MIAMI, Estados Unidos.- La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó que el texto de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, “es contundente en condenar las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades venezolanas en los últimos años”.
“El gobierno de Nicolás Maduro no puede esconder las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han cometido bajo su mando, afectando gravemente a la mayoría de las personas en el país y obligando a millones a huir en busca de protección”, señaló Guevara Rosas.
La directora aseguró además que “el informe precisa la condena contra la política de represión emprendida por fuerzas de seguridad, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones por motivos políticos y la tortura, así como las graves violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales que se traducen en la negación generalizada de servicios de salud, falta de alimentos y medicinas, resultado de años de corrupción, desvío de recursos, la falta de mantenimiento en infraestructuras y la subinversión de recursos públicos”.
En la misma línea que el documento de la ONU, la representante de Amnistía Internacional afirmó que el régimen de Maduro “debe tomar medidas inmediatas para detener las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se siguen cometiendo en el país”.
Y reiteró la “recomendación de que se establezca sin demora una Comisión de Investigación bajo la supervisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de investigar imparcialmente las graves violaciones de derechos humanos que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad”.
En su informe, Michelle Bachelet subrayó que “los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios”.
“El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política”, señaló en su discurso de presentación del documento en Ginebra.
El lapidario informe acusa al régimen de Maduro de “graves vulneraciones de derechos”, y documenta, entre otros graves hechos, más de 6 800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Estos delitos “deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición”, afirmó la alta comisionada.
Bachelet también denunció las repetidas informaciones recibidas sobre torturas durante detenciones arbitrarias, y en este sentido recordó la reciente muerte del ex oficial de Marina Rafael Acosta cuando se encontraba bajo custodia, un caso que pidió sea investigado de forma imparcial y transparente.
