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Decálogo de la liberalización
Ernesto F. Betancourt, El
Nuevo Herald, 23 de enero de 2005.
En mi columna anterior comentaba que Ucrania
demuestra que es factible un tránsito pacífico
de un régimen represivo si el pueblo se
une. Y proponía como lema para Cuba ¡Liberalización
sí, centralización no! Hace falta
dar contenido a lo que quiere decir liberalización.
Básicamente, que el Estado existe para
servir al ciudadano y no al revés, como
ocurre en la Cuba actual. O sea, hay una serie
de aspectos del régimen feudal actual que
deben ser modificados para lograr la liberalización.
Esa es la meta alrededor de la cual debemos buscar
un consenso nacional. Para ello, sugiero el siguiente
decálogo:
o En materia de derechos humanos, esto significa
el fin de todas las formas de represión
y de restricción de medios de comunicación,
así como la libertad de todos los presos
de conciencia y la restauración de la libertad
de expresión y de todos los otros derechos
establecidos en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
o En materia judicial, se requiere el retorno
de un régimen de derecho en la isla, con
la independencia del poder judicial y el libre
ejercicio de la profesión de abogado, así
como que los ciudadanos acepten que su deber es
respetar las leyes que apruebe un poder legilativo
igualmente independiente.
o En materia electoral, se requiere libertad
de organizar partidos y de participar en elecciones,
bajo observadores internacionales, incluyendo
a los cubanos de ultramar. El monopolio del PCC
tiene que terminar.
o En materia económica, debe prevalecer
el mercado y no la economía de comando.
Debe haber una sola moneda y no la diversidad
actual, así como libertad para que individuos
y empresas importen los insumos que requieran.
El actual sistema de control de cambios centralizado
debe desaparecer. El papel del Estado es promover
el bienestar de todos y velar por la protección
de los derechos ciudadanos como inversionistas,
trabajadores y consumidores.
o En materia empresarial, los bienes de producción
deben ser propiedad de personas o entidades jurídicas
privadas, no del Estado. Deberá iniciarse
un proceso de privatización y/o compensación
por los bienes confiscados a ciudadanos nacionales
y extranjeros, compatible con el crecimiento económico.
El Estado deberá estimular la creación
de empresas y proteger su existencia.
o En materia laboral, los obreros deberán
ser contratados directamente por sus empleadores
y gozar del derecho de libre asociación
para organizarse en la defensa de sus derechos
e intereses. La dócil CTC actual debe ser
reemplazada por una que defienda los intereses
de los trabajadores. Se debe revisar el sistema
de pensiones para vincularlo al crecimiento económico
y mejorar los pagos, respetando el equilibrio
actuarial.
o En materia de salud, liberalización
quiere decir que, al mismo tiempo que se garantiza
el servicio médico a toda la población,
se permita la práctica privada para facilitar
a los profesionales un ingreso adecuado. Quien
pueda pagar, debe tener acceso a servicios médicos
privados. El sistema privado, asociacional y público
debe restaurarse.
o En materia de educación, al mismo tiempo
que se garantiza acceso a todos a la educación
pública, los ciudadanos que opten por la
opción privada, ya sea laica o religiosa,
deberán tener acceso a esa oportunidad.
o En materia de vivienda, el Estado no debe inmiscuirse
en la venta, alquiler o mantenimiento de viviendas.
Eso debe dejarse al libre intercambio entre los
ciudadanos. La industria de la construcción
debe ser dejada a la iniciativa privada, con la
regulación estatal necesaria para proteger
a los ciudadanos.
o En materia de gobierno local, se debe delegar
al nivel regional y local la mayor provisión
posible de servicios sociales a la ciudadanía
y se debe fortalecer la capacidad financiera de
esos niveles de gobierno. Se debe alentar la participación
ciudadana en la solución de los problemas
de sus comunidades. Eventualmente, se debe regresar
a la estructura provincial y municipal tradicional.
El proceso de tránsito pacífico
de una sociedad centralizada a una liberalizada
puede y debe empezarse cuanto antes, inclusive
por gente dentro del actual régimen y con
ayuda de los cubanos de ultramar. Lo importante
es si una medida contribuye a avanzar en el tránsito
hacia una mayor liberalización, no quién
promueve esa medida. El odio y el resentimiento
son reacciones comprensibles ante tanta ignominia,
pero no ofrecen una base constructiva para el
futuro mejor que el pueblo de Cuba ansía
y se merece.
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