Las pequeñas
y medianas empresas en Cuba
Vicente Escobal Rabeiro, Instituto Cubano de Investigaciones
Sociolaborales y Económicas Independiente
· Antecedentes
· Actualidad
· Perspectivas de las Pequeñas y Medianas Empresas en Cuba
La nacionalización de la economía cubana, decretada en los
primeros años del triunfo de la Revolución fue asumida como la
definitiva liquidación del capitalismo en Cuba. Pero la nacionalización,
no implicó sólo a cientos de pequeños, medianos y grandes
empresarios, sino que sometió a cientos de miles de trabajadores al
monopolio del estado.
Se iniciaba una época de dramáticas transformaciones económicas
que imprimieron un controvertido sello a las relaciones políticas. El
estado, abandonando sus tradicionales roles, se convertía en el
propietario de la sociedad, nacía tras un doloroso parto el estado
patrón.
El 6 de agosto de 1960, el entonces primer ministro del gobierno
revolucionario Dr. Fidel Castro Ruz, en el acto de clausura del I Congreso
Latinoamericano de Juventudes, celebrado en La Habana, anunció la
nacionalización mediante expropiación forzosa de 26 grandes
empresas, propiedad de personas jurídicas y nacionales de los Estados
Unidos de América. Aquella medida, adoptada en un momento de particular
efervescencia revolucionaria, contó con el respaldo de muchos
propietarios de pequeñas y medianas empresas que creyeron ver el inicio
de un período de prosperidad para sus negocios.
Empresarios cubanos y de otras nacionalidades interpretaron el proceso de
nacionalización, como un mero golpe a los Estados Unidos; creían
que sus propiedades no correrían la misma suerte porque ellos habían
logrado establecerse sin explotar a nadie, a base de disciplina responsabilidad
y talento.
El control estatal de la economía, razonaban, significaba el comienzo
de un período de equidad, pues sus relaciones comerciales, crediticias y
financieras serían con un gobierno que prometía preservar la pequeña
propiedad privada de los abusos de los grandes monopolios yanquis; pero el
control estatal de la economía en su etapa embrionaria implicaba un
gradual control del mercado laboral y de las relaciones contractuales.
Lentamente se convertían en ficción los sueños de los
pequeños y medianos empresarios.
El todopoderoso estado patrón, tenía que dar
continuidad a su propia óptica política, tenía que asumir
su instructivo papel con increíble e irracional eficacia. En 1968 el
estado patrón desarrolló una ofensiva revolucionaria dirigida
contra los vicios y deformaciones del capitalismo. El carácter socialista
de la Revolución, proclamado siete años antes, no podía
contemporizar con ciertas tendencias que minaban la sociedad y conspiraban
contra el normal desarrollo y estabilidad de la nación.
La ofensiva significó una intervención de cientos de pequeñas
y medianas empresas, propiedad de ciudadanos cubanos y de otras nacionalidades,
aquéllos que el 6 de agosto de 1960 dieron su entusiasta respaldo a la
confiscación de las empresas norteamericanas. El mero golpe contra
Estados Unidos, se volvía contra ellos.
El estado patrón asumía, con grotesca impunidad su
anhelada condición de legislador, empleador, gerente y rector de la
actividad económica y laboral. Un legislador que ponía a su
servicio los cuerpos represivos, un empleador que disponía de un aparato
judicial dócil y propio, un gerente que expulsaba a sus subordinados bajo
el imperio de la arbitrariedad, y un rector de la actividad económica y
laboral que no sólo decretaba despidos, sino también condenaba a
la cárcel, el destierro o la muerte.
El estado patrón, depauperó la economía y junto
a ella la sociedad, sin tomar en cuenta los elementos que dinamizan y promueven
su desarrollo. La gestión económica transcurría utilizando
métodos represivos, desatando el terror como sistema de conducción
económica y suprimiendo conquistas alcanzadas durante décadas por
el movimiento obrero cubano.
El objetivo consistía en que el individuo viviera la tragedia de su
debilidad y su aislamiento y creyera realmente que su vida dependía del
criterio del estado patrón. Se suprimió el derecho a la
huelga y a otras formas de presión social internacionalmente reconocidas
y aceptadas. Se creó un sistema especial de regímenes
disciplinarios en ciertos sectores claves, el movimiento sindical perdió
autonomía e identidad y se parametró cualquier conducta ideológicamente
impropia.
Intimidar a la sociedad constituía el supremo objetivo. Los
ministerios encargados de ejecutar y diseñar los planes económicos
ramales y sectoriales se convirtieron en estados mayores y los organismos de la
administración en los niveles intermedios en puestos de mando. Surgía
la economía de comando. Tal situación favoreció la aparición
de comportamientos cínicos y oportunistas, un comportamiento que nacía
de la impotencia, la pérdida de la iniciativa, la suplantación de
valores, el temor a la represión o la expulsión del empleo. Las
alternativas eran claras: la sumisión o la marginación.
La generalización del oportunismo generó la lenta desaparición
de la iniciativa personal, toda acción independiente sucumbía bajo
el inexorable peso del estado patrón. Algunas perecieron de
manera absoluta, otras adoptaron las formas de organizaciones de masas con un
enfoque seudosocial de naturaleza totalitaria. Así desaparecieron las
organizaciones de profesionales, los gremios, el movimiento cooperativo, la
independencia de tribunales, jueces, fiscales y abogados, la libertad de prensa,
de asociación y de expresión. Se sumaron las guías a través
de las cuales la sociedad podía expresarse autónoma y democráticamente.
Los ideales de los fundadores de nuestra independencia y nacionalidad se
convirtieron en desgastadas consignas sin otra alternativa que la callada
resignación.
La depauperación progresiva de la economía socavó otros
factores: se produjo la censura en los medios sociales de comunicación
puestos al servicio del estado patrón, limitándose
severamente la libre expresión del pensamiento; se redujo al mínimo
la influencia de las viejas generaciones sobre las más nuevas, enajenando
a los jóvenes y sometiéndolos a un modelo propagandístico
carente de valores; la enseñanza se supeditó a un programa diseñado
con el interés de suplantar principios éticos y morales. La
cultura nacional se volvió un negocio, sujeto a reglas y mecanismos
empresariales integrados en el inflexible campo de las directivas ideológicas.
Para fundamentar históricamente este análisis hemos
seleccionado cuatro sectores de la economía cubana antes de 1959, apoyándonos
en datos de la época. Esta selección priorizó estos
sectores por ser los que actualmente registran un mayor deterioro.
Industria azucarera
Durante los primeros años del periodo republicano la producción
azucarera cubana fue aumentando gradualmente. En 1925, Cuba logró por
primera vez una zafra superior a los 5 millones de toneladas, cifra que también
sobrepasó en 1929. En 1934, se rebajó la cuota azucarera cubana en
el mercado estadounidense, a un 28,6 %, contra una participación histórica
de más del 50 %.
Pero a partir de 1944, con motivo de la II Guerra Mundial, la producción
azucarera cubana inicia una etapa de sostenido florecimiento, alcanzando un
nivel máximo de más de 7 millones de toneladas, en 1952, a pesar
de que en 1933, los azucareros cubanos habían firmado el convenio de
Londres, por el cual se vieron obligados a reducir su producción a menos
de 5 millones de toneladas métricas anuales.
En 1958, Cuba tuvo una participación del 12, 3 % en la producción
mundial, al procesar sus ingenios más de 5 millones de toneladas en
apenas 57 días. En 1959, existían en Cuba 161 ingenios, de los
cuales 121 eran cubanos, 26 norteamericanos, tres españoles y uno francés.
En 1939, los ingenios norteamericanos produjeron el 55 % del total de azúcar,
contra sólo el 22% de los ingenios cubanos. En 1958, sin embargo, los
ingenios cubanos produjeron el 62% del total y los norteamericanos sólo
el 37 %.
La zafra de 1999 se prolongó por más de 150 días y
apenas alcanzó los 4,5 millones de toneladas de azúcar, con una
marcada indiferencia productiva, bajos índices de recobrado, excesivas pérdidas
por interrupciones operativas, poco aprovechamiento de las capacidades
instaladas y otras irregularidades difíciles de cuantificar por el
conocido hermetismo que caracterizan los actos del gobierno cubano y su negativa
a hacer públicas las estadísticas oficiales, excepto aquéllas,
muy pocas por cierto, que le resultan favorables.
Industria tabacalera
A principios del siglo XIX, en la ciudad de La Habana existían unas
300 fabricas de tabaco y 21 de cigarrillos, una cifra comparativamente superior
a la del resto de los países de América Latina. En 1850, Cuba
contaba con 38 fábricas de cigarrillos y más de 1,200 de tabacos
en rama y torcido. A pesar que la producción cigarrera y tabacalera
representaba apenas el 1 % de la producción mundial, la alta calidad del
tabaco cubano lo hacía figurar entre los principales países
exportadores, tanto de tabaco en rama, como torcidos, considerados los mejores
del mundo.
La fabricación del tabaco ofertaba empleos a 200 mil personas y a
pesar de la inversión extranjera registrada en los primeros años
del siglo XX, predominaba en ella el capital cubano. En 1958 Cuba produjo más
de 600 mil toneladas de tabaco, de las cuales 42 mil se lograron en la zona de
Vuelta Bajo, provincia de Pinar del Río y en la región de
Remedios, provincia de Las Villas. Ese mismo año, Cuba disponía de
cerca de mil fábricas de tabaco, de las que 700 empleaban menos de 25
obreros y sólo 25 utilizaban alrededor de 100 torcedores.
Estas fábricas, casi todas pequeñas y medianas, empleaban unos
8 mil torcedores y 525 anilladores, es decir un promedio de menos de 9 obreros
por fábrica. La producción de cigarrillos alcanzó en 1939
la cantidad de 9,300 millones de unidades, fabricadas en 24 industrias, que
daban empleo a unos 4 mil cubanos.
Ganadería
La ganadería cubana ha transitado por un proceso de franco deterioro
en los últimos 40 años. La distribución de carne de res y
sus derivados, está sometida a un sistema de racionamiento con 38 años
de existencia y la masa ganadera ha decrecido en cerca de un 60 %. Antes de
1959, la ganadería cubana representaba más de la quinta parte del
valor total de la producción agrícola de la isla. Unas 20 mil
fincas especializadas en la producción ganadera daban empleo a alrededor
de 100 mil personas, dos terceras partes de las cuales trabajaban todo el año.
Después del cultivo de la caña de azúcar, la ganadería
era la segunda fuente de empleo en el campo cubano. La amplia distribución
de la crianza del ganado en 1952, según el censo ganadero de ese año,
reportaba 147 mil pequeñas, medianas y grandes propiedades. En unas 300
mil caballerías de tierra, pastaban 6 millones de cabezas de ganado. La
mayor concentración del ganado vacuno se localizaba en Las Villas, Camagüey
y Oriente, con el 75 % del total nacional.
En 1956, se calculó en 500 mil el número de reses que se
sacrificaban anualmente en Cuba. El consumo promedio era de 114 libras per
capita anual. En La Habana, este consumo era de 213 libras y de 58 libras en el
resto del país.
La industria de los derivados de la ganadería mostraba igualmente
impresionantes indicadores. La producción de leche del año 1957
fue de 700 millones de litros. El aumento de la producción de quesos,
mantequilla, carnes enlatadas, tasajo, pieles y suelas se estimó entre un
10 y un 25 %, en la década de 1950.
Industria Alimenticia
Grandes, medianas y pequeñas empresas, producían una amplia
variedad de productos alimenticios. Unas 350 fábricas de alimentos
abastecían el mercado interno de conservas de frutas, mariscos,
refrescos, maltas, legumbres, leche fresca, en polvo, condensada y evaporada,
confituras, dulces, etc. Más de 50 mil cubanos dependían económicamente
de la industria alimenticia. Sólo la industria de conservas del pescado,
que inició su comercialización intensiva en 1940, alcanzó
10 plantas procesadoras en 1957. La producción principal era a base de
langostas, atún, bonito, sardinas y albacora, todas a precios módicos
y de alta calidad.
En la década de los años 50 se introdujo una novedosa tecnología
para la congelación de colas de langosta y ancas de rana. Entre 1950 y
1954, la producción anual de esos productos alcanzó las 25 mil
toneladas, de las cuales el 70 % se destinó al mercado interno.
Durante casi 30 años, la industria cubana sufrió los reveses
de un proyecto económico voluntarista y disparatado que en términos
absolutos redujo la producción del país a niveles que apenas
llegaron a satisfacer el 20 % de la demanda nacional. Fueron desapareciendo del
mercado muchos productos que históricamente se ofertaban a precios
accesibles y de óptima factura en una amplísima red de pequeños,
medianos y grandes establecimientos comerciales.
La agricultura y las industrias y transformativas del vestido, la gráfica,
del papel y el plástico, de la construcción, del calzado, la
textil y la química, entre otras, redujeron producciones y surtidos bajo
la rectoría de un plan elaborado centralizadamente, que modificó
no sólo las técnicas de gestión empresarial, sino que alteró
sustancialmente los hábitos de consumo de la población.
La experiencia de la Unión Soviética y demás países
socialistas de Europa del Este se introdujo en Cuba de manera absoluta, todos
los sectores civiles y militares recibieron asesoramiento de la URSS y sus
aliados. Pero no sólo se aplicaron fórmulas de esos países
en el terreno económico. La cultura, el arte, la educación, la
salud, el deporte, la administración del estado, el cine, la radio y la
televisión también fueron literalmente invadidos por experiencias
y prácticas soviéticas.
El ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME)
representó uno de los capítulos más desafortunados de
nuestra breve pero fructífera historia económica republicana. Al
desaparecer la Unión Soviética y sus aliados, Cuba perdió
el 80 % de su mercado exterior, la obsoleta tecnología de esos países,
incluyendo al nuclear, se convirtió en un montón de chatarra.
Es difícil, al menos por ahora, evaluar los resultados de aquel
gigantesco experimento que increíblemente funcionó por más
de 30 años. El impacto que produjo en la economía es palpable, sus
consecuencias sociológicas y sociales conforman una difícil tarea
para el futuro.
En 1991, el estado patrón estaba ante una difícil y
dramática disyuntiva, se adaptaba a la idea que su soporte financiero e
ideológico había desaparecido, adecuándose a las realidades
de un mundo que avanzaba aceleradamente hacia la globalizacion o sencillamente
desaparecía. Se iniciaba una nueva etapa de nuestra retorcida historia,
el Período Especial en Tiempo de Paz y la eventualidad de la temible Opción
Cero.
El Período Especial redujo aún más la producción
de bienes y servicios, sometiendo a la economía a un modelo sin
antecedentes en nuestra historia. Un nuevo experimento se elaboraba, la consigna
de Socialismo o Muerte trató de acallar el ruido que produjo el
estrepitoso derrumbe del Muro de Berlín.
El dólar estadounidense se instaló como moneda, patrón
referencia de las transacciones comerciales internas. Tener un dólar en
el bolsillo llegó a ser más importante que un carnet de militante
del Partido Comunista de Cuba (PCC). La pureza revolucionaria se disolvía
bajo los efectos de un extraño diluente. El jineterismo, ese neologismo
surgido en Cuba al no querer llamar las cosas por su verdadero nombre, el
proxenetismo y la criminalidad asociada a tales lacras impusieron sus reglas.
Comenzaba una etapa en la cual el estado patrón, con lacerante
reticencia abrió sus puertas a la cambiante realidad internacional.
El 8 de septiembre de 1993, fue promulgada la Ley 141, que autorizó
el Trabajo por Cuenta Propia y la Resolución Conjunta 1, de los
Ministerios de Trabajo y de Finanzas, que complementaban los enunciados de la
Ley. El 19 de febrero de 1994, el Consejo de Ministros promulgó el
decreto 186, sobre Contravenciones Personales, para el sector por cuenta
propia y en noviembre de 1995, el Ministerio del Trabajo a través de
la resolución 10, autorizó a los graduados universitarios ejercer
labores por cuenta propia que no guardaran relación con sus
correspondientes profesiones. Ese mismo año es promulgada la resolución
conjunta 4, suscrita por los Ministerios de Trabajo y de Finanzas, que amplió
el número de oficios y actividades a ejercer por cuenta propia.
Legalmente están autorizadas 117 actividades y oficios, 16 de ellas
relacionadas con el transporte y aseguramiento y apoyo; con la reparación
de viviendas, 12; con la agricultura, 16; con las necesidades personales y
familiares, 39; con las necesidades del hogar, 12, y bajo el título de
otros se incluyen 22 oficios y actividades.
Para cualquier observador foráneo este trabajo de legalización
del trabajo por cuenta propia, podría interpretarse como una
apertura del gobierno cubano, pero la realidad es otra. Hablar de un surgimiento
de pequeñas y medianas empresas en Cuba es un tapujo limítrofe con
el sarcasmo.
En diciembre de 1995, estaban registrados en todo el país alrededor
de 208 mil trabajadores por cuenta propia incluidos los transportistas.
Cálculos conservadores sitúan esa cifra en unos 150 mil para
finales de 1999. Se trata de los efectos de una política generalizada
contra toda actividad económica independiente, incluyendo las agrícolas,
que apunta hacia la desaparición del sector cuenta propista. La
publicitada recuperación de la economía cubana, podría
significar una reconsideración de la apertura, que permitiría al
estado patrón reasumir su protagonismo en la esfera de la
producción, la distribución y los servicios.
No puede olvidarse que la lógica totalitaria se debilita ante la
posibilidad de la independencia económica, generadora de independencia
política, que a los fines del estado patrón es muy
riesgosa.
El llamado sector cuentapropista no dispone de adecuadas condiciones
técnicas, financieras y materiales para su desarrollo. Su desventaja
frente al sector estatal es enorme y mucha más con aquél donde
interviene la inversión extranjera, que paradójicamente disfruta
de innumerables privilegios vedados a los empresarios cubanos.
Cuando comparamos el cúmulo de regulaciones legales dictadas por los
casi 10 organismos estatales que controlan y fiscalizan a los trabajadores
por cuenta propia comprendemos el poco interés del estado patrón
por propiciar su desarrollo. Para los que prefieren creer que efectivamente se
trata de pequeños y medianos empresarios es útil que repasen estas
consideraciones:
Primera: Los Paladares o restaurantes privados, sólo pueden poseer 12
sillas.
Segunda: Los transportistas son considerados personal contratado por el
Ministerio de Transporte sujeto a sus disposiciones administrativas y metodológicas.
Tercera: Las personas que rentan habitaciones a extranjeros no pueden
ofertar simultáneamente servicios gastronómicos o de transporte.
Cuarta: Los oficios que requieren de piezas de repuesto, accesorios,
materias primas, materiales intermedios, etc. no cuentan con un adecuado
aseguramiento. Las pocas tiendas habilitadas por el estado con ese objetivo sólo
venden por dólares.
Quinta: Está legalmente prohibida la contratación de personal
de apoyo para las actividades y oficios por cuenta propia. El rudimentario
registro contable de sus operaciones corre a cargo de personas con conocimientos
de contabilidad, pero sin autorización para ejercerlo legalmente.
Sexta: Está prohibido ejercer actividades por cuenta propia en
determinadas zonas porque el estado fija la ubicación de los
cuentapropistas.
Séptima: Los trabajadores por cuenta propia no pueden establecer
negociaciones independientes entre ellos, ni asociarse en organizaciones autónomas
para defender sus intereses. La oficialista Central de Trabajadores de Cuba, ha
intentado afiliar en los sindicatos nacionales a los trabajadores por cuenta
propia, pero la cifra de afiliados es ínfima. Tal vez la ilusión
de ser propietarios los aleja de la realidad de ser proletarios.
Octava: En los polos turísticos, la actividad por cuenta propia está
rigurosamente controlada. En la playa de Varadero, por ejemplo, está
prohibido el alquiler de casas, apartamentos o habitaciones y la instalación
de paladares.
Novena: Está prohibido el acceso a los medios de comunicación
social y la difusión comercial de las actividades por cuenta propia.
Décima: En el sector agropecuario, no se garantiza el aseguramiento
de instrumentos de labranza, semillas, abonos, plaguicidas, equipos, etc.
Oncena: Los impuestos y las licencias son excesivamente altos en todas las
actividades y oficios por cuenta propia.
Duodécima: Las multas que se imponen por las más leves
transgresiones de la voluminosa legislación vigente son exageradas y
abusivas.
Decimotercera: A los elaboradores vendedores de alimentos les exigen el
cumplimiento de normas higiénicas y sanitarias desproporcionadas, que no
se corresponden con el ambiente insalubre que rodea sus modestas instalaciones.
Decimocuarta: Los transportistas son sistemáticamente asediados por
inspectores estatales y agentes de la policía de tránsito, los
cuales le plantean exigencias casi siempre descabelladas. La mayoría de
los transportistas viajan acompañados de una enorme cantidad de
documentos, que de no poseerlos, incluso por involuntario olvido, puede
significarle la suspensión de la licencia o la imposición de una
fuerte multa.
Decimoquinta: Actividades y oficios que en otros tiempos gozaban de la mayor
atención del estado y de un justo tratamiento impositivo, hoy son
sometidas a un método que no favorece su desarrollo y generalización.
Un estudio realizado en la Ciudad de La Habana, sin todo el rigor que las
investigaciones sociales y económicas demandan, pero acomodado a las
realidades de una sociedad totalitaria reveló lo siguiente:
La cifra originalmente reportada en 1995, de 170 paladares, se redujo en
abril del 2000 a 127. Su estructura por municipios se detalla a continuación:
|
AÑOS
|
|
Municipios
|
1995
|
Abril 2000
|
Centro Habana
|
33
|
29
|
Cerro
|
6
|
3
|
Marianao
|
9
|
8
|
Plaza de la Revolución
|
28
|
20
|
La Lisa
|
5
|
3
|
Playa
|
40
|
28
|
Cotorro
|
4
|
2
|
Habana del Este
|
6
|
3
|
Arroyo Naranjo
|
4
|
2
|
Boyeros
|
3
|
2
|
10 de Octubre
|
10
|
8
|
Guanabacoa
|
2
|
2
|
Regla
|
1
|
1
|
San Miguel del Padrón
|
1
|
2
|
Habana Vieja
|
18
|
14
|
Total
|
170
|
127
|
Fuente: Instituto Cubano de Investigaciones Socio
Laborales y Económicas Independientes. Federación Sindical de
Plantas Eléctricas, Gas, Agua y anexos de Cuba.
Seleccionamos las paladares, por tratarse de la actividad más
representativa del sector cuneta cuentapropista en la Ciudad de La
Habana y posiblemente a nivel nacional, dado el volumen de sus ingresos y la
satisfacción de una necesidad muy demandada.
Se estima que los ingresos netos de los propietarios de las paladares que
continúan funcionando se han reducido más de un 30 %, tanto en
moneda nacional como en dólares, mientras que los impuestos se mantienen
inmóviles, así como los precios en el mercado interno.
Un Estudio del Instituto de Investigaciones Económico (INIE),
estatal, reveló que en 1999 el nivel general de los precios en moneda
nacional era de un 140 % superior a los de 1989. Pero si se incluye el índice
de precios del mercado en dólares, el incremento sería del 180 %.
Contradictoriamente, desde 1989 el promedio salarial no se ha movido.
No existen indicios de un programa estatal dirigido al fomento de las pequeñas
y medianas empresas. El protagonismo del estado ha aplastado literalmente la
iniciativa empresarial independiente excepto aquélla donde el estado es
contra parte. Es igualmente oportuno subrayar que la inversión de capital
extranjero en la economía cubana no ha estado dirigida hacia sectores
vinculados directamente al incremento de la calidad de vida de la población.
El sector turístico e inmobiliario y en menor cuantía el de
las industrias extractivas, están apoyando financieramente servicios
claves para el pueblo, aunque los 800 millones de dólares que se estima
ingresan anualmente al país por concepto de remesas familiares no son una
cifra nada despreciable.
El principal obstáculo que se interpone en el camino de las pequeñas
y medianas empresas cubanas no es otro que la obstinada política del
estado de no perder el control de la economía, bajo los efectos de una
desfasada ortodoxia marxista, con sus naturales incongruencias económicas,
sus incoherencias sociales y sus innumerables contradicciones políticas y
filosóficas.
El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas requerirá de
un profundo desmontaje de toda la plataforma legal que lo frena, que implica
desde la Constitución de la República hasta el Código del
Trabajo.
La libertad empresarial requiere de otras libertades civiles y políticas,
requiere en primer lugar de una declaración oficial que reconozca el
interés del estado por promover empresas pequeñas y medianas con
amplias garantías legales, éticas y morales. Pero más que
declaraciones, resultan impostergables las acciones concretas en esa dirección.
Cuba, como todos los países, necesita desarrollar y explorar todas
sus potencialidades económicas. Aparte de las acciones políticas
que se emprendan, el desarrollo perspectivo de las pequeñas y medianas
empresas cubanas encara los siguientes retos:
Primero: Dictar medidas de protección para todas las actividades
y oficios por cuenta propia.
Segundo: Rescatar para el país las tradiciones de su sector
empresarial, adecuándolas a las exigencias, necesidades y realidades de
un mundo interconectado e interdependiente.
Tercera: Renunciar al monopolio del poder político, como requisito básico
para la renuncia del poder económico.
Cuarto: Promover con ayuda oficial directa o mediante la iniciativa privada,
toda empresa capaz de prosperar y desarrollarse en Cuba, priorizando a los
ciudadanos cubanos, aun aquéllos que residen en el exterior.
Quinto: Estimular la orientación del crédito, con bajos
intereses y elevados plazos, hacia el fomento de pequeños y medianas
empresas, en sectores, ramas y servicios deficitarios del comercio, la gastronomía,
los servicios personales, la agricultura, el transporte y las
telecomunicaciones.
Sexto: Liberar el mercado interno de las trabas burocráticas que lo
entorpecen y adulteran, reduciendo a lo mínimo posible la intervención
del estado.
Séptima: Revisar la política de comercio interior y exterior,
de precios, de salarios, de impuestos y de empleos, para ponerlas al servicio de
los intereses sociales.
Octavo: Autorizar la importación con bajos aranceles de medios,
equipos, materias primas, productos intermedios, accesorios, piezas de repuesto
y otros recursos materiales destinados al fomento de las pequeñas y
medianas empresas.
Novena: Permitir la creación de pequeñas y medianas empresas
que brinden servicios paralelos a los del estado, explorando incluso el sector
educacional y de la salud.
Décima: Revisar las leyes relativas al sector agropecuario y
proveerlo de fórmulas que garanticen su pleno desarrollo en áreas
tan sensibles como la libre elección de los cultivos, la participación
directa en el mercado y la fijación de precios más flexibles.
Oncena: Protección de los artesanos, favoreciendo el mejoramiento e
incremento de sus producciones y la creación de diversos tipos de
cooperativas.
Duodécimo: Permitir la asociación libre, con intereses
ramales, sectoriales, territoriales o profesionales, favoreciendo el intercambio
y transferencia de tecnología, créditos y recursos dentro del
sector por cuenta propia.
Decimotercero: Saneamiento y descentralización de la administración
pública, no sólo eliminando la corrupción, el soborno y
otras deformaciones, sino también el burocratismo, el papeleo, los trámites
innecesarios en los asuntos que interesan a los pequeños y medianos
empresarios y a toda la sociedad.
El poder político y administrativo debe dejar de ser un instrumento
de coacción y un medio para obtener prebendas y beneficios, para
convertirse en servicio a la nación, instrumento de soberanía y
garantía del bien común.
Disfrutar del desarrollo es ofrecerle al ser humano la posibilidad de
disfrutar de la libertad y de la democracia en su más genuina y amplia
manifestación. Las libertades civiles, políticas y culturales,
entre otras, deben presidir cualquier intento de renovación económica.
Las libertades de organización, de asociación con fines pacíficos,
de palabra, de religión, etc., deberán ser no sólo
respetadas, sino ampliadas, mejoradas, protegidas y garantizadas, para que la
República logre al fin la anhelada meta, inconclusa aun, de ser
verdaderamente de todos y para el bien de todos.
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