Por Marcos Antonio Ramos.
Diario Las Américas /
Domingo 24 de junio
Se difundió en el exterior, hace pocos días, un nuevo programa
del Buró Provincial habanero del Partido Comunista de Cuba que se propone
combatir el creciente espacio que la religión va ocupando en la sociedad
cubana a pesar de las restricciones que le son impuestas desde los años
sesenta. Independientemente de las concesiones concedidas en los años
noventa, antes y después de la visita del Romano Pontífice a Cuba,
la política oficial hacia la religión no ha sido nunca de plena
libertad religiosa y mucho menos la de otorgar un amplio espacio a las iglesias
y otras organizaciones religiosas establecidas en el territorio nacional. En
otras palabras, que en las relaciones iglesia/estado en la patria de José
Agustín Caballero y Félix Varela, "no hay nada nuevo bajo el
sol" sino simples matices de una de tantas etapas en una política de
reiterada discriminación ideológica, de la cual nos ocuparemos en
un próximo trabajo.
Mientras resonaba de nuevo la triste realidad de la política
religiosa del régimen, el líder sindical René L. Díaz,
una figura respetada del obrerismo, nos hacía llegar el nuevo "Reporte de violaciones de las
Normas Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo por
parte del gobierno de Cuba", publicado en forma conjunta por la
Federación Sindical de Plantas Eléctricas, Gas y Agua de Cuba (en
el exilio) y la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba
(CONIC).
Este informe se reviste de significación especial debido a la
aprobación en Ginebra de una resolución contraria a los intereses
del gobierno de Cuba en el 57 período de Sesiones de la Comisión
de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, el pasado 18 de abril y el
informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el curso de
su 106 período ordinario de sesiones. El trabajo al que nos referimos está
estructurado en cinco capítulos: una síntesis de los señalamientos
realizados por la Comisión de Expertos en la Aplicación de
Convenios y Recomendaciones a la legislación cubana; otro capítulo
orientado a caracterizar las quejas formuladas por organizaciones sindicales
internacionales por violaciones de los convenios en Cuba; un trabajo sobre actos
de hostigamiento, represión y detención de dirigentes sindicales y
trabajadores por cuestiones políticas; un estudio sobre la incidencia de
la política económica del actual gobierno en los trabajadores y la
población, así como un capítulo final con conclusiones y
recomendaciones.
Los primeros dos capítulos ofrecen no sólo un panorama de los
derechos sindicales en Cuba y de los incumplimientos del convenio 87 sobre la
Libertad Sindical, sino también una síntesis de las quejas
formuladas contra Cuba por organizaciones sindicales internacionales. Al llegar
al capítulo tercero se presentan los actos de hostigamiento, represión
y detenciones de activistas sindicales independientes y trabajadores por
cuestiones políticas y por defender el derecho a la Libertad Sindical, de
esa forma se enumeran minuciosamente, con nombres, direcciones, situaciones
específicas, fechas, etc., toda una larga lista de abusos contra
sindicalistas independientes encarcelados y también las golpizas,
amenazas, detenciones y negación de empleo a sus colegas del movimiento
obrero. Con impresionante aproximación en cuanto a detalles, se enumeran
y describen casos de obreros expulsados por sus opiniones políticas y su
raza, las actividades del gobierno contra los trabajadores por cuenta propia y
la intercepción de las llamadas telefónicas.
En otras palabras, que sería difícil encontrar un documento más
riguroso y pormenorizado, en el cual no se describen apresuradamente las
situaciones sino a mayor abundamiento. Por ejemplo, en el cuarto capítulo
se ofrece la explicación de cómo los diseñadores de la política
económica se encuentran en un punto de crisis, "el salario no les
alcanza a los trabajadores, las medidas de saneamiento financiero son un
fracaso, la inflación continúa galopando". También se
describe, en el caso de la inversión extranjera, el salario que se le
cobra a las entidades con capital mixto, determinado por la situación de
Cuba como país de alto riesgo para los inversionistas. El lenguaje
oficialista ha sido a veces impresionante en su propósito de ocultar
detalles prácticos del sistema, pero el salario máximo de los
trabajadores que laboran en entidades extranjeras es sólo una pequeña
fracción de lo que recibe el gobierno. La política establecida
contradice el convenio 95 sobre protección del salario de la Organización
del Trabajo en sus artículos 5 y 6 que establecen que "el salario se
deberá pagar directamente al trabajador interesado" y que "se
deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad
del trabajador de disponer de su salario".
Otro aporte de este informe es probar cómo "el gigantismo sin límite
en las obras de inversiones en la economía cubana ha tenido su costo en
el empleo". En la actualidad, más del 70% de los trabajadores
quedaron sin empleo y ese desempleo se caracteriza por una cantidad fuera de
toda proporción entre las personas jóvenes, con capacidad cultural
significativa, sobre todo en las capitales de provincias.
Así, entre consignas e himnos pasados de moda, transcurre la precaria
vida del obrero cubano, reprimido como nunca antes, ni siquiera en los lejanos días
de la "colonia", y obligado a normas que hubieran producido en otras épocas
las protestas más estentóreas de los "elementos progresistas
de izquierda". ¿Será acaso que han dejado de existir? |
