Tribunal absuelve y Vivienda confisca 

Juan Carlos Linares Balmaseda 

LA HABANA, Cuba, agosto (www.cubanet.org) - Jesús Campos integró el equipo nacional de balóncesto en la década de los 80, y se graduó como profesor en educación física. Hoy tiene 48 años.  

A comienzos del año 2003 regresó de República Dominicana, donde trabajaba. Volvió para encarar una acusación, formulada en octubre de 2002, por supuesta complicidad en un hecho de corrupción de menores. En el aeropuerto fue detenido por policías del Departamento Técnico de Investigación (DTI).  

La agente Ana Sofía Carmona, embarazada entonces, conducía el proceso de instrucción de cargos contra Jesús. Del equipaje de Campos desapareció la canastilla que traía para su hija a punto de nacer, artículos de vestir y una manilla de oro. Luego Jesús supo que la joven instructora fue separada de su cargo cuando se descubrió que había falsificado el título de 12º grado.  

Después de ser detenido en el aeropuerto pasaría un tiempo bajo interrogatorio y dos años en la prisión Valle Grande esperando juicio. 25 años de cárcel pidió la fiscalía para Jesús.  

Antes del juicio debió pagar una multa de mil dólares. Había dos extranjeros involucrados en la causa, los supuestos autores del delito de corrupción de menores que, de acuerdo con la investigación, pernoctaban en casa de Campos. En el juicio todos fueron absueltos.  

Durante el interrogatorio, uno de los jefes del DTI, el teniente coronel Alfonso confesó a Campos: “Lo único que nos faltó confiscarle a tu suegro fue la casa, pero eso lo haremos contigo”. En 1988 el suegro de Campos había sido procesado por delitos económicos, supuestamente ocurridos cuando administraba el famoso restaurante Pío Pío de la Víbora.  

El oficial se refería a la casa de la calle Rodríguez No. 670, en el barrio Luyanó, que perteneció a la familia de la esposa de Jesús, que había emigrado a los Estados Unidos.

Sólo la esposa del profesor Campos quedaba en Cuba. Cuando la señora se reunió con su familia en el extranjero, Campos pasó a ser el propietario del inmueble. 

  
Al concluir el juicio, el acusado preguntó a la presidenta del Tribunal:

-¿Y qué va a pasar con mi casa?

-Se le devolverá, claro está, porque no hay delito.   
 
Sin embargo, la Dirección Provincial de la Vivienda de Ciudad de La Habana dispuso “confiscar a favor del Estado dicha vivienda”, declarar “sin lugar” la reclamación del abogado de Campos, y que “no procedía recurso alguno en lo administrativo ni en lo judicial” sobre ninguna otra reclamación. El Instituto de la Vivienda actuaba al amparo de un informe del Ministerio del Interior.

El abogado reclamó, pormenorizando las violaciones cometidas durante el proceso:
“Aplicación de un Decreto Ley con carácter retroactivo. Vivienda no aplicó la confiscación al estar enterada del supuesto hecho delictivo, sino por la presión del DTI, ni nunca alertó o emplazó a Campos para que pudiese contestar o defenderse legalmente. Fueron aplicadas dos medidas administrativas por un mismo hecho (multa y confiscación del inmueble). Tampoco se tuvo en cuenta las solicitudes de revisión formuladas con anterioridad por mi defendido”.

Debido a la reclamación, el abogado fue cuestionado por la organización Bufetes Colectivos.

Las quejas de Campos llegaron hasta el Consejo de Estado, la Asamblea Nacional del Poder Popular y a varios diputados, personalmente; la Fiscalía General de la República; el Tribunal Supremo Popular y el Ministerio de Justicia.

El Instituto de la Vivienda le propuso entregarle un apartamento pequeño como compensación por la vivienda confiscada, propuesta que Campos no aceptó.