La incertidumbre de Julia

Miguel Iturria Savón

LA HABANA, Cuba, diciembre (www.cubanet.org) - Julia Estrella Aramburu Taboas, vecina de Águila 836, Habana Vieja, no pasará este fin de año con su hijo Harold Alcalá ni con su sobrino Maikel Delgado. Ambos están presos en la prisión Combinado del Este, sentenciados a cadena perpetua desde la primavera de 2003.

Harold tenía 23 años y Maikel 29 cuando abordaron la lancha Baraguá que atraviesa la bahía de La Habana rumbo al poblado de Regla. No querían dar un paseo, sino huir del país hacia La Florida junto a otros jóvenes de sueños rotos. Harold y Maikel no llevaban cuchillos, pistolas ni usaron la violencia o la intimidación contra los pasajeros convertidos en rehenes, aunque eso no los exime de responsabilidad.

No llegaron a su destino, sino al puerto del Mariel, donde se entregaron al comando del Ministerio del interior que les prometió reabastecerlos de combustible al entregar a los pasajeros. Los agentes no cumplieron lo pactado. La cárcel y un Juicio sumarísimo sellaron el destino de los jóvenes secuestradores. No mataron ni lesionaron a nadie, pero tres de ellos fueron ejecutados, cuatro condenados a cadena perpetua, uno a tres décadas de prisión (Wilmer Ledea Pérez) y tres a penas menores.

Desde entonces Julia Estrella Aramburu Taboas lucha por la modificación de tan drásticas condenas. Apenas duerme, consulta a juristas, elabora y envía documentos a las máximas instancias del país. Sabe que sus descendientes cometieron un delito que puso en peligro la vida de personas inocentes.

“No pido la excarcelación sino la revisión del caso. Ni Harold ni Maikel tenían antecedentes penales. Los abogados me dicen que la sanción es desmedida y no guarda relación con la conducta personal, la participación y acciones derivadas del intento de salida ilegal del país en una embarcación estatal. En la narrativa de la sentencia no se describe ninguna otra acción a no ser la de copartícipe”.

Julia presentó  dos solicitudes sobre el caso. La primera al Departamento de Revisión Penal de Ciudad de La Habana, respondida el 24 de octubre de 2007. La otra al Tribunal Supremo de la República, el 14 de julio de 2009. Un mes después le pidió un despacho al Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, quien no pudo atenderla por exceso de trabajo.

La primera vez le notificaron que “no había variado el contexto político social en el que se desarrollaron los hechos, que el caso quedaba archivado”. Los del Tribunal Supremo dijeron que no se daba lugar a responder el procedimiento de revisión. ¿Será que hay una orden inamovible al respecto?