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POLITICA
Cerrando el cerco
LA HABANA, febrero (www.cubanet.org)
- Una nueva resolución gubernamental cierra
el anillo aún más, en términos
de acceso a Internet. La nueva resolución
contempla y proporciona un mayor margen para la
rapiña y la búsqueda de mejores
opciones represivas por parte del gobierno. El
ministerio de Informática y Comunicaciones
regulará el acceso a Internet, y en los
casos en que se vean obligados a otorgarlos, cobrarán
tarifas en dólares por este concepto.
Desde los primeros años de la década
de los 90, directivas del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba delegan en el ministerio
de Informática y Comunicaciones la regimentación
y organización de las conexiones e interconexiones
con Internet y sus destinos punto com, punto org
y punto net en usuarios fijos y de ocasión
acreditados para acceder a los ciber servicios.
Los elegibles para la navegación libre
en las autopistas informativas son ministros y
viceministros del gobierno, presidentes de instituciones
como la Unión Nacional de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC), la Unión de Periodistas
de Cuba (UPEC), el Instituto Cubano de Radio y
Televisión (ICRT), el Instituto Cubano
del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC)
y otros con peso político reconocido en
la pirámide de poder del régimen.
Se han beneficiado, además, con estas
prerrogativas, funcionarios del Departamento Ideológico
del Comité Central del Partido Comunista
y contadas personalidades, entre las que vale
destacar el caso de periodistas distinguidos por
el régimen por su participación
en "Mesa Redonda" televisiva y las campañas
políticas desarrolladas a través
de ésta por el régimen. Sólo
algunos presidentes de escogidos y aislados gobiernos
locales tienen acceso autorizado a Internet.
Se dice que las autorizaciones para el acceso
a las ciber autopistas son concedidas por el gobernante
Fidel Castro en persona, por el jefe del Departamento
Ideológico y por el comandante de la Revolución,
ex ministro del Interior y primer policía
del régimen por antonomasia, señor
Ramiro Valdés Menéndez, quien en
la actualidad dirige el grupo de electrónica
Copextel.
A pesar de esto, fuentes de SEGURAMÁTICA,
sigla que denomina la Empresa de Seguridad Informática,
subordinada al Ministerio de Informática
y Comunicaciones, afirman que por cada máquina
que se conecta legalmente en Cuba, puede haber
unas diez o más accediendo a la red de
forma ilegal. La fuente, que insistió en
permanecer anónima, precisó que
entre 600 y 1000 personas participan en un amplio
mercado subterráneo cibernético
que mantiene páginas con anuncios de alquileres,
guías de turismo, galerías de arte,
restaurantes privados y hasta "compañía
muy especial".
Todos los "ciber autorizados" son registrados
en un centro de control, que les asigna un número
telefónico y una ciber dirección
o domicilio, que en Cuba está conformada
por una combinación de siete dígitos.
Este domicilio es controlado con regularidad por
un oficial de la Dirección General de Contra
Inteligencia (DGCI) de la policía de seguridad
del ministerio del Interior.
A partir de esto los controles se complejizan,
participando de este esfuerzo los tristemente
célebres departamentos 1, del G2 en cada
ministerio o dependencia gubernamental en Cuba.
Contra lo que se afirma en la última resolución
ministerial del Ministerio de Informática
y Comunicaciones, la misma no tiene lugar por
una necesidad de mejorar un servicio que se le
escatima al pueblo de Cuba, sino optimizar los
amarres totalitarios contra ese pueblo. El gobierno
cubano tuvo la oportunidad de implantar un sistema
satelital propuesto por un empresario judío.
Esta opción fue desechada por un sistema
de fibra óptica, idóneo para ejecutar
controles policiales en el acceso a Internet.
Pese a ello, en la actualidad acceden a Internet
de forma ilegal entre 70 y 100 mil usuarios, ha
trascendido. cnet/47
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