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ECONOMIA
INFORMAL
Para que no respiren
Odelin Alfonso Torna
LA HABANA, Cuba - Marzo (www.cubanet.org) -
Es difícil precisar en qué momento
se aventuraron los fabricantes clandestinos a
poner en el mercado estatal productos auténticamente
copiados. El objetivo principal en tan mañosa,
pero necesaria tarea: emplearse al mercado negro
para paliar las crisis de un metafórico
"Periodo Especial" y lograr un marketing
paralelo a la nueva distribución socialista.
La prioridad del cubano era sobrevivir con economías
negras y subterráneas, bajo el nuevo concepto
totalitario de mercado mixto.
A principio de los 90, empezaron a operar las
empresas mixtas. El producto a distribuir presumía
de un mejor acabado y presentación. Los
fabricantes clandestinos necesitaban los nuevos
embalajes, estuches, etiquetas, chapas, envases
y materias primas para que sus adulteraciones
estuvieran a tono con la manufactura estatal.
Una serie de irregularidades, nada nuevas en la
red de Comercio y Gastronomía, fueron expuestas
el domingo 25 de febrero, en las páginas
4 y 5 del diario Juventud Rebelde. La muestra
estuvo a cargo de los periodistas Yailin Orta
Rivera y Norge Martínez Montero.
La red minorista fue el centro de la crítica,
el blanco más seguro y certero de los inspectores
que no cesan en fustigar a los que sobreviven
detrás de un mostrador. No creo que haya
sido tarea difícil para Yailin y Norge
llegar al primer y más visible peldaño
de las violaciones. Sí los creo incapaces
de husmear en las ilegalidades hacia arriba. No
tendrían acceso nunca, existen sus límites
y sobrepasarlos se considera oposición
al gobierno.
Recordemos a Niurka Brito, quien denunció
los desvíos ilícitos de leche en
polvo, donde estaban involucrados dirigentes y
administrativos de las altas esferas del gobierno.
Luego Niurka se convirtió en notoria "disidente"
para las autoridades cubanas.
Entre los productos adulterados, expuestos por
Juventud Rebelde, figuraba la cerveza. Me detengo
a hacer una breve reseña de su plagiada
e ilícita historia.
La falsificación de cerveza data de 1997,
momento en que aparecieron las primeras copias
de Hatuey, Polar y Tínima. Los fabricantes
clandestinos contaban con variedades de etiquetas
y chapas, producidas por el estado. El contenido
a beber era el mismo, un producto ya terminado,
nada de cardos patentizados por algún ingenioso
criollo. Toda la materia prima provenía
de las cervecerías del gobierno.
El líquido se vendía en grandes
cantidades en las afueras de la antigua cervecería
Tropical. Un hectolitro de cerveza, equivalente
a mil litros, oscilaba entre 400 y 600 pesos,
de primera mano. La cerveza a granel elaborada
en la Tropical, era y aún es, la más
idónea para ser envasada a manos de particulares.
Su transparencia y calidad avalaban su consumo
los primeros quince días, luego se tornaba
turbia y avinagrada.
Los fabricantes clandestinos omiten el proceso
de pasteurización una vez envasado el líquido
en las botellas.
Cientos de termos, utilizados para el enfriamiento
y gasificación de la cerveza a granel,
les han sido confiscados a los fabricantes clandestinos.
Los termos decomisados hoy en día se utilizan
para vender refresco gaseado en establecimientos
estatales. ¡Vaya iniciativa tardía!
¿De dónde salen los termos?
En la esquina de Dolores y Calzada de Güines,
municipio capitalino de San Miguel del Padrón,
se encuentra un pequeño taller perteneciente
al sector metalúrgico. En esta entidad
se confeccionan termos industriales y se reparan
camiones cisternas, todo con el empleo de gruesas
laminas de acero níquel. De este propio
taller salieron los tanques para las fábricas
clandestinas. Luego serían adaptados con
maquinas de enfriamiento, instrumentos de presión,
medidores de temperatura etc. La "venta autorizada"
de un termo en el mercado subterráneo,
oscila entre los 2 000 y 2 500 pesos.
Otra de las ventas ilícitas, de manufactura
estatal, son las etiquetas, collarines y chapas
para vestir las botellas. Las primeras ventas
ilegales de estos elementos provenían de
la cervecería Hatuey, en el municipio Cotorro,
con el conocimiento o no de sus administrativos.
En sus inicios, el millar de etiquetas, collarines
y chapas costaba en el mercado negro 150 pesos.
Actualmente estos precios se han duplicado.
Los botellones, utilizados en la gasificación
se rellenan en la planta de CO 2 de Puente Grande,
en el municipio Marianao. El costo actual de su
venta ilícita es de 1 000 pesos por botellón.
Los operativos policiales y las inspecciones de
la Unión de Empresas de Gastronomía
y Comercio continúan en la capital. Paralelamente,
Yailin y Norge cubren de ilegalidades las páginas
del diario Juventud Rebelde. Las violaciones siempre
se reflejarán abajo, multando y confiscando
a menores. Para los Poncios Pilatos no hay auditorias.
El que inventa la ley, prepara la trampa.
odelinalfonso@yahoo.com
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