Cuba suspende licencias a 14 firmas extranjeras

WILFREDO CANCIO ISLA

El Nuevo Herald

El gobierno cubano suspendió las licencias de 14 firmas extranjeras por presuntas actividades ilícitas que vinculan a dependencias estatales bajo el control de GAESA, el poderoso consorcio empresarial de las Fuerzas Armadas (FAR).

Según fuentes del Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) y la Cámara de Comercio de Cuba consultadas por El Nuevo Herald, la cancelación de las licencias fue notificada a los representantes comerciales extranjeros entre el 17 y 18 de marzo, luego de una investigación interna que arrojó irregularidades en los nexos establecidos con la compañía Tecnotex y la cadena de tiendas TRD Caribe, ambas administradas por GAESA.

"Hubo un ‘explote' [escándalo] en Tecnotex por relaciones turbias con empresarios extranjeros'', dijo un empleado del MINCEX que pidió el anonimato. "Se comprobó que además de relaciones de amistad había algunos negocios turbios''.

El informante agregó que "la decisión vino del más alto nivel'' con la orientación de que se actuara "rápida y enérgicamente''.

Aunque no pudo obtenerse la relación completa de las firmas foráneas suspendidas, una fuente de la Cámara de Comercio de Cuba aseguró a El Nuevo Herald que dos representaciones italianas, Agridea y Bella SRL, están en la "lista negra''.

Ambas funcionaban como proveedoras de mercancías a Tecnotex, TRD Caribe y otras empresas estatales.

El representante de Bella SRL es el empresario italiano Humberto Bella, con amplias relaciones en el ámbito comercial y financiero de la isla.

Además de la cancelación de licencias a representaciones extranjeras, las fuentes del MINCEX dijeron que han sido sancionados varios funcionarios y empleados de Tecnotex y TRD Caribe relacionados con el trasiego de mercancías y actividades de corrupción.

Tecnotex es la principal compañía de importación y exportación del sistema empresarial de las FAR y es dirigida por el coronel René Rojas Rodríguez. Tiene oficinas en China, donde concentra sus operaciones de adquisición de piezas de repuesto y accesorios de automóviles, materiales de construcción, equipos electrodomésticos y computadoras.

TRD Caribe es una cadena que opera más de 400 establecimientos de ventas en divisas a lo largo de la isla, con ingresos anuales que superan los $100 millones. Está dirigida por el militar retirado Alexis Mejías Zamarión.

GAESA, como se conoce al Grupo de Administración Empresarial S.A., del Ejército cubano, es la sombrilla empresarial que abarca una docena de corporaciones nacionales. Desde febrero pasado está presidido por el mayor Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, yerno del gobernante Raúl Castro y funcionario de reconocida trayectoria en la esfera financiera.

Rodríguez asumió la máxima responsabilidad al frente de GAESA luego que su anterior presidente, el general de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro, de 72 años, fue designado ministro de las FAR en sustitución de Raúl Castro, al constituirse el nuevo Consejo de Estado el 24 de febrero.

En esa oportunidad, Raúl Castro elogió largamente el desempeño de Casas Regueiro por "sus éxitos en el frente económico'' y "su sentido práctico del ahorro'' dentro de las FAR.

La decisión de cancelar licencias a representaciones comerciales en Cuba se produce en momentos que el MINCEX valoraba la suspensión de más de un centenar de ellas, proveedoras de alimentos, bebidas y otros insumos para el mercado minorista en divisas.

El Nuevo Herald reveló la semana pasada que el gobierno cubano consideraba vetar las operaciones de unas 160 firmas registradas ante la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales (ACOREC) con la intención de priorizar inversiones de mayor capital y estimular la producción nacionales.

Extraoficialmente trascendió que la lista de posibles cancelaciones ha quedado en 110, que no incluye a las 14 firmas suspendidas la pasada semana.

Se calcula que la medida podría afectar a unos 3,000 empleados cubanos que trabajan para firmas extranjeras bajo contrato de ACOREC.

El mayor caso de corrupción ocurrido en Cuba por vínculos de funcionarios gubernamentales con firmas extranjeras se remonta al 2003, cuando una decena de ejecutivos y empleados del MINCEX y la corporación estatal CIMEX fueron condenados a penas máximas de 20 años de cárcel.

Raúl Castro emitió el año pasado un decreto para combatir la corrupción, con penalidades más estrictas para los dirigentes y funcionarios gubernamentales que incurran en delitos económicos.