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SOCIEDAD
Cuestión de Derecho
NUEVA GERONA, febrero (www.cubanet.org)
- Feliciano quizás no pensó que
a sus 50 años de vida tendría que
enfrentar un proceso legal promovido en su contra
por el departamento jurídico de Dirección
Municipal de Vivienda (DMV) de Isla de la Juventud,
municipio especial localizado al sur del archipiélago
cubano.
Feliciano Pérez Marín fue multado
con 500 pesos por inspectores de la DMV por construir
un cuarto en la finca "Mayra", propiedad
de la su padre. Los funcionarios le advirtieron
que había que demoler el cuarto, construido
hace tres años.
Actualmente, la Dirección Municipal de
la Vivienda de Isla de la Juventud trabaja en
128 procesos legales, de los cuales 50 se deben
a construcciones similares a la de Feliciano,
34 compra-ventas y 12 ocupaciones y arrendamientos,
actividades que las autoridades cubanas señalan
como ilegales.
La gente no quiere, por puro gusto, incurrir
en transgresiones de la ley, máxime conociendo
las severas sanciones que se imponen: multas tan
altas que sobrepasan el salario anual, desalojos,
confiscación de inmuebles, demolición
de lo construido, y hasta encarcelamiento.
El gobierno ha sido incapaz de solucionar el
agudo problema habitacional del país, pero
tampoco permite que el cubano garantice su techo
por sus propios medios.
A los habitantes de la Isla les está vedado
vender su casa, realizar permuta por otra mayor,
aunque medie lógica compensación
monetaria. Y también construir una vivienda.
En todas las ciudades y poblados de Cuba son constantes
las escenas de desalojos, y las autoridades han
tenido que enfrentar actos de desobediencia civil
protagonizados por la población en solidaridad
con las familias desplazadas.
El estado cubano, dueño de las cosas y
de las personas, ha anunciado su propósito
de declarar los barrios libres de las llamadas
ilegalidades, no sólo de la vivienda. Para
materializar el hecho han confiado la tarea a
los comités de Defensa de la Revolución
(CDR), y a la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC). cnet/08
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