La Audiencia decide este jueves si procesa a Fidel Castro por genocidio
Los denunciantes le acusan de la muerte de nueve prisioneros de Bahía Cochinos

El pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional estudiará el próximo jueves si abre un proceso contra el líder cubano Fidel castro y el ex comandante, y ex ministro de Turismo, Osmani Cienfuegos por delitos de genocidio, terrorismo, torturas y delitos contra las personas y bienes específicamente protegidos en caso de conflicto armado. A ambos se les acusa de participar en la muerte por asfixia de nueve prisioneros cubanos durante su traslado de Playa Girón a La Habana, el 22 de abril de 1961, tras la invasión de Bahía Cochinos.

Asfixiados en un camión para mercancías

El tribunal debe dilucidar si Castro sigue siendo jefe de Estado

El Comité de Ayuda a la Disidencia 2506 (CAD 2506) presentó el pasado febrero una tercera querella contra Castro por los mismos hechos en la Audiencia Nacional. La primera la tramitaron en 1998 la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y una decena de exiliados opuestos al régimen cubano, y afectaba a Fidel y Raúl Castro, a Cienfuegos y a otro dirigente castrista. El juez Ismael Moreno, siguiendo las tesis del fiscal, estimó que los hechos narrados en la querella no constituían delitos de genocidio, terrorismo y torturas. El magistrado estimó que de lo relatado no se infería la intención de Castro de destruir un grupo humano, nacional, religioso, racial o étnico, requisito imprescindible para que exista delito de genocidio.

Moreno argumentó también que los actos de terrorismo no pueden ser cometidos por el Estado y que las supuestas torturas sólo podían ser consideradas como tratos degradantes.

Los querellantes recurrieron la decisión del juez, pero la Sala de lo Penal confirmó la resolución y el Supremo fijó como requisito, para que el asunto fuera juzgado, que las víctimas debían tener nacionalidad española.

En 2005, la misma fundación y varios cubanos residentes en Miami (EE UU) volvieron a presentar la querella a la vista de que el Tribunal Constitucional había reconocido la jurisdicción española para investigar y juzgar el genocidio de Guatemala, sin necesidad de que hubiera españoles afectados, y de que se había anunciado que Castro se trasladaría a España para asistir a la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, que se iba a celebrar en Salamanca.

Castro, finalmente, no acudió a la cumbre, ni a Salamanca, pero el juez, primero, y la Sala de lo Penal, después, rechazaron la querella por entender que el dirigente cubano gozaba de inmunidad soberana por su condición de jefe de Estado y no podría ser juzgado hasta que perdiera esa condición.

El 26 de febrero de este año, a raíz de la enfermedad de Fidel Castro y de que ha delegado algunos poderes, otra querella por los mismos hechos y casi con la misma redacción fue presentada por otra asociación de disidentes cubanos, la CAD 2506. El caso correspondió al juez Santiago Pedraz, que decidió no admitirla a trámite por entender que el asunto era cosa juzgada puesto que ya se habían pronunciado sobre esos mismos hechos el Juzgado 2 y la Sala de lo Penal. Sin embargo, los cubanos recurrieron de nuevo.

El fiscal Jesús Alonso, al informar sobre el caso, señala que existe una continua y constante actividad de los querellantes, que adoptan diferentes denominaciones, para intentar que prosperen sus tesis al caer la querella en otro juzgado distinto. Sin embargo, el fiscal sostiene que "en la nueva querella se da una completa identidad (objetiva y subjetiva) en los hechos que la fundan con las que en su momento se presentaron en el juzgado central 2. Por tanto, no es posible hacer nuevas valoraciones en el procedimiento, ya que estaría vedado por el principio de cosa juzgada".

El caso parecía estar claro, pero el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por 15 magistrados presididos por Javier Gómez Bermúdez, no lo ve tan diáfano y, aunque ya lo debatió en una sesión, entendió que el caso es más complejo y decidió aplazarlo a la sesión prevista para el próximo jueves. Nadie discute que los hechos son los mismos que los denunciados en las querellas anteriores. Sin embargo, el meollo de la cuestión estriba en si Fidel Castro ha perdido la inmunidad soberana o no. Si el mandatario no tuviera ya la condición de jefe de Estado, el caso podría prosperar. El tribunal debe establecer si la cesión de facultades ha supuesto la pérdida, o no, de la jefatura del Estado en favor de Raúl Castro.

Por otro lado, por los hechos que se imputan a Fidel también estaba acusado Raúl en la querella inicial, y aunque ahora ha quedado fuera, los magistrados podrían considerar que se trata de un fraude de ley, con la finalidad de que se pueda proceder contra Fidel. En el caso de que los magistrados considerasen que Fidel Castro ya no es jefe de Estado por haber cedido poderes y funciones, es obvio que sería considerado como principal mandatario Raúl Castro, primer beneficiario de la delegación de poderes. El omitir su nombre en la nueva querella podría ser considerado fraude de ley.

En todo caso, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene la palabra, que puede abrir el proceso contra Castro o archivar el caso.

La trascendencia del asunto, incluso si se decidiera la apertura de un proceso contra Fidel Castro, sería más publicitaria que efectiva, puesto que no hay indicios de que el líder cubano tenga intención de abandonar Cuba, ni siquiera para recibir tratamiento médico, al contrario de lo que ocurrió con el dictador Augusto Pinochet, que salió de Chile y se instaló en Londres.