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No viene el Relator

Miriam Leiva

LA HABANA, Cuba, noviembre (www.cubanet.org) - El 29 de enero, Felipe Pérez Roque, entonces canciller, anunció a bombo y platillo la invitación oficial al Sr. Manfred Nowak, Relator de la ONU sobre la Tortura, para una visita durante 2009. Seguía el guión gubernamental de procurar engatusar a las instituciones de derechos humanos y la opinión pública internacional, para limpiar la imagen nefasta del régimen, descubierta abruptamente durante la represión de 2003. El  Presidente Raúl Castro ofrecía una cara pragmática, prometía cambios y creaba la ilusión de que se disponía a modificar el historial de derechos humanos.

Con esos propósitos, el gobierno cubano firmó los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que su dócil Asamblea Nacional no ha ratificado, así como acogió al Relator para la Alimentación, antiguo conocido que siguió el guión, no se reunió con la sociedad civil, y redactó un informe beneficioso para sus anfitriones.

El Sr. Manfred Nowak, en sus declaraciones públicas desde que fuera invitado, ha expresado su decisión de llevar a cabo con responsabilidad el contenido de su cargo, que contempla la visita sin previo aviso a centros de detención, sean de la policía, la justicia o psiquiátricos, y a entrevistarse con todo tipo de presos, incluidos los políticos.  

Hubo ansiedad entre los prisioneros de conciencia, condenados a penas de hasta 28 años durante la asonada de marzo de 2003, y sus familias, porque tendrían la oportunidad de exponer las condiciones crueles que han afrontado. Ellos y las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado su preocupación de que el Sr. Nowak tuviera dificultades para reunirse con ellos, teniendo en cuenta que el gobierno niega su existencia, y los cataloga de enemigos contrarrevolucionarios al servicio de Estados Unidos, lo cual no es cierto, y por tanto, los encierra con reos comunes de alta peligrosidad. Incluso, podrían presentar al Relator supuestos presos agentes de Seguridad del Estado, guardias o reos comunes que buscarían beneficios a cambio de falsear la realidad.

Si bien las autoridades eluden las torturas físicas que dejen marcas visibles, tanto la física como la psíquica se ejecutan frecuentemente. Desde el Artículo 1 de la parte I de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes adoptada en 1984, que entró en vigor el 26 junio de 1987, suscrita por el gobierno de Cuba en esa fecha, y ratificada el 17 de mayo de 1995, se puede comenzar a verificar tal afirmación:

1.A. Se entenderá por el término de tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa personas o otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público y otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

Igualmente, existen documentos regulatorios del régimen carcelario, como las reglas mínimas para el Tratamiento de Prisioneros de la ONU y reglamentos para el personal médico y paramédico, que no se cumplen en Cuba. 

El Sr. Nowak, en conferencia de prensa el 20 de octubre pasado, al presentar su informe anual ante la Asamblea General de la ONU, manifestó que inicialmente propuso viajar a La Habana en septiembre, luego octubre, y le contestaron que era demasiado temprano, que mejor noviembre. Reconoció sentirse decepcionado, ya que había reservado ese mes, lo cual le privó de realizar otras misiones, aunque espera que el gobierno cubano cumpla la promesa, formulada en la carta de febrero, y que comunicara este mes a la comunidad internacional durante el Examen Periódico Universal a Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Los movimientos de reos en las cárceles superpobladas y con las peores condiciones, así como las lentas y cosméticas reparaciones iniciadas en algunas de ellas parecen preparativos para la eventual visita del Relator. Pero deberían preocuparse por modificar el tratamiento a los reos en general y, sobre todo, rectificar las prolongadas e injustas condenas impuestas a los prisioneros de conciencia y políticos. 

Mientras en Estados Unidos las apelaciones de los cinco espías han sido analizadas, y ya se modificó el fallo judicial de Antonio Guerrero, a los presos políticos cubanos, en su Patria, no se les revisan las causas. Arturo Pérez de Alejo se dirigió al Tribunal Supremo de Cuba, que desestimó atenderlo. Ese hombre, enfermo, en la cárcel por expresar sus ideas, años atrás expuso su vida peleando junto al gobierno cubano que decía proponerse lograr la libertad para el pueblo de Angola. Ejemplos similares hay muchos entre nuestros presos.

 

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