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LA HABANA, Cuba, febrero (173.203.82.38) - Mientras en el mundo, el desempleo se convierte en uno de los efectos más indeseables de la crisis financiera, los cubanos se niegan a trabajar. Papá Estado no aguanta más la situación. Necesita que sus gobernados aprendan a buscarse el sustento, solos. Sin embargo, nuestra realidad muestra otra cosa. Están los que trabajan para el Estado y los que viven del invento. En esta última categoría se incluyen los vendedores ambulantes, los trabajadores por cuenta propia autorizados y los no autorizados, etc. Sin embargo, los medios oficiales los catalogan de vagos, que esperan con la boca abierta el maná que da el gobierno. La situación se lee así: la mayoría de los cubanos se niega a trabajar para el dueño de los bienes comunes y su administrador absoluto. El único empleador legal, con la facultad de establecer las condiciones de trabajo, las remuneraciones, y todas las cuestiones vinculadas a la actividad laboral dentro del país. En las calles, miles de jóvenes desocupados, abiertamente expresan su negativa a trabajar para el Estado. Las razones son múltiples, pero pueden concretarse en dos. Los salarios, en moneda nacional (MN), son muy bajos. Los precios de los productos de primera necesidad, altos y en moneda libremente convertibles. Analicemos la magnitud del problema: la economía en banca rota, no tenemos producción y somos incapaces de autoabastecernos. Hay 12 millones de personas y 4 millones 900 mil son trabajadores. Las soluciones parecen simples: aumentar los salarios e incentivar las actividades económicas individuales de los ciudadanos para motivarlos. Ese sería el razonamiento de quien piensa atenido a la lógica, pero Cuba es un país al revés. Para reducir las ilegalidades, el gobierno despliega operativos policiales a la caza de vendedores ambulantes, y de cualquiera que transporte un paquete. Para aumentar su fuerza de trabajo, incrementa la edad de la jubilación, y aplica hasta 4 años de prisión por peligrosidad social, tanto al que roba en el trabajo, como a los que intentan sobrevivir por cuenta propia. Castigos para todos los que roban a Papá y gozan de los subsidios estatales, de salud y educación gratuitas, cuando se necesitan brazos para la construcción y la agricultura. No importa que aun no hayan cometido un delito; son proclives a cometerlos, y por tanto, se les castiga con trabajo correccional, con o sin internamiento. De paso se aumenta la fuerza de trabajo. No es simplemente negarse a trabajar. Un sencillo cálculo matemático explica el problema. ¿Es negocio invertir 8 horas del día trabajando por 13 pesos MN, cuando en casa se gastan a diario más de 30? Esto conlleva otro problema: el de las ilegalidades. El bajo poder adquisitivo de las familias, sumado a la incapacidad del gobierno para solventar las necesidades sociales, las obliga a vivir al margen de la ley. Los que trabajan le roban al Estado y desvían los recursos al mercado negro. Los que no, trafican con los bienes sustraídos por los primeros. Las consecuencias llegan a extremos. El pasado 11 de enero, mientras un frio intenso azotaba La Habana, murieron veintiséis enfermos del hospital siquiátrico Mazorra. Los empleados del centro se robaban la comida y la ropa de los pacientes. “El maltrato es consecuencia de formar profesionales emergentes, la vocación no se hace, nace. Del robo ni hablar, es una situación generalizada” -comenta Julia Martín, una maestra retirada de 69 años. Al preguntarle si haría lo mismo, respondió: “Si la necesidad me obliga, no tendría más remedio ¿Puede juzgarse a una madre o un padre por querer darle un vaso de leche en la mañana a su hijo o intentar reponerle los zapatos rotos de tanto ir a la escuela? No importa a quién se afecte: un niño, un anciano o un incapacitado. Hay que sobrevivir. La única vía es robarle al dueño de todo, el Estado. No obstante, la Constitución de la República reconoce al pueblo como titular de la propiedad socialista, en cuyo caso sería una autoincriminación. Sin embargo, el contexto es otro. ¿Cómo pueden los cubanos sentirse dueños de lo que no pueden disponer? ¿Acaso alguien les consulta cuando solidariamente se donan recursos comunes, mientras la mayoría de la población vive al límite de la pobreza? La actitud de los trabajadores del hospital siquiátrico de la Habana, que robaron lo destinado a los pacientes, no puede justificarse. Sin embargo, los cubanos no se atreven a sentenciarlos, mucho menos cuando la mayoría se ve obligada a hacer lo mismo. El hecho es un ejemplo más de cómo la sociedad cubana está tocando fondo, y adonde llegó el sistema económico socialista.

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