Inicia juicio contra cubanos
que penetraron en embajada mexicana en 2002
AFP en La Habana. La
Crónica de Hoy, México, 12 de
enero de 2005.
Tres años después
de penetrar por la fuerza en la embajada mexicana
con el objetivo de emigrar, 23 cubanos comparecen
este miércoles ante un tribunal de La Habana
para enfrentar solicitudes fiscales de entre cinco
y 12 años de cárcel.
Los acusados comparecen ante la sala de lo penal
del tribunal Provincial de La Habana, que desarrolla
el proceso, sin acceso a la prensa, en el local
del tribunal municipal de 10 de Octubre, y según
familiares de los acusados, puede durar tres días,
pues declararán unos 25 testigos.
Desde horas tempranas, policías de civil
fueron apostados en las esquinas del juzgado,
pero el traslado de los detenidos y el ingreso
de los familiares, se realizó sin incidentes,
constató la AFP en el lugar.
La fiscal Edelmira Pedris Yumar solicitó
inicialmente 12 años de prisión
para 12 de los acusados; 10 años para otros
seis y cinco años para los restantes, indicó
la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos
y Reconciliación Nacional (CCDHRN), que
preside el disidente Elizardo Sánchez Santa
Cruz.
El 27 de febrero de 2002, 18 de esas personas
raptaron un ómnibus de transporte local
y lo proyectaron contra la verja de hierro de
la sede diplomática, penetrando abruptamente
en los jardines de la embajada, solicitando refugio.
Otros tres penetraron el local a través
de la vecina Nunciatura Apostólica, saltando
el muro que separa las dos sedes; y dos desde
la calle, aprovechando la confusión.
Según se informó en la prensa local
en 2002, esas personas, la mayoría muy
jóvenes, fueron instigadas por transmisiones
radiales de emisoras anticastristas de Miami,
Florida, que reprodujeron declaraciones del entonces
canciller mexicano, Jorge Castañeda, referidas
a que las puertas de su embajada estaban abiertas
para todos los cubanos.
Después de dos días de negociaciones
entre los gobiernos de Cuba y México, las
fuerzas policiales cubanas desalojaron la sede
el 1 de marzo de ese año, en un rápido
operativo de seis minutos, con autorización
mexicana, y en el cual se detuvo a los refugiados.
Autoridades mexicanas aseguraron entonces que
no presentarán querellas contra los jóvenes.
Sin embargo, el grupo deberá responder
por el secuestro del vehículo y el empleo
de la violencia para forzar su ingreso a una embajada
extranjera.
Los periodistas presentes a la entrada del juzgado
no vieron diplomáticos mexicanos entre
las personas que entraron al tribunal. Nancy Pérez,
esposa de Ramón Enrique Sosa Méndez,
uno de los acusados, dijo a los periodistas que
"hasta ahora (su cónyuge) ha estado
bien, no ha tenido ningún problema"
y espera que el juicio "termine bien".
Interrogada sobre la petición fiscal,
Pérez dijo que "realmente no estoy
de acuerdo", en lo que coincidió con
Humberto Pérez, padre de Henrry Pérez,
quien opinó que 12 años "es
demasiado para lo que ellos hicieron".
Preguntado sobre los motivos que llevaron a los
jóvenes a ingresar en la sede diplomática,
dijo que "porque decían que las puertas
de la embajada estaban abiertas para todos los
que querían irse".
Por su parte, Esmeralda Pérez Gónzález,
tía de tres acusados, dijo ante la misma
pregunta que los jóvenes fueron tras "sus
sueños de emigrar, pues fíjese que
uno de ellos lo que quería era poder tomar
Cocacola".
"En lo único que confío es
en Dios, y le pido que ellos puedan salir en libertad,
pues no cometieron un delito tan grave",
agregó.
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