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Persiste
acoso a periodistas cubanos, declara funcionario
de derechos humanos
Preocupa a Álvarez,
de la OEA, deterioro de libertad de prensa en
las Américas
Por Eric Green. Redactor del Servicio
Noticioso del Departamento de Estado de los Estados
Unidos, 17 octubre 2006.
Washington - A pesar de la transferencia temporal
de poder ocurrida el 31 de julio en Cuba la dictadura
de ese país continúa sometiendo
al "acoso constante" a los periodistas
independientes de esa nación caribeña,
dice un funcionario de derechos humanos de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
En un informe trimestral difundido el 12 de octubre,
sobre el estado de la libertad de expresión
en las Américas, el funcionario de la OEA,
Ignacio Álvarez, reiteró su preocupación
por la situación de los periodistas de
Cuba que están encarcelados o que enfrentan
otras formas de represión por parte de
la dictadura cubana.
Mientras se recupera de la cirugía intestinal,
el dictador Fidel Castro ha cedido temporalmente
el poder a su hermano Raúl Castro.
Álvarez, "Relator Especial"
para la libertad de expresión en las Américas,
dijo que desde el período más reciente
conocido (del 1 de julio al 30 de septiembre)
los periodistas independientes en Cuba han sido
"apresados arbitraria y repetidamente y también
atacados y amenazados por agentes" del gobierno
cubano.
El funcionario de la OEA añadió
que desde el cambio en el poder no ha "percibido
ningún cambio en la situación de
total falta de respeto a las libertades de expresión
y pensamiento en Cuba". Álvarez exhortó
de nuevo al gobierno cubano a liberar a los periodistas
encarcelados y "respetar el derecho de todos
los cubanos a la libertad de pensamiento y de
expresión".
En un informe del 15 de abril el Departamento
de Estado de Estados Unidos dijo que los funcionarios
cubanos y sus "delegados" atormentan
cada vez más a los activistas partidarios
de la democracia y a los periodistas independientes
recurriendo a acciones pandilleras conocidas como
"actos de repudio". (ver artículo
relacionado).
El informe del departamento, llamado Apoyo a
los Derechos Humanos y la Democracia: el Historial
Estadounidense 2005-2006, dice que los disidentes
acusados, algunos acusados de delitos comunes
"recibieron juicios que fueron una farsa
y que los enviados a prisión a menudo eran
mantenidos en condiciones muy duras".
Venezuela
Álvarez también tuvo críticas
para Venezuela, y explicó que estaba preocupado
por las "agresiones físicas y las
amenazas a los periodistas ocurridas durante el
trimestre". En particular, condenó
el restablecimiento de las acusaciones criminales
contra el periodista Napoleón Bravo por
"el delito de desacato" en relación
a "declaraciones que ofendieron" al
Tribunal Supremo de Justicia del país.
Deploró también la amenaza en Venezuela
de demoler la sede del periódico Correo
del Caroní, y la muerte del periodista
y líder político Jesús Flores
Rojas.
Flores Rojas murió de un disparo que recibió
en la ciudad de El Tigre el 23 de agosto. Koïchiro
Matsuura, director general de la UNESCO condenó
el asesinato, declarando el 1 de septiembre que
"la muerte de periodistas es un ataque inaceptable
a la democracia y al estado de derecho, que depende
de la capacidad de los profesionales de los medios
de comunicación para ejercer el derecho
humano básico de la libertad de expresión,
que, a su vez, da forma al debate público".
Grupos mundiales defensores de la prensa, como
el basado en París Periodistas sin Fronteras
y el Comité para la Protección de
Periodistascon sede en Nueva York también
deploraron el asesinato.
El Departamento de Estado se ha unido a la comunidad
internacional al criticar la ley "de responsabilidad
social" aprobada en Venezuela el año
2004 así como otras leyes que restringen
las libertades de prensa en ese país. En
el Informe por País de 2005 sobre Prácticas
de Derechos Humanos, publicado el 8 de marzo,
el Departamento de Estado expresó que el
presidente venezolano Hugo Chávez "ha
perseguido repetidamente a dueños y directores
de los medios de prensa" acusándoles
de traición y de provocar "conmoción
política".
En su informe de 12 de octubre Álvarez
expresó su preocupación por el "deterioro
general de la libertad de expresión"
en las Américas. El funcionario citó
un incremento en la violencia contra los periodistas
en el último trimestre reportado, diciendo
que "se ha manifestado con más brutalidad
al menos con siete asesinatos y una desaparición
aparentemente relacionada con el ejercicio del
periodismo".
Álvarez añadió que "el
retraso en las investigaciones policiales y los
procesos judiciales en relación con los
asesinatos de los periodistas, perpetrados en
la región en los últimos años,
conducen a la impunidad por esos crímenes
y animan a su posible repetición".
También declaró que se han cometido
"docenas de episodios de agresión
física" contra periodistas, incluyendo
secuestros y "docenas de amenazas en casi
toda América Latina, además de varios
actos de censura previa".
Álvarez también dijo que muchos
periodistas en las Américas se enfrentan
a procesos por el delito de desacato o difamación
y que en esos casos algunos tribunales de justicia
han condenado a periodistas a penas de cárcel
"restringiendo la libertad de expresión
e ignorando la doctrina y la jurisprudencia de
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre el asunto".
Álvarez expresó que la "libertad
de expresión no sólo implica la
posibilidad de difundir información comprometedora
o crítica a las autoridades, sino también
estar libre de enfrentar consecuencias ilegítimas
impuestas por el Estado como resultado".
También informó sobre avances positivos
de la libertad de prensa en la región,
incluyendo la condena de dos individuos en Perú
por asesinar a un periodista. La "paralización"
del procedimiento por difamación contra
un periodista en Costa Rica, el veto del presidente
de Brasil de una ley que pretendía limitar
el ejercicio del periodismo solamente a personas
con diploma universitario y la aprobación
en el estado mexicano de Querétaro de una
"norma" que protege la confidencialidad
de las fuentes de información de los periodistas.
Para más información, véase
el comunicado de prensa de 11 de octubre (CIDH/RAPP)
en el sitio web de la OEA.
Para más información sobre las
políticas de Estados Unidos, ver Libertad
de Prensa, Cuba y Venezuela.
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Washington es un producto de la Oficina de Programas
de Información Internacional del Departamento
de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web:
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