MIAMI.- Un gobierno provisional con un mandato de entre dos y dos años y medio, elecciones multipartidistas, una justicia independiente y reformas económicas que incluyan la dolarización y la venta de activos estatales. Esas son algunas de las propuestas expuestas por Orlando Gutiérrez-Boronat y Luis Zúñiga al abordar, en entevista con Cubanet, cómo podría organizarse la Isla después de un cambio de régimen.
Gutiérrez-Boronat, presidente de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), centró sus respuestas en las instituciones y las libertades que deberían sostener ese proceso. Zúñiga, por su parte, desarrolló propuestas para la recuperación económica, con énfasis en las pensiones, el financiamiento de pequeños negocios y la participación de empresarios del exilio.
Ambos situaron la formación de una clase media y la igualdad de oportunidades entre los objetivos de la reconstrucción. Sus planteamientos describen el escenario de transición y las decisiones que, a su juicio, deberían adoptarse para hacerlo posible.
El cambio político como punto de partida
Para Gutiérrez-Boronat, una apertura económica que mantenga intactas las estructuras del poder no resolvería los problemas de Cuba. Cuestionó la idea de ampliar primero los espacios de mercado y dejar la democratización para una etapa posterior.
Su argumento parte de la necesidad de construir instituciones que permitan a toda la población participar en la vida política y acceder a las oportunidades económicas. En su opinión, el problema central del sistema cubano es que un grupo reducido concentra ambas posibilidades.
Lo describió como un orden en el que “un pequeño grupo de personas utilizando la violencia controla el acceso a la riqueza”. Desde esa perspectiva, sostuvo que el control de la distribución mayorista y de otros sectores económicos también funciona como una herramienta de control sobre la población.
El crecimiento que busca para Cuba tendría que apoyarse desde el comienzo en libertades y reglas que impidan la reproducción de ese esquema. La democracia sería, en su planteamiento, tanto una exigencia moral como una condición para un desarrollo sostenido e incluyente.
Un gobierno temporal que devuelva la soberanía
El dirigente expuso las líneas de lo que la ARC denomina un gobierno de salvación nacional. Su mandato fundamental, afirmó, sería “devolverle la soberanía al pueblo”.
La propuesta contempla un período de dos años, con un máximo de dos años y medio, durante el cual funcionarían un componente ejecutivo y otro legislativo. Ese gobierno tendría la responsabilidad de crear las condiciones para que los ciudadanos decidan su futuro político.
Gutiérrez-Boronat subrayó que la parte ejecutiva “no puede aspirar al poder desde el poder”, pues estaría allí para cumplir una función temporal.
Como fundamento jurídico, propuso una norma constitucional provisional basada en la Constitución de 1940, especialmente en su carta de derechos, y en la tradición constitucional cubana. Sobre esa base se reorganizarían las instituciones necesarias para conducir el proceso hacia unas elecciones libres.
Su exposición definió las tareas y la duración de ese gobierno, aunque no precisó cómo serían escogidos sus integrantes ni qué mecanismo daría legitimidad inicial al consejo de salvación nacional.
Justicia independiente, partidos y libertad de prensa
Entre las prioridades políticas, Gutiérrez-Boronat situó la reorganización del poder judicial y la creación de una autoridad electoral independiente. Ambos serían necesarios, sostuvo, para garantizar los derechos ciudadanos y la credibilidad de los comicios.
Las elecciones tendrían que ser “competitivas, transparentes, multipartidistas”, según explicó. Su preparación requeriría también que los cubanos pudieran organizarse y participar en la discusión pública sin persecución.
“Que la sociedad civil deje de ser perseguida” es una de las condiciones que identificó para esa reorganización. Mencionó la libertad de expresión, el funcionamiento de la prensa y el derecho de los ciudadanos a asociarse según sus ideas.
En concreto, planteó una ley que permita crear partidos políticos de alcance provincial y nacional, además de un marco para las asociaciones políticas. Los partidos, señaló, deberían ofrecer distintas opciones y favorecer el debate entre proyectos de país.
Gutiérrez-Boronat defendió, además, la construcción de una república incluyente. Diferenció entre quienes, según señaló, han cometido crímenes de lesa humanidad y el resto de los cubanos, con quienes consideró necesario reconstruir la nación. No desarrolló en su intervención los mecanismos judiciales para determinar esas responsabilidades.
Dolarizar la economía y elevar las pensiones
Zúñiga concentró su exposición en las medidas económicas que considera urgentes. La primera sería sustituir la inestabilidad monetaria por una referencia que permita expresar precios e ingresos con mayor certidumbre.
“Hay que dolarizar la economía inmediatamente”, afirmó.
Vinculó esa propuesta con el aumento de las jubilaciones, las pensiones y las prestaciones de asistencia social, que deberían pagarse en dólares. Argumentó que los ingresos actuales de esos sectores no permiten sostener condiciones de vida dignas.
Su planteamiento busca que los jubilados y las personas dependientes de ayudas sociales reciban atención desde el inicio del proceso. Sin embargo, no detalló el tipo de conversión que se aplicaría a los pesos, los salarios, los ahorros y las obligaciones existentes, ni los recursos monetarios necesarios para ejecutar la dolarización.
Vender activos estatales para financiar la recuperación
Para obtener una primera fuente de financiamiento, Zúñiga propuso vender mediante subastas hoteles, complejos turísticos y otros negocios bajo control estatal.
“Ese es dinero de ustedes, del pueblo”, sostuvo al referirse a esos activos.
Los ingresos de esas operaciones tendrían dos destinos principales en su propuesta: elevar las pensiones y las prestaciones sociales, y financiar negocios de ciudadanos residentes en Cuba.
Zúñiga defendió que esos recursos se traduzcan en oportunidades para la población. Su exposición, no obstante, no incluyó una valoración de los activos, una estimación de los ingresos que produciría su venta ni las reglas para adjudicarlos.
Tampoco explicó cómo se sostendrían a largo plazo los aumentos de las prestaciones una vez utilizados los fondos iniciales procedentes de las subastas.
Créditos para emprender y participación del exilio
El acceso al capital ocupa un lugar central en las propuestas de Zúñiga. Una parte de los recursos obtenidos de la venta de activos se destinaría a préstamos sin intereses y a largo plazo para quienes deseen abrir empresas.
El objetivo, explicó, sería que los residentes en la Isla puedan competir “en condiciones iguales que los inversionistas extranjeros o que los grupos de exiliados cubanos”.
Mencionó cafeterías, restaurantes, talleres de reparación y pequeñas fábricas como ejemplos de actividades capaces de generar empleo e ingresos. También defendió garantías jurídicas para la propiedad, de modo que el éxito de un negocio no dependa de decisiones discrecionales del poder.
“La riqueza es del pueblo y debe ser del pueblo”, afirmó.
La participación del exilio aportaría, según Zúñiga, recursos y conocimientos empresariales. Aseguró que él y Gutiérrez-Boronat han mantenido encuentros con un grupo inicial de más de 80 empresarios con experiencia en distintos países y sectores, interesados en contribuir a la reconstrucción.
Entre sus posibles aportes mencionó la formación en administración, contabilidad, contratación de trabajadores y acceso al crédito. También habló de la posibilidad de crear una bolsa de valores, sin detallar su estructura o regulación.
Inversiones y decisiones que quedarían por resolver
Zúñiga defendió la entrada de inversión extranjera para recuperar actividades que requieren grandes cantidades de capital, como la electricidad, las telecomunicaciones y el abastecimiento de agua.
En materia energética expresó su preferencia personal por pequeñas centrales nucleares distribuidas en distintas zonas del país. No presentó costos, plazos ni estudios de viabilidad para esa alternativa.
Las propuestas económicas apuntan a ampliar la propiedad privada y la capacidad de los ciudadanos para generar ingresos. Las propuestas políticas buscan establecer las garantías que permitirían ejercer esos derechos y elegir a quienes gobiernen.
La puesta en práctica de ese escenario requeriría resolver asuntos que las intervenciones dejaron abiertos: la selección del gobierno provisional, las reglas de privatización, el tratamiento de las reclamaciones de propiedad y el financiamiento sostenido de la protección social.
Para Gutiérrez-Boronat, el criterio que debería orientar esas decisiones es que el pueblo cubano “tome las decisiones sobre su destino político”. El gobierno temporal tendría la tarea de construir las instituciones que lo hagan posible.
Esta entrevista se realizó como parte de una colaboración con el proyecto de Cuba Siglo 21 «Cuba: reconstruir y reinventar»
