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martes, 23 de septiembre 2014

Entrevistas y represión

Ciertas preguntas de algunos periodistas extranjeros a Jens Aron Modig parecen redactadas por la policía política

LA HABANA, Cuba, agosto, 173.203.82.38 -Sigue siendo noticia todo lo relacionado con el sucedido del domingo 22 de julio en las inmediaciones de la ciudad de Bayamo, en el que perdieran la vida el dirigente opositor Oswaldo Payá Sardiñas y su joven seguidor Harold Cepero Escalante. Este evento ha recibido una cobertura inusual en la prensa oficialista cubana.

Una semana después del hecho, la atención se ha enfocado en la acusación formal presentada contra el chofer del automóvil, el español Ángel Carromero, así como en la celebración de dos conferencias de prensa en las que fue figura central el líder de la juventud democristiana sueca Jens Aron Modig, quien viajaba en el mismo vehículo.

Al conductor del carro se le mantuvo de inicio “retenido” en la zona del accidente, y ahora fue instruido de cargos por un homicidio en ocasión de conducir vehículos por las vías públicas. Esa conducta está prevista en el artículo 177 del Código Penal, que contempla sanciones de uno a diez años de prisión. Este caso particular demuestra el empleo de largas penas de cárcel como instrumento predilecto en la labor de ingeniería humana que, para crear “el Hombre Nuevo”, se trazaron las autoridades castristas.

Estas últimas, cuando lo consideran pertinente, aplican castigos feroces contra toda opinión alternativa; también incrementaron las sanciones por los hurtos y robos (cuya duración multiplicaron por tres o más) y declararon delictivos actos como el sacrificio de ganado, la entrada y salida ilegal del país e incluso la mala cocción de —digamos— una pizza (sí, aunque parezca increíble, durante cierto tiempo la legislación criminal reprimió la “prestación deficiente de servicios”…).

En el caso específico de los accidentes viales, pese a tratarse, por definición, de resultados no queridos, el régimen castrista sustituyó las penas que contemplaba el Código del Tránsito de la etapa prerrevolucionaria (el cual admitía simples multas o prisión de hasta pocos días) por los castigos actuales, cuyo límite mínimo es de un año, tanto para los homicidios —según he expresado ya— como para las lesiones graves (artículo 178).

Carromero fue trasladado ahora a La Habana, donde se encuentra privado de libertad en las tenebrosas celdas tapiadas del tristemente célebre Departamento Nacional de Investigaciones, en Calle 100 y Calzada de Aldabó. Conozco bien ese centro, en el que, para mi desgracia, he estado “hospedado” más de una vez debido a mi actividad contestataria.

Aunque es posible que el joven español, gracias a su condición de extranjero y al interés mediático suscitado por los hechos, reciba allí un tratamiento menos severo, debo decir que, al calificar los calabozos de ese antro como tenebrosos, estoy sólo describiéndolos con toda objetividad. Una de las características de ese sitio es que los reclusos son mantenidos de manera constante en absoluta oscuridad, excepto cuando se les suministran alimentos.

Conviene aclarar que lo habitual es que los acusados sean conducidos a ese lugar cuando el oficial instructor desea esclarecer aspectos importantes del caso; en particular, cuando su objetivo es lograr que un implicado “confiese”. La prolongación del cruel encierro durante semanas y aun meses, sin perspectiva alguna de su cese, combinada con los constantes interrogatorios y el empleo de otros “métodos investigativos”, suele bastar para que hasta el más recalcitrante acepte todas las imputaciones.

Pero en el expediente incoado por las muertes de Payá y Cepero surgen preguntas razonables: Si es cierta la versión oficial del accidente de tránsito, y si no hay duda alguna de que quien conducía el automóvil era Carromero (que, por esa misma circunstancia, sería el único posible responsable), ¿entonces qué necesidad había de encerrarlo en ese antro de suplicio? ¿Para esclarecer qué aspecto del supuesto delito culposo por él cometido!

El caso de Modig es aún más escandaloso: viajaba en el vehículo como simple pasajero, por lo que se trata de un mero testigo o —mejor— una víctima, ya que sufrió lesiones leves. En vista de ello, ¿por qué se le “retuvo” también a él! Es evidente que su participación en las conferencias de prensa se produjo bajo presión de las autoridades. Incluso el carácter consecutivo de esos eventos informativos (primero, ante los comunicadores oficialistas; y sólo después, si “se portaba bien”, ante los extranjeros) revela manipulación grosera.

Las entrevistas son dignas de verse. Ciertas preguntas de colegas oficialistas y aun de algunos representantes de la prensa foránea no hubieran sido desdeñadas por el más inquisitorial investigador de la policía política. En el editorial del 31 de julio del Granma, la irascible jefatura castrista califica de “calumniadores” a políticos respetables que se limitaron a pedir “una investigación transparente”. En este enrarecido contexto, veremos qué le depara el destino al desventurado Carromero.

Acerca del Autor

René Gómez Manzano
René Gómez Manzano

(La Habana, 1943). Graduado en Derecho (Moscú y La Habana). Abogado de bufetes colectivos y del Tribunal Supremo. Presidente de la Corriente Agramontista. Coordinador de Concilio Cubano. Miembro del Grupo de los Cuatro. Preso de conciencia (1997-2000 y 2005-2007). Dirigente de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil. Ha recibido premios de la SIP, Concilio Cubano, la Fundación HispanoCubana y la Asociación de Abogados Norteamericanos (ABA), así como el Premio Ludovic Trarieux.

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