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SOCIEDAD
Cosas de la dictadura: despojos y arbitrariedades
Juan Carlos Linares
LA HABANA, enero (www.cubanet.org) - Malgalupe
Silva Martínez próximamente podría
ser despojada de su casa, y su hija Ariodani enviada
a una prisión.
El origen de esta historia, que acontece en Nuevitas,
municipio de la provincia Camagüey, se remonta
al año 1998, fecha en que Silva Martínez,
su esposo y sus cinco hijos determinaron tener
un hogar propio.
Antes vivían agregados en la morada de
los padres del esposo de Malgalupe, junto a otros
familiares más. Entonces compraron una
casa muy vieja y en pésimo estado.
La compra-venta de viviendas está prohibida
en Cuba. Sin embargo, según afirma un especialista
en la materia, en Nuevitas estuvo permitida hasta
el año 2000.
Por esa época, cuando Malgalupe y familia
adquirieron el inmueble, la hija, Ariodani, conoció
a un holandés con quien se fue a residir
a Holanda y con el cual tuvo dos hijos, los cuales
tienen actualmente cuatro y dos años y
son ciudadanos holandeses.
La oficina municipal de la vivienda no estuvo
ajena a la compra de la casa, pues fue quien le
concedió a Malgalupe una forma de crédito
con el propósito de que la familia restaurara
el inmueble. En dicho convenio se le asignó
una determinada cantidad de materiales constructivos,
y con el esfuerzo propio, la familia fue reconstruyendo
la casa, sita en la calle Calixto García
entre Agramonte y Augusto Arango.
Después de varios años de residencia
en el lugar, Malgalupe recibió un aviso
de la oficina municipal de la vivienda en el que
se le ofrecen dos opciones: regresar a la casa
de sus suegros o, a cambio de su casa, que cuenta
con tres dormitorios, recibir un apartamento de
un dormitorio solamente en uno de los edificios
enclavados en el barrio Micro 1. "Sospecho
que el móvil de esta medida es la envidia
o la codicia de algún funcionario interesado
en mi casa", exclama Malgalupe con desdén.
Meses antes de concluir el año 2004 Ariodani
llegó a Cuba con sus hijos a visitar a
su familia, y tropezó de frente con el
dilema por el que atraviesa la madre. Decidió
intervenir, y para ello enfrentó a uno
de los funcionarios principales de la vivienda,
el señor Roberto Gil. Según cuentan
algunos pobladores la conversación se tornó
difícil.
Posteriormente Gil la acusó y Ariodani
estuvo cuatro días encerrada en un calabozo,
le retiraron el pasaporte y salió después
de pagar 2 mil pesos de fianza.
La petición fiscal para Ariodani era de
año y medio sin internamiento. El 30 de
noviembre, durante la vista oral, se le conmutó
la sentencia por año y medio con internamiento,
y el 21 de diciembre la sentencia le fue ratificada
en el proceso de apelación. "Ni el
propio abogado, Pedro Salvá, entiende el
fallo judicial, y menos la acusación por
el delito de atentado", señaló
la madre.
Malgalupe tiene 50 años, 23 de ellos dedicados
al ramo de la gastronomía y el comercio.
Es cristiana de la iglesia metodista, y padece
de afectaciones cardíacas. La angustia
amenaza su porvenir y el de su familia.
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