Formidable hipocresía
internacional en el caso Cuba
Diario
ABC Color, Paraguay,
14 de abril de 2005.
La Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas se está reuniendo actualmente
en Ginebra (Suiza), y uno de los temas pendientes
de tratamiento es si el gobierno de Fidel Castro
recibe o no una moción de censura por las
violaciones de los derechos humanos en Cuba. La
sensación persistente es que el dictador
Castro podría lograr impedir la condena
internacional en su contra por las permanentes
violaciones de los derechos fundamentales de los
residentes en esa isla, así como por la
clausura política que reina allí
desde hace 46 años impidiendo la vigencia
del más elemental principio de la democracia:
los comicios libres.
Existe esa sensación por el hecho de que
ya el año pasado varios países de
América Latina -entre ellos Paraguay- habían
optado por la actitud pusilánime de la
abstención antes que la condena, pese a
los categóricos informes de Amnistía
Internacional y otros grupos que aseguran que
la situación de los derechos humanos en
Cuba no ha mejorado en absoluto. Además,
desde este año otros países, con
alta probabilidad, seguirían el mismo camino
ambiguo en relación al tiránico
régimen cubano, como Uruguay, donde en
las recientes elecciones presidenciales triunfó
Tavaré Vázquez, un político
afín a la línea ideológica
izquierdista de la mayoría de los presidentes
de los países de América Latina
en la actualidad.
Si tal es el caso, se estaría frente a
una situación de grave retroceso en la
defensa de los derechos humanos, ya que una negativa
para aplicar una sanción internacional
a Fidel Castro implicará de entrada la
condena a una muchedumbre de seres humanos sin
derecho alguno -la gran mayoría de los
cubanos- a mayores sufrimientos, más torturas,
más encarcelamiento sin motivo y sin debido
proceso, incluso ejecuciones por el solo hecho
de querer escapar de la isla, y cuantos otros
padecimientos. Estos, por cierto, no son novedad
para la mayoría de los latinoamericanos,
teniendo en cuenta que en décadas recientes
los sufrieron en carne propia de la mano de las
dictaduras de Stroessner, Pinochet, Videla y otros
personajes tristemente célebres. Sería
por ello una grave contradicción y una
insulsa ironía que la mayoría de
los actuales gobernantes de los países
de América Latina -muchos de los cuales
sufrieron en sus propias costillas lo que hoy
está padeciendo el pueblo cubano- apoyen
al dictador Castro y condenen en cambio al pueblo
cubano a una segura devastación, dado que
casi todos fueron combatientes por los derechos
humanos en el pasado reciente.
No hay argumentos políticos particulares
capaces de justificar la violación de los
derechos humanos y la clausura política
en Cuba, por la sencilla razón de que los
derechos humanos constituyen premisas morales
válidas en todo tiempo y lugar. Son universales
y así fueron suscriptos por todas las naciones
civilizadas en 1948. El gastado argumento de que
una sanción a Cuba implica un alineamiento
con los Estados Unidos, que también violan
los derechos humanos, según alegan los
partidarios de Castro y enemigos del país
norteño, simplemente ya no resulta sostenible
por el hecho de que, si un país tiene verdadera
autonomía y es soberano, no puede condicionar
a ese pueril postulado su voto de condena por
una situación tal brutal y evidente como
ocurre en Cuba.
Un país que se precie de civilizado, pero
que se oponga a que el autor y mensajero de la
barbarie en pleno siglo XXI, como lo es Fidel
Castro, reciba una sanción por sus deleznables
violaciones de los derechos humanos no puede ser
considerado serio ni digno.
El Gobierno del Paraguay, por haber sufrido nuestro
país en carne propia las barbaridades (incluido
el propio presidente Nicanor Duarte Frutos) como
las que sigue cometiendo el dictador caribeño,
no debería adoptar la actitud hipócrita
similar a la que, por meros argumentos interesados,
aplican otros gobiernos de la región. El
Paraguay no debe seguir siendo el "furgón
de cola" de otros países, especialmente
de nuestros dos grandes socios del Mercosur.
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