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ECONOMIA
A una década del autoempleo en Cuba (I)
LA HABANA, septiembre (www.cubanet.org)
- Septiembre de 1993. La economía cubana
cuesta abajo en una indetenible caída como
consecuencia del desplome del Muro de Berlín.
En Cuba, cientos de fábricas y centros
de trabajo cierran sus puertas. No hay materia
prima y la electricidad vuelve a estar racionada
en "apagones" que en algunos lugares
llegan a ser alumbrones.
En esos momentos se promulga el Decreto Ley 141
que estipulaba en una nueva versión el
autoempleo o como le han dado a llamar en Cuba,
el cuentapropismo.
Pero esta autorización a llevar a cabo
actividades económicas independientes del
gobierno fue hecha a regañadientes, con
tantas trabas que hacen casi imposible que los
cuentapropistas se desarrollen de una forma completamente
legal. A casi diez años de la promulgación
del Decreto Ley 141 -en enero de 2003- comenzó
una violenta ola represiva contra la economía
informal en todo el país, que incluyó
allanamientos de viviendas, detenciones y confiscación
de bienes.
Ya en 1968, el estado se había apropiado
-a través de una campaña denominada
"ofensiva revolucionaria"- de miles
de pequeños comercios y talleres privados
que habían sobrevivido a las grandes confiscaciones
de principios de esa década.
Pero a medida que el estado fue demostrando su
ineficiencia para garantizar una serie de actividades,
en el orden de los servicios principalmente, se
abrieron espacios para los trabajadores privados.
En 1976 se promulgó, muy discretamente
y casi sin publicidad, el Decreto Ley 14, de julio
de ese año titulado "Sobre el ejercicio
de actividades laborales por cuenta propia".
En la década de 1980 el estado se sintió
más seguro con las subvenciones soviéticas,
y la cifra de trabajadores por cuenta propia disminuyó.
En 1986 se realizan de nuevo amplias operaciones
represivas contra los trabajadores informales
-operaciones "Pitirre en el Alambre"
y "Adoquín". Se decomisan mercancías
y se producen arrestos.
En 1993, previo a la promulgación del
Decreto Ley 141, estaban registradas 46,632 personas
en unas 75 profesiones ejercidas legalmente, con
un aporte al fisco de 23 millones 200 mil pesos.
Ante la nueva situación creada por la
pérdida de los subsidios soviéticos,
en 1993 la dirección política del
país, en contra de sus deseos, abre la
posibilidad de que los trabajadores que perdieron
sus empleos pudieran ganarse la vida en actividades
privadas. En el texto del decreto se expresaba
su objetivo de "ayudar a la reactivación
económica del país". La mayor
parte de los trabajadores encontraron reubicación
en esta forma de empleo en los momentos peores
del Período Especial.
Entre septiembre y octubre de ese mismo año
la provincia de Cienfuegos comenzó a aplicar
la nueva experiencia y entre diciembre del 93
y mayo del 94 se observa la etapa de auge de esa
actividad, al llegar a la cifra de 162 mil participantes.
Ya en diciembre del 94 es de 169 mil, pero al
aparecer el Decreto Ley 186 referido a las contravenciones,
viene un período de estancamiento. Se cierra
el otorgamiento de licencias a especialidades
como la de venta de alimentos ligeros, de flores
y el servicio de choferes entre otras.
No obstante, la Resolución Conjunta No.
1 fijó en 157 las actividades que se podían
ejercer de forma privada en el país, que
llegó a incluir hasta a profesionales,
cifra que nominalmente no ha variado hasta la
actualidad. A fines de 1995 se logra el máximo
de licencias otorgadas, 208,500.
El Decreto Ley 141 fue recibido por el pueblo
con mucho entusiasmo. Pero no sucedió así
con la dirigencia política del país.
Pese a que numerosos economistas trataban de demostrar
que prácticamente era imposible enriquecerse
llenando fosforeras o vendiendo refrigerios en
una esquina, el temor a un bienestar legal por
medio de las actividades económicas privadas
quitaba el sueño a la nomenclatura cubana.
Algunos analistas consideraban que este paso
tenía una característica coyuntural,
que el cuentapropista era un "invitado por
compromiso" al reflote económico y
social. En otras palabras, que el estado prescindiría
de su participación en el momento que lo
considerara conveniente.
Las autoridades valoran la iniciativa privada
como caldo de independencia económica,
y como tal, la reprimen. La prensa es un fiel
reflejo de ello, ya que no ofrece ninguna información
sobre el sector, a no ser las noticias que informan
sobre violaciones e incumplimiento por parte de
estos trabajadores, ejemplos "negativos"
del proceder social.
A diez años del reestreno del cuentapropismo,
¿cuáles son sus perspectivas? ¿Cuál
es su verdadero estado actual? ¿Qué
papel desempeña en nuestra sociedad? cnet/27
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