Hostigan
a activistas de derechos humanos
LA HABANA, Cuba, 5 de diciembre (Leonel Alberto Pérez
Belette) - El régimen prosigue la represión iniciada
hace unos días contra opositores pacíficos residentes
en el poblado Cambute, en el municipio capitalino San Miguel del
Padrón. Ayer continuaban los actos cívicos de protesta;
a pesar del hostigamiento y la vigilancia. El gobierno acusa a los
activistas de cometer actos vandálicos.
Cambute es una localidad marginal ubicada al sur
de la capital. Es un barrio muy pobre, según reconociera
el propio dictador Fidel Castro. En Cambute se ubican varios albergues
de personas que han sido desalojados de sus hogares, o han perdido
sus viviendas por diversas causas, entre ellas los frecuentes derrumbes.
Según algunos vecinos, se trata de manifestaciones
de grupos opositores pacíficos en defensa de los derechos
civiles, a lo que se suma el enfado ciudadano por la falta de soluciones
al problema de la vivienda y a la escasez de alimentos.
José Luis Rodríguez Chávez, directivo de la
Fundación Cubana de Derechos Humanos en Ciudad de La Habana,
que dirige Juan Carlos González Leiva, y director de la biblioteca
independiente Mártires del 13 de Marzo, narró a este
reportero que una vecina del lugar sintió en horas de la
madrugada una serie de altercados y gritos de: ¡Vivan los
derechos humanos! A la mañana siguiente amanecieron los depósitos
de basura volcados en la puerta de un partidario del régimen
nombrado Pedro, quien encabezó hace unos días a un
grupo de pro-castristas. Además, fue él quien amenazara
personalmente, con un tubo de hierro, al opositor Juan Antonio Bermúdez
Toranzo vicepresidente de la FCDH, quien se encuentra detenido.
Los hechos anteriores forman parte de una cadena
de sucesos luego que el FCDH en la zona iniciara un ayuno pacifico
frente a la 11na. estación de la policía de San Miguel
del Padrón.
La huelga de hambre tenía el propósito
de protestar por el encarcelamiento de varios miembros de la organización.
Bermúdez Toranzo, quien encabezó la huelga, fue detenido
tras los incidentes y podría enfrentar un proceso judicial
y 8 años de privación de libertad.
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