MIAMI, Estados Unidos ― Un informe del Programa Cuba, adscrito a la Universidad Sergio Arboleda, sostiene que 10 de 30 instituciones públicas colombianas consultadas reportaron alianzas o vínculos activos con dependencias del régimen cubano durante el gobierno de Gustavo Petro, en sectores como salud, agroindustria, educación, trabajo y cultura.
La investigación, titulada La cooptación silenciosa del Estado colombiano por parte del régimen cubano durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), fue desarrollada mediante derechos de petición, acciones de tutela y revisión documental. El informe indica que esos vínculos, presentados oficialmente como cooperación bilateral, podrían funcionar en la práctica como mecanismos de legitimación internacional, transferencia de recursos y apertura institucional en beneficio de La Habana.
La investigación identifica cinco ejes principales: la anunciada donación de vacunas cubanas contra la fiebre amarilla que, según una respuesta del Ministerio de Salud de Colombia, nunca ingresó al país; la exportación suspendida de arroz colombiano hacia Cuba; la adopción de metodologías agrícolas cubanas en el programa CampeSENA; la implementación del método de alfabetización “Yo sí puedo”; y la participación institucional colombiana en ferias y festivales culturales organizados por el régimen cubano.
De acuerdo con el informe, de las 30 instituciones indagadas, 10 reconocieron algún tipo de alianza con entidades cubanas y 19 negaron relación directa. Las respuestas oficiales fueron sistematizadas para establecer la existencia de acuerdos, programas, memorandos, donaciones, montos presupuestales, fechas de vigencia e indicios de opacidad o irregularidades.
Uno de los casos más relevantes expuestos por la investigación es el de la donación de 2.000 dosis de vacunas contra la fiebre amarilla anunciada por Cuba en mayo de 2025, en medio de una emergencia sanitaria decretada por el Gobierno colombiano el 15 de abril de ese año. Según el informe, voceros del Gobierno de Petro y medios oficiales cubanos difundieron y agradecieron el donativo, pero una respuesta posterior del Ministerio de Salud colombiano indicó que “esta donación no ingresó al Ministerio” y que “no se materializó”.
El Programa Cuba subraya que el anuncio generó una imagen pública de solidaridad regional favorable al régimen cubano, pese a que no existe registro de ingreso, distribución ni aplicación de esas vacunas en Colombia. El informe contrasta ese episodio con la crisis sanitaria interna de la Isla, marcada por escasez de medicamentos, insumos médicos y vacunas.
Otro eje del informe se refiere al acuerdo anunciado en julio de 2025 para exportar arroz colombiano a Cuba, en medio de protestas del sector arrocero por sobreproducción, caída de precios e incumplimientos de acuerdos previos con el Gobierno. Según la investigación, voceros oficiales presentaron la operación como una salida para 4.968 pequeños productores del Tolima, con una oferta de 1.404 toneladas de arroz blanco hacia la isla.
Sin embargo, la respuesta de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), citada en el informe, señala que “el proceso no ha podido concluirse debido a circunstancias externas asociadas a la habilitación del importador en la República de Cuba y a la asignación del código correspondiente por parte de las autoridades competentes de dicho país”.
Para el Programa Cuba, la falta de claridad sobre los pagos y la suspensión indefinida de la operación abren interrogantes sobre si el acuerdo fue una exportación real o una posible forma de ayuda no declarada al régimen cubano.
El tercer eje examinado es CampeSENA, una estrategia del Servicio Nacional de Aprendizaje orientada a llevar formación técnica y tecnológica a zonas rurales. Según la respuesta del SENA reproducida en el informe, la entidad suscribió el 9 de octubre de 2024 un memorando de entendimiento con el Ministerio de Educación de Cuba y la Embajada de Cuba en Colombia, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
El informe sostiene que esa cooperación busca adoptar metodologías agrícolas cubanas en el marco de CampeSENA, lo cual considera problemático por el estado de la producción agropecuaria en la isla. El documento cita estadísticas cubanas según las cuales el Estado controla la mayor parte de la superficie agrícola, pero tiene una participación reducida en la producción física de alimentos, mientras el país importa buena parte de los productos que consume.
La investigación también cuestiona la implementación en Colombia del programa de alfabetización “Yo sí puedo”, diseñado en Cuba. Según la respuesta del Ministerio de Educación colombiano incluida en el informe, el proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $5.226.225.892,98, tiene ámbito nacional, comenzó en octubre de 2025 y se ejecuta mediante un esquema que involucra al Ministerio de Educación de Cuba, la Corporación Minuto de Dios y la organización Intercambio Científico Educacional Cuba-ICE.
Programa Cuba advierte que la adopción de ese método implica destinar recursos públicos colombianos a replicar un modelo educativo promovido por un régimen que restringe la libertad académica y reprime a docentes, estudiantes e intelectuales críticos. El informe cita datos del Observatorio de Libertad Académica sobre 276 incidentes de trato desigual no justificado por agentes del Estado, 177 denuncias de discriminación por orientación o afiliación política y 176 casos de acoso u hostigamiento en Cuba.
En el plano cultural, el documento señala que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes reconoció una agenda activa de cooperación con Cuba, que incluye reuniones bilaterales, participación en eventos, intercambios audiovisuales, fortalecimiento del Archivo Nacional de Cuba, presencia colombiana en la Feria Internacional del Libro de La Habana, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, Cubadisco y la Bienal de La Habana.
El informe destaca que Colombia fue invitado de honor a la edición 31 de la Feria Internacional del Libro de La Habana y que MinCultura oficializó la donación de 750 libros al Instituto Cubano del Libro, incluidas obras literarias y la autobiografía del presidente Petro, Una vida, muchas vidas. Para Programa Cuba, ese tipo de participación ofrece legitimidad y prestigio internacional a instituciones culturales controladas por el régimen.
La investigación vincula ese punto con la situación de artistas independientes en Cuba, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo), integrantes del Movimiento San Isidro, condenados a cinco y nueve años de prisión, respectivamente. El documento también recuerda la censura contra la artista Tania Bruguera y sostiene que eventos como la Bienal de La Habana o la Feria del Libro operan bajo vigilancia política y exclusión de voces disidentes.
En sus conclusiones, el informe afirma que la diplomacia intercultural promovida por el Gobierno de Petro hacia La Habana “no es un intercambio simétrico entre pares democráticos” y sostiene que espacios como la Bienal, Cubadisco, el Festival del Nuevo Cine y la Feria del Libro son utilizados por el régimen para proyectar una imagen de normalidad mientras persigue, encarcela o exilia a artistas críticos.
Programa Cuba plantea que los vínculos examinados no deben leerse solo como cooperación técnica o cultural, sino como parte de una estrategia de influencia política e institucional del régimen cubano en Colombia durante el Gobierno Petro.
