Aprobada en Venezuela "ley mordaza"
Martinoticias.com,
26 de noviembre del 2004.
El pasado miércoles el parlamento venezolano
aprobó una polémica ley que regula
el contenido de las transmisiones de los medios
audiovisuales.
Llamada "Ley de Responsabilidad Social de
Radio y Televisión", la pieza legislativa
consta de 35 artículos y fue apoyada y
aprobada solo por mayoría oficialista adepta
al régimen de Chávez.
La nueva reglamentación se mantuvo en
discusión en la Asamblea Nacional por casi
tres años. Tras su aprobación, varios
legisladores chavistas dijeron que "democratizará"
a los medios, mientras que la oposición
afirmó que "amordazará"
la libertad de expresión.
Organizaciones internacionales defensoras de
los derechos humanos, tales como Human Rights
Watch (HRW), alertaron que peligra la libertad
de expresión en Venezuela, país
que durante los últimos cinco años
viene enfrentando una alta inestabilidad social
y política.
En un comunicado de HRW, José Manuel Vivanco,
Director Ejecutivo de esa organización
para las américas, declaró: "imponer
una camisa de fuerza a la prensa no es una manera
de promover la democracia".
Chávez a acusado a la mayoría de
las radios y televisoras del país de practicar
el "terrorismo mediático", mientras
sus adversarios califican el instrumento legal
chavista como "ley mordaza".
La nueva ley crea un "Directorio de Responsabilidad
Social" bajo la supervisión de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel), el cual se encargará de imponer
sanciones y multas.
Como ejemplo de las severas penalidades a las
que estarán expuestos los medios radioeléctricos,
la ley dice que una emisora podrá ser sacada
del aire o se le revocará su concesión
para transmitir, cuando los mensajes difundidos
"promuevan, hagan apología o inciten"
a la guerra, al desorden público, al delito,
sean discriminatorios o promuevan la intolerancia
religiosa. También habrá sanciones
cuando los mensajes sean contrarios a la seguridad
de la nación o sean anónimos.
Especialistas consideran que este tipo de causales
podrían establecer un terreno subjetivo
que permitiría a los censores aplicar sanciones
desproporcionadas al usar la ley como instrumento
político contra medios y periodistas.
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