LA HABANA, Cuba. – El proyecto Demo Amlat desarrolló el pasado 20 de septiembre un Twitter Space para debatir con activistas cubanos el contenido de la versión 22 del anteproyecto del Código de las Familias, publicado por el Ministerio de Justicia de Cuba (MINJUS) el pasado 15 de septiembre.
Entre los expositores invitados por Demo Amlat figuraron la crítica de teatro y activista Yasmín Portales Machado, residente en Estados Unidos. Desde la Isla, se unió la periodista independiente María Matienzo Puerto. Los activistas LGBTIQ Raúl Soublet López y Ulises Padrón Suárez no pudieron participar por problemas de conexión.
Una de las peticiones históricas de la comunidad LGBTIQ cubana ha sido la redacción de un nuevo e inclusivo Código de las Familias que actualice lo establecido por la Ley No. 1289 de 14 de febrero de 1975 (Código de Familia vigente).
Desde el 16 de julio de 2019, el régimen cubano constituyó un Grupo de Trabajo Temporal para elaborar las propuestas para el proyecto. El 22 de marzo de 2021 el Consejo de Estado aprobó la Comisión encargada de la elaboración del proyecto del Código de las Familias, la cual está integrada por diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular y representantes de instituciones gubernamentales y organizaciones también controladas por el Gobierno.
Tras darse a conocer recientemente la versión 22 del anteproyecto del Código, varios activistas han señalado que es “completa” en su concepción, aunque posee ciertas carencias. Al respecto, Portales Machado opinó: “Me parece extremadamente positiva la amplitud con que el Código trabaja en reconocer la diversidad familiar, la insistencia en la protección de los derechos de la infancia y del bienestar superior de niños, niñas y adolescentes y también de personas de la tercera edad o con discapacidad”.
“El [anteproyecto de] Código es avanzado, reconoce una serie de derechos y establece unos marcos legales bien adelantados y lo suficientemente amplios y flexibles (…). No solo se esfuerza en su amplitud, sino que se construye desde unos supuestos que buscan la flexibilidad, que la ley pueda seguir adaptándose según criterios de dignidad, respeto, bienestar superior de la infancia y realidad”, acotó la activista.
No obstante, Portales Machado también criticó la falta de referencias a los derechos de las personas trans en el anteproyecto. “De nuevo han sido completamente desaparecidas. Aunque he visto varios argumentos de que están de manera implícita, no me parece suficiente”, señaló.
El matrimonio igualitario, uno de los temas que recoge el Código ha sido el foco de atención donde se han puesto todas las miradas de defensores y detractores. Para Matienzo Puerto, centrarse en un solo elemento es una concepción errada:
“Creo que se ha mal enfocado la discusión sobre el Código de las Familias y solamente se está viendo desde la perspectiva de la unión de dos personas del mismo sexo. En el Código de las Familias hay otra serie de derechos y deberes que tienen las familias cubanas que se están sometiendo a plebiscito”, como el matrimonio infantil y la reproducción independiente, apuntó.
Ante la pregunta del moderador sobre la conformación de la Comisión redactora, que no contó con miembros de la sociedad civil independiente ni activistas LGBTIQ, Portales Machado dijo:
“La comisión redactora del Código de las Familias fue constituida de la misma manera en que el Gobierno cubano constituye todas las comisiones redactoras: a través de la selección de personas del Parlamento, con conocimiento especializado, de distintas entidades gubernamentales”.
“Más allá de lo que yo considero legítimas y pertinentes demandas del activismo y de la sociedad civil cubana para participar de manera activa en la creación del Código, el hecho de que nos hubiesen incluido en esa confección habría significado un cambio tan drástico en la manera en la que se hace la política en Cuba que no estaríamos hablando del Código de las Familias sino de esa incorporación. Me parece que es una carencia del sistema cubano”, concluyó.
En 2022, el Gobierno cubano llevará a plebiscito el Código, una decisión controversial rechazada por varios sectores de la sociedad independiente cubana. Tras la aprobación de la versión 22 del anteproyecto, el MINJUS habilitó el correo electrónico [email protected] para que la población pueda hacer llegar sus sugerencias o inconformidades con el documento.
Con los aportes de la ciudadanía se elaborará otra versión que será sometida a aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en diciembre de 2021. Finalmente, el resultado será sometido a consulta popular y referéndum en 2022.
Los medios oficiales cubanos han desplegado una campaña que apunta a la voluntad política del Gobierno para aprobar el Código. Sobre ello, Portales Machado estima: “Es una hermosa y terrible operación de pinkwashing: borrar de los titulares los problemas de economía, el desastre de la pandemia, los problemas de gobernabilidad que venían revelándose desde el 27 de noviembre y que estallaron el 11 de julio, con el debate de este proyecto tan avanzado, tan diverso que reconoce los derechos de las mujeres a hacer con su útero lo que quieran, que le da la posibilidad a las personas solteras de adoptar, etc”.
El Código no es un regalo para la comunidad LGBTQ de Cuba, sino una renovación del marco legal para todas las personas (…). El impacto que podrían tener estas nuevas normas va más allá de lo que considero el derecho irrenunciable de la gente a casarse con quien quiera”, explica.
Por otro lado, Matienzo Puerto aludió al proceso de discusión pública del anteproyecto en las comunidades cubanas.
“Las personas pueden hablar en cualquier espacio, la cuestión es a dónde llegan sus cuestionamientos. Muchas veces no van a parar a ninguna parte. Dos antecedentes importantes son la consulta popular del anteproyecto de Constitución (…) y la reforma de la jubilación [Código de Trabajo] donde no se tomaron en cuenta los criterios de las mujeres cubanas para establecer una edad de jubilación de 60 años para ellas”.
“Corremos el riesgo de que suceda igual con esta nueva puesta en escena”, lamentó.
Para Matienzo Puerto, los grupos conservadores que se han opuesto a reconocer los derechos de la comunidad LGBTIQ pujan en la lucha del poder interno que se despliega en la Isla.
“Estos grupos sí tienen influencia porque en Cuba el derecho a la manifestación no existe. Sin embargo, cuando se habló del artículo 68 estos grupos sí salían a manifestarse en plazas públicas y nadie los reprimía. Es una lucha de poder donde quedamos excluidos la gran mayoría”, mencionó la reportera de CubaNet.
Ahora, “de aquí a diciembre lo que se impone desde el activismo es echar la batalla en términos comunicacionales para lograr que el Código se enriquezca y no pierda en el proceso de consulta popular”, señaló.
“No hay un marco legal que comprometa al gobierno, primero a ser transparente con las opiniones emitidas, y segundo, a tenerlas en cuenta. (…) Tenemos que convencer a las personas de que esto no es un asunto de la comunidad LGBTIQ. Esto es un asunto de muchos y va a beneficiar a un montón de personas”, concluyó.
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