José Hugo Fernández

LA HABANA, Cuba, marzo (www.cubanet.org) - Por lo que parece, a ciertos corresponsales de agencias noticiosas extranjeras que reportan desde La Habana, les da lo mismo verlas que revolverlas. Menos escarbar en las honduras de nuestra tragedia, que es donde verdaderamente radica la sustancia informativa, cualquier paripé les viene bien para salir del paso. 

Ya sabemos, porque ha sido abundantemente comentado, a lo que se exponen cuando intentan realizar su labor como deben. Sin embargo, hay profesiones (todas, pero unas más que otras, por su incidencia pública) en las que el ejercicio de la escrupulosidad no admite disyuntivas. O se hace lo debido, a cuenta y riesgo, o se hace el ridículo, con todo y las consecuencias que ello implica. 

En días atrás un reportaje de la agencia Reuters, rubricado en la Isla, se refería a un supuestamente nuevo experimento del régimen que consiste en devolver negocios minoristas a manos privadas para estimular la economía y reducir la burocracia.

Como ejemplos de medidas recién aplicadas en esa dirección, Reuters menciona dos variantes de servicios públicos, que ni son nuevas ni han servido más que para estimular la postergación de soluciones y la inconformidad de los usuarios.

Por un lado, refrenda el caso de los choferes de taxis estatales, algunos de los cuales operan ahora sus vehículos en condición de arriendo, en vez de hacerlo por un salario.

Es una medida que empezó a ser aplicada desde hace ya mucho tiempo, sin que se aprecien beneficios en cuanto al mejoramiento de este servicio. Lo único que en verdad permite apreciar es un notable aumento en los malos manejos y en las actividades ilegales, tanto de la empresa como de los choferes, precisados a correr con los gastos de reparaciones, mantenimiento o combustible, sin el respaldo de una infraestructura formal que evite la acción delictiva.

Otro tanto sucede con el segundo ejemplo citado por Reuters, que es el de algunos barberos y peluqueras de la capital, cuya labor ha sido presuntamente independizada. Así que deben pagarle al Estado una renta por sus locales, más todos los gastos de servicios, e igualmente están obligados a comprar por su cuenta los insumos, y en general, todo lo que requiere el desempeño de su trabajo, pero sin que exista un mercado o un mecanismo legal que les propicie tales compras. 

En ambos casos se trata, ni más ni menos, de un negligente visto bueno a las actividades que esos trabajadores venían realizando en forma ilícita desde hace años. Y nada más. No hay cambios, como no sea para peor, en tanto las medidas no persiguen auténticas soluciones sino efectos de engañosa pirueta política.

La única novedad, si la hubiese, es que una agencia extranjera divulgue este fiambre como noticia, y que lo haga justo en momentos en que se está viendo a las claras (por todo el que quiera verlo) que el régimen cubano no está capacitado, tal vez ni siquiera interesado, para introducir cambios realmente sustanciales en su sistema económico. Eso por no hablar de cambios en la política.  

Todavía más, llama la atención el acento, digamos optimista, de este reporte de la agencia Reuters, justo en horas en que el inmovilismo económico y la represión argumentan lo más sobresaliente del acontecer noticioso en nuestra Isla.

Pero, en fin, cada cual con su cuero hace tambores. Y hay hasta quienes prefieren hacer recancanillas en lugar de noticias.