiciones y la cultura en materia económica y financiera demorarán mucho en alcanzar niveles aceptables, tomando además en consideración las dificultades existentes para el acceso a técnicas modernas del procesamiento de la información y el progreso logrado en el mundo en la gestión económica y financiera.
Por otra parte, la dificultad mayor para que existan contratos reales es la ausencia en Cuba de sujetos económicos con la suficiente autonomía para tomar decisiones, a no ser los pequeños negocios privados permitidos, sin peso real en la economía. En la práctica los supuestos contratos fundamentalmente solo podrán contemplar las cantidades autorizadas en los planes, a precios -como señalamos anteriormente- fijados centralmente y sin control de los productores sobre los insumos necesarios para cumplir con las entregas pactadas. A todo ello se une que para dirigir las empresas y otras entidades no se buscan personas calificadas, sino ante todo militantes dóciles, aunque carezcan de suficientes conocimientos económicos para gestionar entidades que muchas veces manejan decenas de millones de pesos.
Muchos argumentos más podrían citarse para demostrar la imposibilidad de que con el actual sistema económico disfuncional pudiera existir un sano proceso de contratación en Cuba. Por ello resulta lógico y normal el fracaso que la prensa oficialista refleja en materia de contrataciones, a pesar de las directivas del sexto congreso del PCC. Resulta que la vida es más fuerte que las ingenierías sociales divorciadas de la realidad, las cuales pretenden con cambios insustanciales no cambiar nada.