MIAMI, Estados Unidos ― El Premio Nobel de la Paz concedido este viernes a la jurista sudafricana Navi Pillay reavivó las críticas de UN Watch sobre su actuación ante las violaciones de derechos humanos en Cuba. La organización retomó un estudio que le reprochaba no haber criticado públicamente los abusos del Gobierno cubano durante los primeros años de su gestión como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Comité Noruego del Nobel anunció este 9 de octubre que distinguía a Navanethem “Navi” Pillay “por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”. El jurado destacó su contribución al procesamiento de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, y presentó el reconocimiento como un respaldo a la justicia internacional en un momento de ataques contra sus instituciones.
UN Watch rechazó la elección y acusó a Pillay de parcialidad contra Israel. En otro documento publicado este viernes, recordó sus críticas por la falta de pronunciamientos sobre Cuba y otros países durante la primera etapa de su mandato.
El estudio sobre sus declaraciones, publicado el siete de junio de 2011, examinó los mensajes difundidos en el sitio de la ONU entre septiembre de 2008 y junio de 2010. UN Watch incluyó a Cuba entre 34 países clasificados por Freedom House como “no libres” sobre cuyas víctimas, según su revisión, Pillay no había expresado preocupación. El periodo analizado no comprende los seis años completos de su gestión, que terminó en 2014.
No obstante, en 2012 el portavoz de su oficina, Rupert Colville, expresó preocupación por las detenciones de activistas cubanos. “Hemos recibido numerosos informes de detenciones breves [en Cuba] que parecen ser arbitrarias”, dijo Colville Notimex.
El funcionario agregó que las detenciones estaban relacionadas con las opiniones de los afectados.
Esa tibia respuesta contrasta con años de denuncias documentadas sobre el encarcelamiento y hostigamiento de opositores en Cuba. El 8 de julio de 2010, Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia, tras el anuncio de un plan para excarcelar a 52 detenidos de la Primavera Negra de 2003.
La organización recordó que aquella operación represiva había llevado a prisión a 75 disidentes pacíficos. También advirtió que forzar a los excarcelados a abandonar el país supondría otra restricción a las libertades de expresión y circulación. Human Rights Watch señaló, en un comunicado de la misma fecha, que las excarcelaciones no eliminaban las leyes y prácticas que permitían seguir encarcelando a quienes ejercían sus derechos.
Otro reclamo dirigido expresamente a Pillay fue la investigación de las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero, ocurridas el 22 de julio de 2012. Un año después, UN Watch y el Directorio Democrático Cubano promovieron un llamamiento internacional para esclarecer los hechos. Entre los firmantes figuraba el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, también Nobel de la Paz.
El comunicado del 22 de julio de 2013 pidió a Pillay y al entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, respaldar una investigación independiente. Según los promotores, ninguno de los dos había apoyado esa solicitud pese a los reclamos anteriores. La petición recogía las denuncias de los familiares y del conductor sobreviviente, Ángel Carromero, sobre la participación de un vehículo oficial en el choque.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó, en su informe de 2023, que existían indicios serios y suficientes de participación de agentes estatales en las muertes de Payá y Cepero. Determinó la responsabilidad del Estado cubano por violaciones de sus derechos y reclamó una investigación diligente que esclareciera los hechos, identificara responsabilidades y permitiera sancionar a los responsables.
Pillay visitó La Habana entre el 21 y el 26 de abril de 2019 al frente de una delegación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que presidía. Durante esa estancia mantuvo encuentros con el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, según informó la propia comisión.
La agenda también incluyó reuniones con el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro; la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda; y el director general de Asuntos Multilaterales, Rodolfo Reyes Rodríguez. La vicecanciller Anayansi Rodríguez Camejo ofreció un almuerzo a la delegación. Los contactos estuvieron centrados en la situación de la pena de muerte en Cuba.
En un comunicado fechado el 29 de abril, Pillay agradeció la amabilidad y hospitalidad del Gobierno cubano y su disposición a escuchar las recomendaciones de la comisión. También aseguró que había pedido a las autoridades avanzar gradualmente, pero con firmeza, hacia el abandono de la pena capital. “La pena de muerte ya no encaja en Cuba”, afirmó. La comisión señaló que varias autoridades habían expresado que considerarían reducir su ámbito de aplicación.
La pena de muerte, sin embargo, sigue vigente en Cuba. El Código Penal, aprobado en 2022, la mantiene entre las sanciones principales y establece en su artículo 33 que se ejecuta por fusilamiento. No se registran ejecuciones desde 2003: los últimos fusilamientos conocidos ocurrieron el 11 de abril de ese año, según documentó Amnistía Internacional.
