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LA HABANA, Cuba.- Las lagunas jurídicas de la legislación cubana, respecto a la violencia de género, fue el tema principal del debate realizado por un grupo de activistas en la Casa Comunitaria de Jesús María, ubicada en el Callejón del Suspiro de la Habana Vieja. Al encuentro acudieron lideresas de proyectos defensores de la mujer, activistas contra la discriminación racial y víctimas de la violencia de género. La cita, llevada a cabo en el contexto del día señalado para la eliminación de la violencia contra la mujer, se realizó al borde de operativos policiales contra mujeres periodistas y miembros de la sociedad civil, defensoras de los derechos femeninos. La abogada Dayni Terry Abreu, presidente de la Alianza Unidad Racial y artífice de la convocatoria, inició el debate exponiendo la significación del día de la eliminación de la violencia de género contra las niñas y las mujeres, establecida por Naciones Unidas. La penalista abordó las principales señales de violencia contra las féminas cubanas. “En nuestro país hay una considerable expresión de control económico sobre la mujer. La violencia patrimonial o económica es un tipo de violencia sutil que pasa por alto para los cubanos, y es que la dependencia económica puede convertir a la mujer en víctima de violencia”. Abreu explicó que el retraso en la aceptación en la Isla de la violencia de género contra la mujer sumerge a la víctima en una victimización secundaria, que es cuando la mujer busca ayuda en las autoridades y no la recibe. “Entonces vuelve a ser victimizada, ya sea por estar en la estación policial al lado del agresor, o en el mismo banco en espera de ser atendida por las autoridades”, expresó la abogada. Como sucede con el suicidio en Cuba, que oculta cifras de autoagresiones infringidas por suicidas en las estadísticas de las consultas de cirugía, la violencia contra la mujer también queda escondida. En numerosas ocasiones el crimen pasional queda resuelto por delitos que preservan la integridad física de las personas, sin develarse el motivo de la agresión. Al respecto, el abogado Jorge Luis Casas, miembro de la Alianza Unidad Racial, explicó que el Código Penal cubano ofrece una respuesta enmascarada de la violencia contra la mujer. “Están los delitos contra los derechos patrimoniales que defienden y protegen la vivienda y las propiedades; o los que protegen a las personas, pero cuando se llega al Tribunal, cuál es la motivación del delito”. El abogado significó que los registros de casos resueltos ocultan las causas pasionales que generan desde lesiones, hasta el feminicidio. “Todo queda enmarcado como un delito que sanciona al que mate a otro. El problema se oculta a través de una conducta tipificada (…) El Código Penal protege la vida, pero no visibiliza el tema de la violencia contra la mujer”. En el encuentro se narraron varios ejemplos de feminicidio con antecedentes de maltrato doméstico denunciados en la policía. Los activistas reunidos coincidieron en la necesidad de un plan de acción nacional que detenga el crimen contra la mujer, así como la necesidad de publicar cifras que ofrezcan la magnitud del problema. Según datos del Centro Oscar Arnulfo Romero (COAR), en el 2019 se registra un 0.9 por cada 100 mujeres, pero el esfuerzo del centro por expresar los crímenes contra la mujer en números se queda en el acercamiento al problema. El informe ofrecido por las autoridades en el 2019 está basado en informaciones del 2016; los datos ofrecidos revelan un promedio de 50 mujeres asesinadas por año, lo que contrasta con los nombres registrados en proyectos independientes, que tampoco aparecen en la base de datos del Centro Oscar Arnulfo Romero. Al respecto, Terry Abreu expresó que desde la observación que lleva a cabo su proyecto, no existen registros confiables. “Las cifras que tenemos nos alejan de la realidad (…) Hay muchos casos que no están registrados por la COAR. Hemos atendido a mujeres en nuestro proyecto que no están en ninguna lista”. Lidia Romero Moreno, miembro de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, señaló al Estado como el principal responsable en la lucha contra la violencia de género. “Desde las acciones ciudadanas nosotros podemos hacer muchas cosas, pero el Estado tiene que actuar con la debida diligencia, como tener una Ley Integral de Protección Contra la Violencia de Género, acompañada con reformas en la legislación”. La semana pasada un grupo de 40 mujeres solicitaron al régimen cubano la aprobación de una Ley Integral contra la violencia de género, que mantiene la esperanza de apoyar la lucha de los activistas. La Ley de protección contra la mujer sería un comienzo que podría no ser efectivo a corto plazo, pero si el Estado no establece la añorada política nacional contra la discriminación de la mujer, será difícil cambiar la subjetividad enraizada en una sociedad donde se niega a reconocer la gravedad de la violencia de género contra las niñas y las mujeres cubanas. Recibe la información de Cubanet en tu teléfono a través de Telegram o WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 498 0236 y suscríbete a nuestro Boletín dando click aquí.

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