Gustavo Pardo Valdés

LA HABANA, Cuba, noviembre (www.cubanet.org) - Tras cincuenta y un años de procurar “la nueva sociedad”; el régimen de los hermanos Castro se ve en la necesidad de hallar nuevos derroteros por donde guiar la escorada nave de la revolución, tratando de preservar lo que se pueda del modelo socio-castrista.

Desde sus inicios, el régimen procuró poner bajo su control la mayor parte de la economía del país, proyecto que culminó con la ofensiva revolucionaria del año 1968 y las cíclicas “rectificaciones de errores”, tendientes a terminar con la iniciativa privada que aun subsistía.

Al lograr el control de la producción de bienes y servicios, el Gobierno se fue el mayor empleador de la fuerza laboral del país; lo cual convirtió a los trabajadores en subordinados de los interese estatales.

En cada centro de trabajo fueron establecidos núcleos del PCC y la UJC, destinados a garantizar el control político-administrativo en cada uno de ellos; contribuyendo así a eliminar la independencia del movimiento laboral.

Las nóminas de trabajadores fueron infladas para brindar al mundo la imagen de un país libre de desempleo; a lo que se sumaba la salud, la educación y el deporte, para completar el cuadro de logros del paraíso socialista cubano. Los costos que implicaba esta enajenación fueron llevando al país al estado actual de insostenibilidad económica.

Tras la enfermedad de Fidel Castro, el sucesor, su hermano Raúl, proclamó la necesidad de emprender cambios estructurales, considerándose este anuncio el inicio de un proceso de reformas económicas destinadas a aliviar la crítica situación existente en el país. No obstante, pasaron los años, y todo seguía igual.

Los cambios de rostros se sucedían en las altas esferas; la población percibía que su situación económica se agravaba; menos productos, mayores precios y peor calidad. Los analistas de la situación cubana coincidían en que era urgente la implementación de cambios; e intuían que algo estaba por suceder.

Recientemente, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), anunció un plan de medidas que se pondrá en marcha a partir del primer trimestre de 2011, que dejará en la calle a más de medio millón de trabajadores. Por fin, Fidel Castro ha manifestado su acuerdo con estos cambios, abriendo el camino hacia lo desconocido.

Considerando que una familia cubana promedio la componen cinco personas, la cifre de afectados podrá alcanzar a dos millones de individuos; situación que el gobierno pretende solventar liberando el trabajo por cuenta propia. La cuestión es: ¿de dónde los cubanos sacarán los recursos para adquirir los productos que estos negocios pondrán al alcance de la población? La respuesta es obvia: mayor corrupción, delincuencia e inestabilidad social generalizada.

La percepción popular es que estas medidas han llegado demasiado tarde y se vislumbra para Cuba, un futuro negro.