LIMA, Perú — El régimen cubano aprobó un nuevo mecanismo que permitirá retirar directamente fondos de las cuentas bancarias de personas y entidades con obligaciones fiscales pendientes, una medida que forma parte del endurecimiento de los controles sobre los contribuyentes en medio de la crisis económica que atraviesa el país.
La disposición quedó recogida en la Resolución 126/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial No. 53 y divulgada por medios estatales. La norma comenzará a aplicarse dentro de 30 días y, según las autoridades, tiene como propósito reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y asegurar ingresos para el Presupuesto del Estado.
La nueva regulación faculta a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) a ordenar a las entidades bancarias el cobro de las cantidades adeudadas sin requerir la autorización del titular de la cuenta, siempre que la deuda haya sido previamente determinada y notificada y que el obligado no la haya saldado ni presentado recursos o solicitudes de aplazamiento.
Según el texto oficial, la medida abarcará tanto a personas naturales como jurídicas, incluidas entidades estatales y privadas. Asimismo, podrá aplicarse incluso a individuos que no tengan la condición formal de contribuyentes, siempre que la ONAT los reconozca como responsables de obligaciones fiscales pendientes.
Asimismo, en los casos en que la Administración Tributaria considere que una persona incurrió en subdeclaración de ingresos o evasión fiscal, el procedimiento podrá extenderse a sus cuentas bancarias personales.
La normativa también establece que, si el dinero disponible no resulta suficiente para cubrir la totalidad de la deuda, las entidades financieras efectuarán retiros parciales hasta completar el importe reclamado.
El régimen sostiene que el mecanismo busca fortalecer la disciplina tributaria. La resolución señala que la medida pretende “garantizar recursos para el Presupuesto del Estado” y contribuir al cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La decisión se produce en un contexto marcado por el incremento de las presiones sobre el sector privado y por las dificultades financieras que enfrentan miles de trabajadores por cuenta propia, micro, pequeñas y medianas empresas y otros actores económicos.
La nueva disposición añade un elemento adicional de incertidumbre para numerosos emprendedores y ciudadanos, que enfrentan una profunda crisis económica caracterizada por la inflación, la escasez de productos básicos y la disminución del poder adquisitivo, mientras el régimen intensifica sus mecanismos de control y captación de recursos.
