De
la esperanza al desamparo
Naciones Unidas perfecciona cada vez más
su incompetencia sobre las violaciones de los derechos humanos en
Cuba.
Leonardo Calvo Cárdenas, La Habana
Payá critica a la ONU por la eliminación
del relator para Cuba 20/11/2007
Con gran desaliento ha recibido la comunidad pro democracia del
interior de la Isla la decisión del Consejo de Derechos Humanos
de eliminar el monitoreo que durante varios lustros atendió,
desde el sistema de Naciones Unidas, la situación de los
derechos humanos en la Isla.
Muchos ciudadanos medianamente informados y sinceramente
inquietos por el desconocimiento permanente y raigal que de los
derechos fundamentales hace el gobierno, se preguntan qué
parámetros, requisitos o criterios guían a la alta
instancia internacional para considerar que debe desatenderse de
la compleja situación cubana.
Muchos se preguntan si el pueblo, desamparado desde
el punto de vista político, jurídico e informativo,
debe pagar tan alto precio por la politización y las paralizantes
incongruencias que ha padecido durante años el sistema global
destinado a promover y proteger el respeto de los derechos humanos
en el mundo.
Ciertamente, la instalación del nuevo Consejo
de Derechos Humanos despertó no pocas esperanzas, en el sentido
de que la comunidad internacional —encabezada por las naciones
e instituciones vanguardia en la promoción de la integridad
y dignidad del hombre— hubiera encontrado los mecanismos metodológicos,
diseños y compromisos que la capacitaran para impulsar ese
respeto y garantías al más alto nivel posible.
Los demócratas cubanos creímos ver
en este nuevo órgano la posibilidad de pasar de la cíclica
confrontación política entre dos Estados adversarios
al análisis mesurado, profundo y consecuente de las carencias
estructurales y jurídicas, que hacen de Cuba el país
occidental con peor expediente en cuanto a respeto y garantías
de los derechos individuales.
A pesar de que el Consejo de Derechos Humanos sigue
siendo el único tribunal donde los criminales confesos son
jueces, la propuesta de la revisión periódica de oficio
y la posibilidad de activar más eficaces mecanismos de monitoreo
y evaluación hacían prever una más efectiva
incidencia en el tema, a nivel global y particularmente en el caso
cubano.
Ante estas expectativas, ni siquiera la elección
del gobierno cubano como miembro fundador del Consejo (gracias al
voto de varios regímenes con ejecutorias, criterios e intereses
afines a las autoridades de La Habana) inquietó demasiado
a los demócratas del patio, convencidos de que esta vez las
violaciones institucionales no quedarían incólumes.
Lo sucedido en realidad es que se han ido desmontando
poco a poco los mecanismos de monitoreo y cuestionamiento de la
situación de los derechos humanos, sin que el gobierno se
vea obligado a responder a las múltiples acusaciones y evidencias
sobre el delicado tema.
Leyes ilegales
Los presupuestos constitucionales y legales vigentes
desconocen y violan los más elementales derechos, las autoridades
y funcionarios no respetan los derechos y potestades ciudadanos
reconocidos legalmente, para lo cual se amparan en la impunidad
y falta de transparencia de una sociedad corporativa. En la Isla
no existen mecanismos independientes de promoción y protección
de los derechos humanos, ni ejercicio independiente del derecho.
Por otra parte, el tema de los derechos humanos permanece
excluido del sistema de educación y el gobierno no decide
adherirse a los instrumentos jurídicos internacionales que
los promueven y protegen. Esta especie de licencia internacional
se le concede a un gobierno que durante años ha incitado
y dirigido la violencia callejera y los pogromos fratricidas contra
los que se atreven a expresar criterios divergentes.
Cuba se encuentra incluso muy lejos de naciones como
China y Vietnam, que, con casi nula tradición democrática
y manteniendo férreo control del poder y altas cotas de exclusión
y represión, han abierto considerables espacios al desenvolvimiento
económico, cívico y social de sus ciudadanos. Esto
ha posibilitado un considerable avance en desarrollo y bienestar,
constituyendo además un basamento válido en la lucha
por el respeto a todos los derechos.
La violación de los derechos económicos
y sociales de los cubanos, así como de sus prerrogativas
cívicas, llega al punto de establecer la exclusión
y discriminación de los ciudadanos por motivo de la nacionalidad,
a favor de los espacios, beneficios y prebendas que se conceden
a los extranjeros, favorecidos por esa especie de apartheid empresarial,
médico, turístico y educativo que arremete la sensibilidad
humana y la autoestima nacional.
Animando la represión
A lo dicho se agrega la reciente visita realizada
a la Isla por el relator especial de la ONU para el derecho a la
alimentación, quien sólo vio y escuchó lo que
los representantes del gobierno quisieron mostrar y decir. Sin molestarse
en consultar fuentes alternativas o vivencias reales, se apuró
a elogiar la ejecutoria de las autoridades en esta materia.
Tampoco reparó en un hecho público
y notorio: a pesar del control monopólico que mantiene el
régimen sobre la producción y distribución
alimentaria, el país afronta graves problemas de disponibilidad
y acceso a los alimentos, gracias a la atrofia estructural que frena
las potencialidades productivas y comerciales.
Cuba es hoy una de las naciones de más
baja tasa de seguridad alimentaria del planeta, lo que le obliga
a importar el 84% de lo que comen los ciudadanos.
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