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El
mito del castrismo
En gran parte de Iberoamérica
persiste la creencia de que la falta de libertades
públicas en Cuba está justificada
por el logro de haber construido una sociedad
con una equidad; sin embargo, ese mito se está
derrumbando
Por Rafael Rojas, La
Nación Line, Argentina, 3 de Julio
de 2005.
El aparato de legitimación simbólica
del régimen cubano descansa sobre la idea
de que la libertad política debe sacrificarse
en aras de la soberanía nacional y la justicia
social. El castrismo, en una perfecta instrumentación
del "estado de emergencia" descrito
por Giorgio Agamben, difunde la certeza de que
la penalización de los derechos de asociación
y expresión es, para un pequeño
país fronterizo del Caribe como Cuba, el
costo de la preservación de la independencia
y del desarrollo de estrategias equitativas de
distribución del ingreso.
Dejemos para otro momento el tema de la soberanía
nacional y concentrémonos, por ahora, en
la cuestión de la justicia social. Durante
décadas, muchos intelectuales orgánicos
(Cintio Vitier, Eusebio Leal, Roberto Fernández
Retamar, Armando Hart, Fernando Martínez,
Abel Prieto) han presentado la revolución
y el socialismo como cristalizaciones políticas
de una tradición ideológica "cubana",
originada en el republicanismo cristiano del siglo
XIX (Varela, Luz, Mendive, Martí) y continuada
por políticos nacionalistas o comunistas
del siglo XX (Mella, Martínez Villena,
Guiteras, Castro) que anteponían los valores
de igualdad y justicia a los de libertad y la
democracia.
La joven historiografía de la isla y la
diáspora ha criticado ese discurso oficial
por sus tres mayores limitaciones: el excepcionalismo
nacionalista en que se inspira, la visión
unilateral y excluyente de la historia intelectual
de Cuba que transmite y la subestimación
de los valores liberales y democráticos
que esa misma tradición republicana y revolucionaria
produjo en los dos últimos siglos. Hoy
por hoy, ese discurso de legitimación histórica
del castrismo está prácticamente
agotado. Sin embargo, el mito de que Cuba es un
país justo persiste en una zona considerable
de la imaginación iberoamericana.
Al desgaste de esa noción castrista de
la justicia ha contribuido, en buena medida, la
indigencia teórica de sus postulados. El
campo intelectual de la isla, a pesar de estar
sometido al bombardeo constante de la propaganda
justiciera e igualitaria del régimen, ha
estado al margen de la gran revolución
teórica producida por los libros del gran
filósofo liberal norteamericano John Rawls,
fallecido en 2002. Me refiero, sobre todo, a Teoría
de la justicia (1971) y Liberalismo político
(1993), dos volúmenes en los que se observa
cómo, en las dos décadas que median
entre el esplendor y la caída del campo
socialista, el concepto liberal de justicia evolucionó
de la idea de "imparcialidad" a la idea
de "equidad".
Como ha documentado Roberto Gargarella, todas
las corrientes contemporáneas de la filosofía
de la justicia definen sus posiciones frente al
legado de Rawls: libertarios y utilitaristas,
conservadores y liberales, republicanos y demócratas,
socialistas y comunitarios, feministas y neomarxistas,
Nozick y Dworkin, Walzer y Sen, MacIntyre y Habermas,
Taylor y Sandel, Gutman y MacKinnon. Todos los
teóricos actuales del derecho, lo mismo
para refrendarla que para cuestionarla, parten
de la obra de Rawls, y coinciden con él
en un punto inaceptable para el castrismo: que
el poder político es, como el ingreso o
los servicios, una esfera más de la justicia
y que también debe ser distribuida.
En Cuba, a diferencia de la mayoría de
los países iberoamericanos, esa filosofía
contemporánea de la justicia no se estudia,
ni se edita, ni se comenta. No sólo porque
el campo académico e intelectual de la
isla -a pesar de la flexibilización involuntaria
que ha experimentado en los últimos años-
sigue estando regido por la ortodoxia nacionalista,
sino porque, en su aldeana arrogancia, los líderes
cubanos suponen que, en un país "igualitario",
el problema de la justicia social, como el de
la raza, la homosexualidad o el género,
ha sido resuelto y no debe ser debatido.
A pesar de la precariedad teórica del
debate intelectual cubano, en los últimos
años varios sociólogos y economistas
de la isla y la diáspora han comenzado
a cuestionar el mito de Cuba como "país
justo". Las investigaciones más recientes
de Carmelo Mesa Lago, Jorge I. Domínguez,
Omar Everleny Pérez Villanueva, Haroldo
Dilla, Mayra Espina Prieto, Viviana Togores, Anicia
García, Lorena Barbería, Mirem Uriarte,
Mauricio de Miranda, Luisa Iñiguez Rojas
y Lía Añé nos describen una
sociedad caribeña con una creciente disparidad
en la distribución del ingreso, pronunciadas
desigualdades regionales, acceso inequitativo
a los servicios públicos y reestratificación
racial, sexual, genérica y migratoria de
la ciudadanía.
Algunos datos aportados por esos estudios nos
ayudan a comprender mejor el mapa de la nueva
segmentación social cubana. Cerca de un
80% de la población cubana gana menos de
300 pesos mensuales, lo que equivale a unos 28
dólares -compensados, naturalmente, por
los subsidios estatales-. Pero hay, por lo menos,
un 1,5% de la población, mayoritariamente
blanco, con acceso a remesas o empleado por el
gobierno y las firmas extranjeras, que gana entre
1000 y más de 6000 pesos mensuales. De
acuerdo con estos estudios, en Cuba, el salario
mínimo ha decaído de poco menos
de 150 pesos en 1985 a poco más de 50 en
2002.
En los últimos 15 años, esa reestratificación
social no sólo ha afectado a grupos vulnerables
como las mujeres, los negros, los homosexuales
y los migrantes internos, sino que ha acentuado
los desequilibrios regionales. El nivel de desarrollo
humano de ciudades más o menos integradas
a la parcela del mercado internacional que le
toca a Cuba, como las que pertenecen a las viejas
provincias del norte occidental de la isla (La
Habana, Matanzas, Las Villas), es mayor que el
de las relativamente integradas (Pinar del Río,
Camagüey, Holguín, Ciego de Avila,
Santiago de Cuba) y bastante superior al de regiones
del sur oriental como Las Tunas, Granma o Guantánamo.
En esta zona se concentran los 36 municipios más
pobres de la isla, algunos de los cuales, según
los estudiosos, reportan indicadores sociales
críticos, propios de cualquier país
caribeño, y producen una cuantiosa emigración
hacia las provincias occidentales.
En el último informe del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Cuba aparece
como uno de los países latinoamericanos
con mayores índices de distribución
equitativa del ingreso. Lo que no refleja dicho
informe es que la equidad, sin crecimiento económico
ni integración plena al comercio mundial,
sin desregulación estatal de la producción
ni desarrollo pleno del mercado interno, se vuelve
inequidad o, más exactamente, parcelación
regional y estratificación social del ingreso.
Como pensaba Rawls, la justicia y la igualdad,
sin libertad, producen un nuevo tipo de segmentación
de la sociedad, más difícil de erradicar
que la que caracteriza a una economía de
mercado emergente.
Por Rafael Rojas
LA NACION y El País
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