Miguel Iturria Savón

LA HABANA, Cuba, marzo (www.cubanet.org) - Al salir en su yate de recreo desde una marina de Florida, el 12 de octubre de 2007, el contratista Yamil Domínguez Ramos pensaba disfrutar del espectáculo anual de ballenas y delfines en el balneario de Cancún, y volar después a La Habana para pasar unos días en familia antes de retornar a los Estados Unidos. No imaginaba que el mal tiempo lo obligaría a refugiarse en la Marina Hemingway, al oeste de la capital cubana, donde la suspicacia y malas intenciones de oficiales y funcionarios convirtieron la diversión en tragedia, al acusarlo de tráfico ilegal de personas y condenarlo a diez años de prisión.

Yamil traía la bandera izada, las luces prendidas, la matrícula de su bote, los GPS y los documentos en regla, incluidos sus pasaportes de Estados Unidos y Cuba; la propiedad del yate, algún dinero y objetos personales. Al explicar la emergencia al guarda frontera este le advirtió que un cubanoamericano no podía pisar tierra, lo cual no aparece en los catálogos difundidos a los yatistas por nuestras marinas. Fue el comienzo de equívocos, investigaciones y montaje de pruebas para demoler su inocencia. Desde entonces su madre, hermana y esposa apelan a personalidades del Ministerio del Interior y del sistema jurídico y penitenciario cubano.

Inés María Ramos Nápoles, madre de Yamil, resume en un documento fechado en La Habana el 28 de febrero de 2009, el proceso de suspicacias, sospechas, recelos, amenazas y delitos fabricados por los oficiales que lo trasladaron de la Marina Hemingway al cuartel de Seguridad del Estado (Villa Maristas) y de allí a la prisión Combinado del Este, donde apenas coge sol, y no le conceden visitas familiares, a pesar de los descargos y recursos de su abogado y del fallo del Tribunal Supremo que ordenó la revisión de la sentencia.

La presunción de culpabilidad y los procedimientos violatorios siguen en pie, no obstante las denuncias al Presidente, el ministro del Interior, de Justicia y la Fiscalía General de la República. El hecho de nacer en Cuba y ser ciudadano americano agravó su situación, pues para los guardacostas los yates del norte sólo vienen a traficar personas, drogas y atentar contra Seguridad del Estado. Su esposa fue obligada a prestar falso testimonio y la familia a pagar en divisas los contratos y recursos legales.  
 
Cuando el Tribunal Supremo anuló el dictamen sobre la declaración bajo coacción de la esposa y la ausencia de pruebas acerca del tráfico de personas, el Tribunal Provincial de La Habana notificó la misma sentencia con otra fecha, ratificada un año después por el propio Tribunal Supremo, lo cual evidencia disposiciones que rebasan e implican al sistema judicial.