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ECONOMIA
INFORMAL
Cuba: Cercenada por décadas la iniciativa privada
LA HABANA, diciembre (www.cubanet.org)
- Los cubanos sienten que la mejor solución
a sus problemas económicos, sería
que el gobierno abriera en toda su magnitud la
economía, y permitiera a los nacionales
iniciativas privadas en diversas esferas de la
producción y los servicios, cercenada hoy
por el gobierno cubano.
En la década de 1980, y por primera vez
desde que el gobierno tomara el control de la
economía, se permitió a los pequeños
agricultores vender una parte de sus producciones
en los mercados agropecuarios. Pero cuando los
campesinos comenzaron a lograr cierto bienestar
como fruto de su trabajo, y comenzaron a adquirir
televisores a color y autos el gobierno cerró
toda venta privada argumentando crear las bases
de una sociedad igualitaria para todos.
Luego del derrumbe del campo socialista en la
década del 90, y cuando la tasa de desempleo
había llegado a un ocho por ciento de la
población económicamente activa,
el gobierno comenzó a invitar a inversionistas
extranjeros al mismo tiempo que despenalizó
la tenencia del dólar. Se permitió
entonces cierta iniciativa privada en algunos
sectores de servicio, como el alquiler de viviendas,
restaurantes familiares, taxis y pequeñas
cafeterías, habilitadas muchas en las propias
viviendas de lo que se comenzó a denominar
Trabajadores Por Cuenta Propia.
En el año 1995, y según datos estadísticos
del Banco Central de Cuba, la cifra de licencias
otorgadas a trabajadores por cuenta propia había
llegado a 208,500. Pero seis años después
había descendido a 153,800, aunque cálculos
de especialistas señalan que de entonces
a la fecha, deben de haber disminuido a unas 100
mil.
¿Por qué descendió tanto
el número de cuentapropistas, si muchos
reclaman la iniciativa privada? Luego del paso
de la peor crisis, la que aún se denomina
Periodo Especial, el gobierno comenzó a
dictar nuevas resoluciones para aumentar progresivamente
el monto de los impuestos. Nuevos requisitos se
exigían para la entrega de las licencias,
al tiempo que no se otorgaba ninguna nueva.
Numerosos pequeños restaurantes -denominados
paladares- y cafeterías no pudieron sobrevivir
al nuevo pago de impuestos, por lo que muchos
se vieron obligados a entregar sus licencias.
Aunque el gobierno no ha anunciado públicamente
la suspensión de todas las licencias, ha
ido aumentando los requerimientos, inspecciones,
impuestos y suspensión de licencia por
siempre a algún infractor, medidas que
tienen el objetivo de asfixiar a los cuentapropistas,
señalaron algunos entrevistados.
Varios especialistas manifiestan que el gobierno
busca que estos trabajadores que en un momento
dado tuvieron que abandonar sus puestos de trabajo
por problemas de aseguramiento y falta de materias
primas, o por el cierre de sus centros, hoy se
incorporen a laborar en algún centro estatal.
"Cuando al gobierno le combino, nos dieron
licencia y podíamos vender flores en cualquier
lugar (...) pero ahora nos la niega y nos restringe
la venta sólo a determinados lugares...",
expresó una de las floristas multadas el
pasado mes de octubre, luego de un operativo policial.
La entrega de licencias por parte del estado
se encuentra paralizada, pero el número
de personas que ejercen cualquier tipo de actividad
privada sin autorización va en aumento.
"Yo no le trabajo más a este gobierno
por 171 pesos al mes, ahora vendo vino de frutas
a 10 pesos la botella y ya tengo hasta clientes
fijos y no me quejo", manifestó Mario,
ex-trabajador de una fábrica de gomas a
quien hace tiempo le fue suspendida su licencia.
Por otra parte, se prevee el cierre de este año
2003, con alrededor del 3 por ciento de desempleo
de la población económicamente activa,
según una fuente del ministerio del Trabajo
y Seguridad Social.
En más de una década, y luego de
una pequeña apertura a trabajadores privados,
éstos no pudieron -ni pueden- asociarse
en sindicatos independientes afines para reclamar
sus derechos, discutir las regulaciones y demandar
el pago justo de los impuestos, ya que cualquier
intento de asociación es tomado por las
autoridades como una actividad contrarrevolucionaria.
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