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LA HABANA, Cuba.- El pasado martes fui alertado por mi hermano: “Abajo hay dos hombres que te buscan”, me dijo con tono desconfiado. Descendí hasta la puerta de entrada al edificio y comprendí el porqué de su suspicacia. El aire de “combatientes” que los envolvía resultaba inconfundible. Me entregaron una citación con cuño de la Dirección de “Identificación, Inmigración y Extranjería”. Este jueves, a las dos de la tarde, yo debía presentarme en la Calle 17 entre J y K, en el Vedado habanero, para entrevistarme con la “Mayor Mercedes”. Al preguntarles si no tenía que suscribir algún documento como constancia de haber sido notificado en forma, se mostraron desconcertados. Era evidente que el acompañante había venido para dar fe de la realización del trámite. ¿Tal vez se consignó que yo “me negué a firmar”? En cualquier país, el hecho de recibir una citación de esa índole produce una impresión desagradable, y da lugar a especulaciones y conjeturas diversas. Pero esto es especialmente cierto en la Cuba de hoy. Desde 2013, para que un ciudadano viaje al extranjero, ya no es necesario que las autoridades le expidan un “permiso de salida”. Pero esta positiva reforma —una de las pocas transformaciones verdaderas realizadas bajo el reinado de Castro II— se ha visto opacada en los últimos tiempos. En semanas recientes han menudeado los casos de disidentes a quienes se les ha impedido abordar sus vuelos. Durante mi más reciente viaje a Miami, para participar en la reunión del Centro de Estudios Convivencia, fui testigo de situaciones de ese tipo. A dos campesinos pequeños se les impidió viajar, con lo que se imposibilitó que de manera personal compartieran las experiencias de su finca con los asistentes. Al mismo ingeniero Dagoberto Valdés, cabeza del Centro, se le prohibió de inicio salir de Cuba; sólo días después, tras comprar otro boleto en reemplazo del que perdió, pudo llegar a Miami. Pero la nueva práctica abusiva data de varios meses atrás. Un interesante reportaje de la colega Idolidia Darias, colgado el pasado octubre, cita varios casos concretos. Su título es elocuente: “Prohibiciones de viaje a opositores, a la orden del día en Cuba”. Informado de todos esos antecedentes fue que concurrí a la mencionada dependencia. Allí pude comprobar que no se trataba de un trámite migratorio. Resultó que a esa hora la oficina se encontraba ya cerrada. Un gran cartel colocado a la entrada anuncia que los jueves sólo se labora en el horario matutino. No hubo —pues— la esperada entrevista con la “Mayor Mercedes”. Todo había sido sólo un modus operandi —al parecer nuevo— empleado por la policía política castrista para enmascarar su actividad. Quien se presentó a mí fue un oficial que dijo pertenecer a la Contrainteligencia (“Segundo Jefe”, afirmó, sin especificar de qué dependencia) y aseguró nombrarse “Brian” (¿O será Brayan?, que con esto de los nombres calcados del inglés, uno nunca sabe a qué atenerse). Se trata de un hombre todavía joven, al que acompañaba otro de edad aún menor. Siempre hubo una serie de circunloquios y digresiones, lo que incluyó insistentes preguntas sobre mi actual estado de salud. ¡Tan atentos ambos! Pero la esencia de la entrevista puede circunscribirse a una advertencia sobre lo sucedido a los “flancos” de la Corriente Agramontista, la más antigua y nutrida agrupación de abogados independientes cubanos. (La palabra entrecomillada es de ellos. ¡Les gusta tanto el argot castrense!). Esos supuestos costados o lados serían las otras dos organizaciones de abogados alternativos que han trabajado en Cuba: La Asociación Jurídica Cubana, a cuyo frente se encuentra el licenciado Wilfredo Vallín Almeyda, y el bufete independiente Cubalex, que encabeza la colega Laritza Diversent Cámbara (hoy exiliada junto a la generalidad de sus subordinados). Como se sabe, ambas entidades han sido objeto de sendos registros, con la consiguiente ocupación de diversos medios de trabajo. En el caso más reciente —el de la Asociación, realizado el pasado 13 de febrero—, se anunció la incoación de un expediente por un presunto delito de “actividades económicas ilícitas”. Un total absurdo si no se han realizado cobros por las gestiones realizadas. La implicación fue explícita. A la Corriente Agramontista puede sucederle lo mismo que a las otras dos organizaciones de juristas. Por supuesto que siempre reivindiqué mis derechos (y los de la docena de colegas que me acompañan dentro de esa entidad) a seguir realizando la labor pacífica de asesoramiento profesional que hemos venido llevando a cabo (y que los oficiales calificaron de “contrarrevolucionaria”). Pero ya se sabe que con esta gente, esas protestas no suelen surtir efectos. Lo único concreto —pues— es la amenaza de someter la Corriente Agramontista y mi domicilio particular (en donde radica su sede) a un registro y al despojo. La opinión pública queda advertida.

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