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Relator
pide liberar a periodistas en Cuba y cese acoso
en región
Terra,
2 de mayo de 2006.
El relator para la Libertad de Expresión
de la Organización de Estados Americanos
(OEA), Ignacio Alvarez, pidió hoy en Panamá
la liberación de 22 periodistas presos
en Cuba y que cese el acoso judicial contra la
prensa en la región.
En un comunicado difundido con motivo del Día
Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra
mañana, miércoles, Alvarez dijo
que, 'conforme a información recopilada
por la Relatoría, existen actualmente 22
periodistas presos en Cuba', cuya liberación
solicitó a las autoridades cubanas.
El titular de la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de
la OEA, solicitó asimismo 'el cese del
acoso judicial a periodistas en varios países
de la región'.
Agregó que entre 2005 y lo que va de 2006
'se iniciaron procesos contra al menos 50 periodistas
en 15 países de la región por difamación,
injuria o calumnia, por desacato y por no revelación
de fuentes'.
También denunció 'la existencia
de procesos administrativos o judiciales por asuntos
tributarios, medidas judiciales cautelares (como
embargos de bienes o prohibiciones de salir del
país) y sanciones civiles desproporcionadas'
contra periodistas.
Alvarez se encuentra en Panamá para participar
en la I Conferencia Interparlamentaria Latinoamericana
sobre el Derecho a la Comunicación, Erradicación
de la Pobreza y Desarrollo, que se celebrará
mañana y el jueves.
La Conferencia es auspiciada por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Parlamento
Latinoamericano y la Asamblea Nacional de Panamá.
El relator destacó, en lo relativo a procesos
penales contra periodistas por difamación,
injuria, calumnia o desacato, que 'la protección
del honor y reputación de los funcionarios
públicos debe garantizarse a través
de la aplicación de sanciones civiles y
del derecho de rectificación'.
Añadió que en tales casos 'una
sanción de pena privativa de libertad resulta
desproporcionada en tanto que en una sociedad
democrática los funcionarios públicos
y las personas que se involucren voluntariamente
en asuntos de interés público están
expuestos a un mayor nivel de crítica que
posibilita un mayor debate público respecto
a sus actuaciones'.
Alvarez recomendó a los países
miembros de la OEA que deroguen la figura del
desacato donde sigue vigente y eliminen de sus
legislaciones las sanciones penales por calumnia,
difamación e injuria, al menos en lo que
se refiere a funcionarios públicos y personas
que se involucren voluntariamente en asuntos público.
También recomendó que se consagre
la protección del honor y la reputación
a través del derecho de rectificación
y por medio de sanciones civiles dictadas en procesos
que tengan en cuenta la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión.
Dicha declaración establece, entre otras
cosas, que 'las leyes de privacidad no deben inhibir
ni restringir la investigación y difusión
de información de interés público',
recordó.
Alvarez puntualizó que 'los periodistas
prestan un servicio fundamental a la democracia,
y tienen derecho a ejercer su labor sin la preocupación
de ser sujetos a penas de cárcel por ello'.
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