La amnesia del Vaticano

MARIA C. WERLAU

La reciente visita a Cuba del cardenal Bertone, secretario de Estado de la Santa Sede, deja claro nuevamente que el Vaticano peca de un profundo y siniestro olvido ante los crímenes del castrocomunismo. Entre innumerables aberraciones se destaca el silencio de la Iglesia Católica con respecto a los fusilamientos y asesinatos o los largos y viles encarcelamientos de líderes religiosos católicos y de otras denominaciones. Pero un incidente en particular llama la atención por ser la nunciatura en La Habana, sede diplomática del Vaticano, el escenario que dio pie a una gran injusticia. Con el caso de los hermanos García-Marín Thompson, fusilados de 21, 25 y 19 años respectivamente, se escribe uno de los capítulos más infames de la historia de una Iglesia Católica que rehúsa denunciar los atropellos de la dictadura castrista. La triste historia emerge de informes de organizaciones internacionales y el desgarrante testimonio de Ricardo Bofill, uno de los fundadores del movimiento de derechos humanos de la isla, quien sirvió prisión con los hermanos y los acompañó hasta su noche final.

Los hermanos Cipriano, Eugenio y Ventura García-Marín Thompson fueron fusilados en 1981 en la prisión-fortaleza de la Cabaña, en La Habana, meses después de su captura en un intento de salida del país, lo que no es ''ilegal'' en casi ninguna parte del mundo. De procedencia muy humilde, eran miembros de los Testigos de Jehová, congregación muy perseguida por el gobierno cubano por someterse sólo a Dios. Al menos uno había sido preso político, pero los tres habían recibido varias advertencias de que serían encarcelados por violaciones a la ''ley de peligrosidad''. Después de intentar el asilo político en la embajada del Vaticano durante varias semanas, el 3 de diciembre de 1980 los tres hermanos junto a dos hombres y tres mujeres forzaron la puerta de la Nunciatura y solicitaron asilo. Horas más tarde, un equipo elite de tropas especiales del Ministerio del Interior asaltó la embajada. Curiosamente estaban al mando del coronel Antonio de la Guardia, quien años después fuera fusilado por el mismo régimen al que servía entonces, el monstruo que devora a sus propios hijos.

Todos los refugiados fueron apresados y los hermanos llevados a la sede de Seguridad de Estado en Villa Marista. Allí trataron de obligarlos a filmar un video inculpándose con falsedades, a lo cual se negaron valientemente. Después de un juicio sumarísimo, el fiscal Carlos Amat les anunció sentencia de muerte, acusados de haber matado a un empleado cubano de la embajada. Una madrugada meses más tarde, las autoridades de La Cabaña, donde habían sido encarcelados, sacaron a los tres de sus celdas y se presume que fueron fusilados, aunque nunca se confirmó su suerte o paradero.

El gobierno cubano sostuvo que los refugiados estaban armados con una pistola, pero varios testigos insistieron que estaban desarmados y así lo aseveraron los tres hermanos hasta su día final. Luego se supo que el supuesto muerto, quien trabajaba en la embajada bajo contrato de la empresa estatal CUBALSE, era agente de la inteligencia cubana. Había usado sangre falsa para efectuar el plan ingeniado para entrampar a los refugiados. Después de su supuesta muerte, se comprobó que vivía muy saludable en el reparto Fontanar de la Habana. Los otros refugiados fueron sentenciados a prisión entre 15 a 25 años, pero puestos en libertad ocho años después cuando el caso recibió atención internacional. La madre de los tres jóvenes también pagó con años de prisión política.

En 1988, un equipo enviado a Cuba por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una misión histórica, tomó el testimonio de la señora en la residencia del embajador de España. Se vieron forzados a esta inusual cita luego de que el gobierno cubano le prohibió asistir a las vistas oficiales de la Comisión en el Hotel Comodoro de La Habana. En los años noventa, el relator especial para Cuba de Naciones Unidas, Karl John Groth, pidió sin éxito al gobierno cubano en varias ocasiones que le devolvieran los restos a la familia. La madre murió en 1992 aún clamando ''los huesitos'' de sus hijos para su entierro digno.

La acción del gobierno cubano, acostumbrado a tales excesos, no sorprende especialmente meses después del éxodo del Mariel. Pero sí deja mucho que desear la Iglesia, supuesta protectora de los necesitados, aparte de que fue su sede diplomática la violada. Existen versiones encontradas sobre si el nuncio dio o no permiso al gobierno cubano para penetrar la sede y llevarse a los refugiados. Lo que está muy claro es que posterior a los hechos la Iglesia hizo mutis y sigue sin condenar este y muchos otros crímenes contra el pueblo de Cuba.

Dtora. ejec. Proyecto Verdad y Memoria de Archivo Cuba.