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ARTEMISA, Cuba.- Pepe (prefirió ser llamado así por temor a represalias) lleva más de 6 años como cuentapropista, labor que ejerce bajo la patente de Modista-Sastre en el municipio Bahía Honda, provincia Artemisa. Comenzó vendiendo productos importados desde Haití, pero desde que prohibieron la venta de ese tipo de efectos a finales del 2012, tuvo que venderlos clandestinamente en su casa. Desde entonces relata que no han cesado los decomisos y las multas, por llevar este tipo de negocio tachado de “ilegal” y que cada vez es más perseguido por las autoridades cubanas, que declaran tolerancia cero contra los pequeños emprendedores. “Nadie quiere ropa hecha, por muy barata que se venda y los impuestos hay que pagarlos, pero si no tengo ventas, ¿de dónde saco el dinero?” se pregunta. “Es mucha la paranoia de este gobierno con los cuentapropistas, un día te da ventajas y al otro te las quitan”, comentó. El trabajo privado (por cuenta propia) volvió a ser permitido en Cuba a partir de 1993, luego de estar prohibido durante más de un cuarto de siglo. Debido a las altas cifras de desempleo y a que el sector estatal no podía cubrir muchas de las necesidades de la población, se comenzó a flexibilizar la práctica, sin faltar las estrictas regulaciones. Muy pocos en Cuba contaban con los recursos necesarios para iniciar un negocio privado. En el año 2010, hubo nuevas reformas por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Finanzas y Precios, y así, se comenzó a incrementar el trabajo privado en el país. Los trabajadores por cuenta propia tienen que pagar a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) impuestos sobre los ingresos personales, las ventas y servicios, la utilización de fuerza de trabajo, contribución a la Seguridad Social y tasas por propaganda y localización de anuncios comerciales, entre otras disposiciones tributarias, que son calificadas por muchos como excesivas e irracionales. Desde agosto de 2017 se mantiene suspendida -casi en su totalidad- la concesión de nuevas licencias, autorizaciones de licencias a los emprendedores cubanos, a causa de un reordenamiento y perfeccionamiento, que según las autoridades, se hizo necesario por la corrupción e inestabilidad existente en el sector privado. De acuerdo a la Gaceta Oficial Extraordinaria No.31, se suspendieron de manera definitiva las actividades de vendedor mayorista y minorista de productos agropecuarios, comprador y vendedor de discos, operador de equipos de recreación rústicos, entre otros. Solo permanecen habilitadas por el momento las licencias de vendedor de útiles del hogar, cuidador de ancianos, entre otras de carácter menor. De las 201 actividades permitidas al inicio, 27 fueron eliminadas. Según medios oficialistas, el otorgamiento de licencias se restablecerá a finales de este año, aunque solo se permitirá una patente por persona. A pesar del cese temporal en la concesión de licencias, muchos han continuado sus negocios de forma ilegal. “No voy a dejar de ganar el sustento de mi familia, cuando vuelvan a dar las patentes la saco, pero mientras continúo con mi negocio”, aseguró un vendedor de productos cárnicos. Desde hace varios meses en el municipio de Bahía Honda, se efectúa la Operación Rastrillo contra los negocios privados. Policías uniformados irrumpen en las casas, registran y se llevan todo lo que a su presunción sea obtenido de forma ilegal. Para los cuentapropistas obtener sus productos o la materia prima necesaria para sus actividades comerciales, es un dolor de cabeza. Al no contar con tiendas donde puedan comprar con precios diferenciados y al por mayor de forma legal, se ven obligados a recurrir a las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) o mercados estatales, donde aunque pueden presentar su documentación como cuentapropistas, tienen que comprar la mercancía al mismo precio que los demás clientes. Debido a esto, muchos empleados de tiendas, cafeterías y otros centros estales, entren rejuegos con los cuentapropistas. Les venden la mercancía furtivamente, por lo que muchas veces estos productos no cuentan con la documentación del lugar donde fueron adquiridos. Vendedores de ropa industrial o útiles del hogar, propietarios de cafeterías y restaurantes o simplemente elaboradores de alimentos, son los más afectados por la Operación Rastrillo, la cual pretende mermar a los pequeños propietarios, confiscándoles equipos, productos y ganancias en efectivo, acusándolos de estar dedicados a actividades ilícitas. “Cuando llegan no se van con las manos vacías, aun cuando todo esté en regla, te quitan todo lo que quieran y se van como si nada”, lamentó Ovidio Chávez, quien tiene una cafetería en el Reparto Nuevo, Bahía Honda. A los vendedores de ropa industrial o importada, por ser considerada ilegal esa actividad, les quitan todas sus mercancías, además de todo el dinero que tengan en el momento del registro a sus viviendas, y no tienen derecho a reclamar. Marina Rodríguez, que ejerce bajo la patente de modista-sastre, dijo a Cubanet que registraron su casa hace un mes. “La policía se llevó casi 2 000.00 CUC en mercancías y 900 en efectivo. Además me pusieron una multa por actividad económica ilícita de 1500 pesos cuando regresé de mi segundo viaje a Guyana”. “En vez de estar persiguiendo lo que sí es ilícito y perjudicial para la sociedad, se ponen a quitarnos lo poco que tenemos. Nos limitan porque representamos una fuerte competencia para las tiendas estatales, que no ofrecen buen servicio, ni tienen variedad entre sus productos. Pero en este país, dime qué no puedo hacer y te diré como lo hago”, comentó burlona. “Es que en Cuba no se vive, se sobrevive”. Mientras muchos aguardan el restablecimiento de las patentes para iniciar un negocio, otros, de modo clandestino, siguen con los suyos. Como en el municipio Bahía Honda, miles de cubanos en todo el país continúan la dura batalla contra un sistema asfixiante, que les imposibilita mejorar sus economías.

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Sector privado asfixiado por registros, decomisos y multas