LA HABANA, Cuba, 10 de mayo (Pablo Méndez, 173.203.82.38) -El Estado ha extremado las medidas de control sobre los suministros a las redes de tiendas en divisas, al tiempo que aumenta las frecuencias de las auditorías.
Según fuentes de TRD Caribe, que solicitaron el anonimato, en el complejo de almacenes de la Zona franca de Berroa, ubicado en el municipio Habana del Este, unidades del ejército (MINFAR), recuentan y al mismo tiempo chequean “código contra código”, los furgones que salen de los almacenes.
Agregan que desde principios de año, las auditorías se tornan más frecuentes, y sus controles, no sólo abarcan transacciones financieras, también exigen el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de las citadas tiendas, a pesar de que sus gerentes no se ocupan del suministro de detergentes e implementos de limpieza, responsabilidad que recae sobre los trabajadores, quienes consiguen los productos de limpieza por sus propios medios, presionados por la posibilidad de que sus centros laborales sean cerrados con la consabida afectación de sus sueldos.
Dichas fuentes argumentaron que antes compensaban su sueldo mensual (equivalentes a 17 dólares) adquiriendo “al por mayor y a través del mercado negro”, víveres y otros productos similares a los ofertados en la tiendas, que luego vendían subrepticiamente a los clientes para obtener ganancia, pero ahora les resulta mucho más difícil.
Del mismo modo reconocen que el gobierno ha logrado disminuir sus pérdidas, pero al costo de crear un inmenso aparato burocrático de auditoría y control, afirman que estas medidas no sobrevivirán mucho tiempo, ya que los auditores también son trabajadores explotados, y tarde o temprano, se corromperán.
Los empleados dicen que, en su opinión, la solución más barata y permanente, es pagarles un salario decoroso, y fundamentan su idean analizando que en un supermercado con una nómina de 13 trabajadores, las ganancias netas mensuales ascienden a más de 90 mil dólares, por tanto, si cada trabajador recibiera 300 dólares como salario mensual, en lugar de 17, todos—incluyendo al Estado— estarían más satisfechos y serían menos proclives a la corrupción.
