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DE CUBA
El
Nuevo Herald
Cuba solicita a ONU examinar perdón
de Panamá a cuatro cubanos
Edith M. Lederer, Associated Press.
14 de octubre de 2004.
NACIONES UNIDAS - Cuba ha solicitado a la ONU
que evalúe el perdón que la entonces
presidenta de Panamá le concedió
a cuatro exiliados cubanos que han sido acusados
por el gobierno de la isla de tratar de matar
al presidente Fidel Castro.
En una carta dirigida al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas que circuló por
los pasillos en la sede en Nueva York, el canciller
cubano Felipe Pérez Roque dijo que su gobierno
tiene la esperanza en que tal esfuerzo acabe de
una vez por todas con la impunidad de "esos
terroristas".
Cuba rompió relaciones diplomáticas
con Panamá en agosto, cuando la entonces
presidenta Mireya Moscoso decretó la amnistía
a los cuatro, justo seis días antes de
que Martín Torrijos asumiese la presidencia.
Tres de los exiliados se encuentran en Estados
Unidos, y se cree que el cuarto está en
Honduras.
Los cuatro fueron detenidos en Panamá
en el 2000, durante una cumbre de presidentes
iberoamericanos, luego de que Castro dijera ser
objetivo de un atentado contra su vida. Los detenidos
estaban cumpliendo sentencias por poner en peligro
la seguridad pública, luego de haber sido
exonerados por posesión de explosivos.
Para algunos, especialmente el gobierno cubano,
es un caso flagrante de terrorismo internacional.
Pero para otros, los cuatro eran combatientes
por la libertad tratando de liberar su país.
Pérez Roque acusa a Estados Unidos de
presionar a Moscoso para liberar a los cuatro
hombres. Sin embargo, el viceportavoz del Departamento
de Estado de Estados Unidos, Adam Ereli, dijo
que Panamá tomó la decisión.
"Nunca hemos hecho cabildeo para obtener
el perdón de aquellos involucrados en el
caso", dijo.
Moscoso señaló que tomó
la decisión para evitar que el gobierno
de Torrijos extraditara a los cuatro _Luis Posada
Carriles, Gaspar Jiménez, Guillermo Novo
y Pedro Remón - una vez concluyeran sus
condenas.
El embajador británico ante la ONU, Emyr
Jones Parry, el actual presidente del Consejo
de Seguridad, ha dicho que aún no ha visto
la misiva cubana.
Embajador español desconcierta a disidentes
Wilfredo Cancio Isla , El Nuevo
Herald. 14 de octubre de 2004.
El vigoroso respaldo de España al movimiento
disidente cubano durante el gobierno de José
María Aznar (1996-2004) parece en retirada
tras las declaraciones del embajador español
en La Habana a favor de modificar las sanciones
vigentes contra el régimen de Fidel Castro.
Al menos, las reacciones de duda, estupor y desconcierto
eran evidentes entre las principales figuras de
la disidencia interna y diplomáticos europeos
consultados ayer por El Nuevo Herald, al tiempo
que el opositor Partido Popular (PP) fustigaba
duramente al embajador Carlos Alonso Zaldívar
por ponerse "al lado del dictador e insultar
a los demócratas cubanos''.
La noche del martes 12 de octubre, Día
de la Hispanidad, la legación española
invitó a una recepción por la efeméride
a una veintena de opositores y familiares de presos
políticos. La invitación fue decidida
a última hora, la pasada semana, en medio
de versiones extraoficiales de que no se produciría.
Ante unas 800 personas reunidas en el patio de
su residencia, Alonso Zaldívar dijo que
su país estudia la posibilidad de sustituir
la política común establecida por
la Unión Europea (UE), en junio del pasado
año, para castigar al gobierno cubano por
el arresto de 75 opositores pacíficos y
el fusilamiento de tres jóvenes que intentaban
emigrar hacia EEUU.
El embajador calificó las medidas ''de
poca utilidad práctica'' y expresó
que "España quiere abrir un diálogo
con el gobierno cubano''.
Al terminar sus palabras, los disidentes Martha
Beatriz Roque y Oswaldo Payá Sardiñas
abandonaron precipitadamente la velada en señal
de protesta.
''Decirnos eso en su propia casa era echarnos
en cara que nos invitó en contra de su
voluntad'', comentó Payá, Premio
Sajarov 2002. "Fue un insulto a nuestra dignidad''.
El promotor del Proyecto Varela recordó
que ''las políticas de complacencia'' que
se aplicaron en décadas anteriores, no
produjeron ningún resultado, y consideró
desafortunada la ''carrera galopante, casi ansiosa''
del gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero por marcar una diferencia respecto a
Cuba a contrapelo del consenso establecido por
la UE.
''Fue un discurso político, donde el embajador
lamentó que no estuvieran allí los
funcionarios cubanos cuando es sabido que ellos
no irán mientras sea invitada la oposición'',
relató anoche Roque, líder de la
ilegal Asamblea para Promover la Sociedad Civil''.
Vladimiro Roca, presidente del Partido Socialdemócrata
de Cuba, dijo que más que desconfianza
había sentido estupor. "Nos queda
claro --apuntó Roca-- que tendremos que
trabajar con todos los gobiernos de la UE para
bloquear la postura española''.
''Resultó desconcertante para muchos de
nosotros, porque no creo que sea fácil
ni beneficioso cambiar el consenso de la UE respecto
a Cuba'', opinó ayer un diplomático
europeo bajo condición de anonimato.
Elsa Morejón, esposa del preso político
Oscar Elías Biscet, consideró positivo
que Zaldívar se pronunciara por ''ampliar
las relaciones con todo el pueblo cubano''. ''Es
lamentable que a estas alturas este señor
quiera cambiar la política ignorando a
los presos políticos, con las cárceles
repletas'', afirmó Morejón. "¿Es
que algo ha cambiado en Cuba?''.
El Supremo debate sobre detenidos del Mariel
S. Henderson / Knight Ridder ,
WASHINGTON. 14 de octubre de 2004.
El Tribunal Supremo debatió ayer el destino
de dos cubanos señalados para deportación,
que no son bienvenidos en su país natal
y que están en un estado de detención
indefinida en EEUU, lo que no sería legal
para otros inmigrantes y ciudadanos.
El subsecretario de Justicia adjunto, Edwin Kneedlet,
le dijo a los magistrados que es justo y que debía
serlo porque la necesidad nacional de proteger
sus fronteras require que algunos extranjeros
sean tratados como si no tuvieron derecho al debido
proceso. Los defensores de los dos cubanos dijeron
que la conducta del gobierno era inconstitucional
y exhortaron a los magistrados a prohibir la detención
indefinida de los refugiados, que fueron parte
del Puente del Mariel en 1980.
''El gobierno tiene otras formas de controlar
las fronteras sin hacer esto'', dijo John Mills,
un abogado de Daniel Benítez, un cubano
del Mariel que se mantiene en prisión federal
aunque ha cumplido su condena por robo a mano
armada.
Recientemente, Benítez fue trasladado
de una prisión federal en Denver a una
institución de libertad supervisada. Se
le ha permitido buscar trabajo y debe empezar
a trabajar hoy como ayudante de electricista,
según Emilio de la Cal, un abogado miamense
cuya esposa es prima de Benítez.
Benítez y Segio Suárez Martínez,
convicto de asalto sexual, han cuestionado el
derecho del gobierno de tenerlos presos indefinidamente.
Amos han sido convictos de graves delitos cometidos
en EEUU, han cumplido sus condenas y afrontan
la deportación. Pero Cuba no quiere recibirlos
suscitando cuestiones sobre su status legal.
El gobierno de Estados Unidos dice que puesto
que se les concendió libertad bajo palabra
en 1980, no entrada legal en el país, no
se les puede tratar como si fueran inmigrantes
que han llegado por primera vez. No tienen derechos
bajo la Constitución y pueden ser detenidos
si Cuba no los acepta.
Benítez y Martínez dicen que se
les debía tratar como a otros deportados
que el Supremo falló en el 2001 no pueden
ser detenidos más de seis meses, tras lo
cual tienen que ser deportados.
El fallo va a tener un profundo efecto en los
marielitos, muchos de los cuales, como Benítez
y Martínez, han cometido delitos graves
en Estados Unidos. El fallo pudiera elaborar una
opinión sobre su destino pero lo más
probable es que dé una opinión amplia
sobre el status de todos los inmigrantes en posición
similar. Los magistrados no estuvieron de acuerdo
el miércoles pero algunos expresaron escepticismo
sobre la posición del gobierno.
''Uno no tiene derecho a detener indefinidamente
a quien entró ilegalmente en el país
pero ¿de alguna manera lo tiene para alguien
que está aquí legalmente?'', dijo
la jueza Ruth Bader.
El magistrado David Souter se preguntaba sobre
la ''ficción'' de pretender que los cubanos
marielitos, que llegaron aquí hace 25 años,
no tienen más derechos que inmigrantes
que cruzan la frontera el día de hoy.
El magistrado John Paul Stevens se preguntaba
hasta cuando podría el gobierno mantener
el argumento de los "no derechos''.
"¿Podemos matarlos? se preguntaba
retóricamente Kneedler, implicando que
el argumento de la falta de derechos tenía
que tener algunos límites. Fue una pregunta
similar a la que se planteó la pasada primavera
durante argumentos sobre detenciones de extranjeros
y ciudadanos americanos en la guerra contra el
terrorismo. En esos casos, que pudieran influir
sobre los casos del Mariel, los magistrados decidieron
limitar el poder del gobierno.
El redactor de The Miami Herald, Alfonso Chardy,
contribuyó a esta información.
El régimen recurre a los centrales
azucareros para generar electricidad
Efe, LA HABANA. 14 de octubre
de 2004.
Nueve plantas cubanas procesadoras de azúcar
generan ahora electricidad a partir del petróleo
para paliar la aguda crisis energética
que atraviesa la isla desde mayo pasado por una
avería en la más importante termoeléctrica
del país.
Un funcionario del Ministerio del Azúcar
(MINAZ), Oscar Almazán, dijo ayer a la
prensa local que está previsto que otras
16 fábricas de azúcar se sumen al
empeño de reducir los cortes del servicio
eléctrico ocasionados por la reparación
de la planta generadora Antonio Guiteras, de la
provincia central de Matanzas.
Almazán apuntó que el MINAZ acumulará
residuos sólidos resultado de la molienda
de la caña de azúcar (el bagazo)
para emplearlos como materia prima en la generación
de electricidad en períodos que no coincidan
con sus producciones.
Con ese material se satisface la demanda energética
del sector azucarero durante la cosecha, e incluso
se aporta electricidad a comunidades y otras empresas.
Las autoridades cubanas pusieron en marcha a
finales de septiembre pasado un amplio plan de
medidas para hacer frente al déficit en
el suministro de electricidad a la población
y entidades productivas y de servicios, con apagones
de hasta doce horas.
Las medidas incluyen el cierre temporal de 118
grandes empresas en el sector del acero y el procesamiento
de cítricos, así como un programa
de apagones que en La Habana implican unas 36
horas semanales.
La capital cubana consume cerca del 30 por ciento
de la energía eléctrica producida
en el país y en la provincia radican más
de 6,000 dependencias estatales consideradas grandes
consumidoras, señaló hoy el periódico
oficial ``Granma''.
Asimismo, indicó que el sector residencial
de la urbe capitalina -con más de 640.000
clientes- registra el consumo promedio mensual
más elevado de la isla.
El suministro en la provincia se ve afectado
entre el 12 y el 15 por ciento, fundamentalmente
en horas de la noche, según la fuente,
que cita a especialistas de la Empresa Eléctrica
Provincial.
En estos momentos, de un total de 224 circuitos
eléctricos en la capital, 179 están
comprendidos en el plan de los ''apagables'',
lo que excluye a 45 que están conectados
a hospitales, centros de investigación
y producción, fuentes de suministro de
agua y otros puntos prioritarios.
El plan de medidas también prevé
la financiación de unos 47 millones de
dólares para que una termoeléctrica
en la central provincia de Cienfuegos utilice
el crudo cubano -considerado muy pesado por su
alto contenido de azufre-, y concentrar actividades
productivas en horarios de menor demanda.
Además, recomendó que el horario
de verano tradicionalmente aplicado como medida
de ahorro de energía desde marzo a octubre,
se extienda hasta el próximo año
y que durante cuatro meses las clases y jornadas
laborales se reduzcan en 30 minutos.
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