Crónica           IMPRIMIR
26 de diciembre de 2007

El voto: un derecho o una prestación popular

Laritza Diversent Cámbara

LA HABANA, diciembre (www.cubanet.org) - En estos momentos, los cubanos se encuentran en pleno proceso de nominación de sus candidatos a delegados provinciales y diputados nacionales.

Esta segunda etapa de las elecciones generales para delegar los órganos representativos del poder del Estado a nivel provincial y nacional, transcurre sin ninguna significación social para la población de la isla.

Para el pueblo de Cuba es intrascendente el proceso electoral. Nuestra participación política en la toma de decisiones que afectan la vida del país se ha reducido a marcar con una cruz una hoja de papel.

Esto sucede porque casi cincuenta años de socialismo en Cuba han desvirtuado el significado y trascendencia del derecho al voto como prerrogativa fundamental y única forma de participación y autodeterminación en la vida política de la nación.

El sufragio activo (derecho a elegir) es hoy entre los cubanos una obligación que si bien, en principio no es impuesta a la fuerza, psicológicamente estamos compelidos a cumplir.

No ejercer el derecho al voto significa ser catalogado como gusano, escoria, contrarrevolucionario y antisocial. Significa que ante cualquier investigación a la que seamos sometidos por parte de las autoridades comunistas, el presidente del CDR dará cuenta de todas nuestras actividades, nivel de vida, posibilidades económicas, etc. Nos traería consecuencias negativas que incidirían en nuestras vidas laborales y sociales. Incluso pudiera poner en riesgo nuestra libertad.

Bajo esta presión psíquica es que el ciudadano cubano acude a las urnas para ejercer el derecho al voto. Pero también hay presión física y coactiva. El casi 100% de asistencia a las mesas electorales, de lo que el gobierno cubano se vanagloria, no es espontáneo. Una simple demora es motivo para que seamos requeridos por los miembros del CDR.

Lo cierto es que ejercer el voto, para nosotros, ha perdido todo interés. En la mayoría de los casos los candidatos propuestos en nuestras boletas electorales son totalmente desconocidos.

Una simple biografía de los candidatos, expuesta en sitios públicos o a través de los medios de difusión masivos, no es suficiente para que un elector decida con su voto cuál de ellos es el mejor y el más capaz para servir al pueblo.

Puedo asegurar, sin temor a equivocarme que el elector, cuando ejerce su derecho al voto, no ha leído tan siquiera esas biografías. Puede ser incluso que nunca haya visto sus rostros.

No creo que una cuartilla donde la foto del candidato ocupa un espacio considerable, nos permita conocer su trayectoria política y social. Es imposible que con esos escasos datos podamos saber cuáles son sus condiciones personales, su capacidad y mucho menos si sus intereses son consecuentes con los nuestros.

Eso se determina cuando esas personas propuestas y nominadas tengan una relación estrecha, intima y personal con sus electores. Cuando los escucharon hablar, expresarse, actuar. Pero estas elecciones cubanas están llenas de presunciones que no admiten pruebas en contra.

El simple hecho de ser propuesto y nominado supone que debemos votar por todos (voto unido o en bloque) porque son los mejores y mas capaces. A eso nos incitan los medios de comunicación social de la isla, a votar sin pensar.

Luego de la experiencia real, nos damos cuenta de la falacia de estas presunciones. La desconfianza, descontento, inconformidad e inseguridad de nuestro pueblo, nos demuestran que la prohibición contenida en la ley electoral No: 72 (art.171), sobre las campañas de propaganda electoral, no han eliminado el oportunismo, demagogia y politiquería barata que plaga el panorama político cubano.

Esta falta de significación social y desinterés por las elecciones en Cuba, sólo favorecen al juego político de la cúpula gobernante. Es precisamente por esto que ha asegurado, por más de 48 años su perpetuidad en el poder.

Son precisamente ellos los que han convertido el sufragio no en un derecho, sino en prestación popular. Han reducido nuestra participación y actuación en la vida política a los niveles más mínimos. Podemos decir, sin exagerar, que les brindamos un servicio para que ellos se mantengan en el poder.

 

 
 
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