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PUERTO PADRE, Las Tunas.- “¡Me matan, tienen que matarme, yo no hago fuerza, pero de aquí yo no salgo! ¡Hasta el Papa se entera de esto!” dice Nivardo Jacinto Hernández Cutiño, esperando que, de un momento a otro, funcionarios de Vivienda asistidos por la policía vengan a desalojarlos de su casa, publicamos en CubaNet en julio de 2018, en el reportaje Cuando la injusticia brota más que una cascada, en el que expresamos: “La Cascada era un restaurante bar de éxito. Comida criolla e internacional, decía la promoción. Pero ahora la puerta del restaurante está cerrada y el anuncio lumínico en el piso. El mismo día de la operación punitiva, sería anunciado el fallo del Tribunal: “Ese muñeco está armado”, dijo un policía a Maite, empleada de La Cascada, aludiendo la confiscación de la vivienda. Y la semana pasada, el desamparo legal que todavía hoy sufre esa familia expropiada extrajudicialmente como resultado de un proceso penal obscuro, pudo llevarla a decisiones autodestructivas cuando les fue anunciado el desalojo administrativo irrevocable, sin apelación judicial. “Desestimándose los testigos de la defensa pues los mismos tienen vínculos afectivos con la imputada…”, Nelsa Lucía Rodríguez Ávila, entonces con 68 años de edad, maestra jubilada y licenciada en Educación, fue encontrada culpable de proxenetismo y trata de personas y sancionada a “tres años de privación de libertad subsidiados por limitación de libertad” (reclusión domiciliaria), dice la sentencia No. 208/2017 del Tribunal Provincial de Las Tunas. El 16 de marzo de 2017, casi dos meses antes de pronunciarse el Tribunal el 2 de junio del propio año, y, sin juzgarse judicialmente si procedía o no la sanción accesoria de confiscación de bienes, al tenor de un decreto del difunto Fidel Castro y a solicitud policial, el director provincial de la Vivienda en Las Tunas, “confiscó a favor del Estado cubano” la vivienda de Nelsa Lucía Rodríguez Ávila, declarándola “ocupante ilegal” a ella y a sus convivientes. Resolución ratificada por el ministro de la Construcción, juez supremo en materia de la Vivienda en Cuba, sin apreciar que, ni la hija de Nelsa Lucía, Zoila Aida Pla Rodríguez ni su esposo, Nivardo Jacinto Hernández Cutiño, son convivientes de la acusada por encontrarse en posesión de su propia casa, construida legalmente, a partir de una ampliación y remodelación de la vivienda de Nelsa Lucía Rodríguez Ávila, a quien ya con los documentos en la Notaría, la policía impidió transferir esa parte de la propiedad a su hija y a su yerno. Desde el año pasado el Tribunal Supremo conoce de un procedimiento de revisión en materia penal en el que, por los nuevos elementos aportados, Nelsa Lucía Rodríguez Ávila pudiera ser declarada inocente de proxenetismo y trata de personas, y, desestimada esa imputación, calificada acaso como actividad económica ilícita por no cumplir con los reglamentos, entonces no procedería la confiscación de su propiedad. Con una conducta moral intachable, contra Nelsa Lucía no existen más pruebas que las de alquilar una habitación sin registrar tres clientes en el libro de huéspedes. Pero al día de hoy, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado en el procedimiento de revisión de la sentencia condenatoria de Nelsa Lucía. Quien sí se ha pronunciado es el gobierno de Puerto Padre. “Usted se imagina, quitarnos nuestra casa, el restaurant, todo lo que construimos con licencia de obra y todos los papeles… ¡Es el colmo de la corrupción en Cuba! Cómo va a haber inversión extranjera en este país… Con qué confianza quieren que los cubanos-americanos vengan a invertir en Cuba… Si yo me repatrié, vine de Estados Unidos, amplié la casa de mi suegra, legalmente, levanté un restaurant con mis ahorros, se fueron todos, hasta cien mil pesos que me dio de crédito el Banco (Popular de Ahorro) y que ahora debo. ¡Y el banco no le presta 100 mil pesos a cualquiera! Todo legal, y nos quitan la casa, sin comerla ni beberla, porque ni mi mujer ni yo hemos cometido ningún delito”, dice Nivardo, luego de su entrevista con el presidente del gobierno municipal de Puerto Padre, Roberto Cabrera Sao, el pasado viernes. “Sabe lo que me dijo… (el presidente del gobierno) Que si nosotros no salíamos iban a ir con la policía para sacarnos de la casa. Oiga, a mi suegra la han vuelto loca. Está con tratamiento psiquiátrico. Yo le dije al presidente del gobierno que si él había construido alguna vez, y me dijo que no, que a él no le hacía falta nada, que él no necesitaba nada porque su padre vivía en los Estados Unidos, entonces yo le digo, ah, sí, pero estas manos mías se pasaron siete años construyendo, mi esposa y yo, para poder tener lo que tenemos, para que venga nadie a quitárnoslo, pero él dijo que no, que nos iban a sacar de ahí. Es un interés de ellos, pero está oscuro, está muy oscuro, que después de decirnos que nadie nos iba a molestar, de momento venir a atacarte”, dijo Nivardo este viernes, como en un soliloquio, para luego exclamar: “¡Usted se imagina que el presidente de la Asamblea del Poder Popular de este pueblo me diga a mí, así, en mi cara, que él aquí no necesita nada porque su padre vive en los Estados Unidos…! ¡Que me lo diga a mí, al que tienen planeado quitárselo todo!” Asesorado por abogados, Zoila Aida Pla Rodríguez y su esposo Nivardo Jacinto Hernández Cutiño, poco después del mediodía del viernes pasado, amparados en el artículo 200 inciso b) de la Constitución de la República, entregaron un escrito de queja y petición al presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Puerto Padre, Roberto Cabrera Sao. El escrito presentado pide que “se haga justicia” basado en siete pruebas documentales públicas, asentadas en los registros de instituciones municipales, que prueban la posesión legítima, pública y pacífica de Nivardo Jacinto y Zoila Aida de su vivienda y del bar-restaurant La Cascada. El presidente del gobierno Roberto Cabrera Sao, dijeron los peticionarios, prometió investigarlo todo “personalmente”. Y facultades tiene para que “se haga justicia”. Según el artículo 188 de la Constitución, “el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular representa al Estado en su demarcación”. Mientras, haciendo que la injusticia todavía brote más sobre La Cascada, ojalá que una de estas madrugadas de sábado, para que al día siguiente no haya mucha algarabía, funcionarios de la dirección de la Vivienda apoyados por policías, no violenten puertas y ventanas estatizando otra casa cubana. Otra más. 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