MIAMI, Estados Unidos ― La Dirección General de Salud de Camagüey advirtió que las autoridades sanitarias y judiciales actuarán contra profesionales y particulares que ejerzan o promocionen servicios médicos privados.
La dependencia aseguró en Facebook que procederá “con todo el rigor que la ley establece” y pidió a la población denunciar las ofertas de atención privada, que calificó de fraudulentas.
El comunicado califica esas actividades de delito, pero no identifica una figura penal ni informa de procesos judiciales iniciados.
La institución respondió a anuncios de servicios médicos privados, sin identificar a establecimientos concretos.
CubaNet documentó el 7 de octubre un catálogo de Dalia Spa, ubicado en el reparto Vista Hermosa de Camagüey. La oferta incluía consultas de medicina interna y cardiología por 30 dólares, ultrasonidos abdominales por 45 dólares, citologías cervicales por 80 dólares y un chequeo integral de laboratorio por 105 dólares.
El establecimiento se presenta en su página de Facebook como un espacio de belleza y salud, y aparece clasificado en categorías de cuidado personal y estética.
Una trabajadora, que pidió mantener su identidad en reserva, dijo a CubaNet que el negocio tenía autorización para funcionar como spa y ofrecer determinados servicios odontológicos. Aseguró que tramitaba una licencia para ampliar sus operaciones.
Consultado por WhatsApp, Dalia Spa respondió que el anuncio era una “prueba” y que “esos servicios” no estaban disponibles. Sin embargo, una persona que había acudido al local aseguró a este medio que una trabajadora le confirmó la disponibilidad de algunas prestaciones.
Las versiones dejaron sin esclarecer qué servicios se ofrecían efectivamente y con qué autorización.
La prohibición de las consultas privadas está recogida en el Decreto 160 de 2026, publicado en la Gaceta Oficial del 28 de julio. La norma regula las actividades no autorizadas o sujetas a permisos para empresas privadas, mipymes, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.
El numeral 64 de su anexo reserva al Sistema Nacional de Salud las actividades técnicas y profesionales de atención médica y social vinculadas a los servicios sanitarios. La restricción incluye expresamente la odontología y se aplica a las actividades dentro y fuera del sistema estatal.
El mismo apartado contempla servicios que sí pueden autorizarse a empresas privadas, mipymes y cooperativas: los farmacéuticos, ópticos, de cuidado y rehabilitación. Esa posibilidad no equivale a una autorización general para abrir consultas médicas o brindar tratamientos odontológicos.
El decreto dispone que las actividades no incluidas en su anexo se consideran permitidas, pero siguen sujetas a las licencias, certificaciones y límites establecidos en otras normas. La atención médica figura expresamente entre las no autorizadas.
En los comentarios del comunicado hubo respaldo a la prohibición y cuestionamientos. Yarisel Sánchez Lima defendió que existieran alternativas privadas, aunque dijo que no podía pagarlas. Ernesto López Machado preguntó por qué las clínicas particulares no podían coexistir con la salud pública. Otros usuarios reclamaron mejoras en el sistema estatal de salud.
Las dificultades para recibir atención en Camagüey fueron documentadas por elTOQUE en un reportaje publicado el 15 de marzo de 2026. Tres madres contaron que en febrero habían acudido a policlínicos con sus hijos y no pudieron obtener los servicios que necesitaban por falta de electricidad o agua.
Una de ellas relató que llevó a su hijo de tres años, con un ataque de asma, al Policlínico Centro para que le administraran un aerosol. Según su testimonio, le indicaron que no podían utilizar los equipos durante el apagón y debía trasladarse a un hospital.
En el Policlínico de Montecarlo, otra madre contó que no pudo realizar análisis de urgencia a su hijo de 10 años porque el laboratorio estaba sin electricidad. Una tercera denunció que su hijo, con dolor de muela, no recibió atención dental porque el centro carecía de agua.
El reportaje recogió además el testimonio de una funcionaria sanitaria que aseguró que, ante la escasez de combustible, se priorizaban los generadores de los hospitales, especialmente en urgencias y cuidados intensivos.
La afectación de los servicios sanitarios también fue advertida por 11 organizaciones internacionales presentes en Cuba, en una declaración fechada el 26 de febrero de 2026. Entre las firmantes figuraban CARE Cuba, COSPE, Humanity & Inclusion y Movimiento por la Paz.
Las organizaciones señalaron que la crisis energética comprometía la atención hospitalaria, las urgencias, los cuidados intensivos y la conservación refrigerada de vacunas, sangre y medicamentos. Advirtieron de sus efectos sobre pacientes crónicos, la población rural y la atención materno-infantil, y pidieron garantizar el acceso a los servicios esenciales y a la asistencia humanitaria.
