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Grupos
fustigan medidas de Cuba y Venezuela contra periodistas
Eric Green. Redactor del Servicio
Noticioso desde Washington, 3 de agosto de
2005.
Washington -- Un grupo independiente, con sede
en Miami, defensor de la libertad de prensa criticó
las medidas tomadas por los gobiernos de Venezuela
y Cuba contra los periodistas.
En una declaración difundida el 28 de
julio, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
criticó el anuncio del fiscal general de
Venezuela de que abriría una investigación
oficial en relación a un editorial publicado
el 25 de julio por el diario venezolano El Universal,
porque "ofende" y expone "al desprecio
público" a las autoridades venezolanas.
La SIP describió la medida del gobierno
venezolano como "una intromisión a
la política editorial de un medio de comunicación
independiente y un agravio a la libertad de expresión
y a la libertad de prensa".
El párrafo de apertura del editorial en
cuestión, que se refiere al sistema judicial
de la nación, dice que "subordinar
la justicia a la ideología y privarla de
autonomía y efectividad es como cuando
un tren se descarrila. La Oficina del Fiscal General
de Venezuela, y las cortes, pierden cada vez más
legitimidad".
Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión
de Libertad Prensa e Información en la
SIP, dijo que la reciente medida tomada por el
gobierno venezolano contra El Universal "demuestra
y reitera la existencia de una estrategia gubernamental
contra la libertad de prensa", que ya "ha
aumentado las penas por las críticas a
la gestión de los funcionarios públicos".
Marroquín, director del diario guatemalteco
Prensa Libre, agregó que "es notable
la resistencia de los funcionarios venezolanos
a no aceptar la crítica, con lo que desconocen
el valor y el papel del periodismo en una sociedad
democrática en donde debe haber un alto
grado de tolerancia a las críticas, máxime
cuando se trata de opiniones que deben ser rebatidas
y debatidas en igualdad de condiciones".
"Intimidar a los medios de comunicación
mediante investigaciones o amenazas de investigaciones
y de penalidades, no es más que abusar
de privilegios gubernamentales. El fin último
de estas acciones intimidatorias es limitar la
libertad de prensa y el derecho a la información
del pueblo venezolano", dijo Marroquín.
El fin último de estas acciones intimidatorias
es limitar la libertad de prensa y el derecho
a la información del pueblo venezolano".
La SIP dijo que está firme junto a los
principios de libertad de prensa y libertad de
expresión que contiene la "Declaración
de Chapultepec", que establece que "ningún
medio de prensa o periodista puede ser castigado
por publicar la verdad o criticar o denunciar
al gobierno". Ese documento, cuyo nombre
procede de la sede de una conferencia realizada
en 1994 en México, establece los principios
rectores para la libertad de prensa en el Hemisferio
Occidental.
En declaraciones realizadas el 27 de julio ante
el Congreso de Estados Unidos, Roger Noriega,
funcionario del Departamento de Estado, dijo que
el gobierno venezolano ha logrado una creciente
concentración del poder en la rama ejecutiva
del país. Noriega dijo a los legisladores
que el presidente venezolano Hugo Chávez
ha estado "empacando" la Corte Suprema
de Venezuela con sus propios partidarios, y que
Chávez encabezó la "aprobación
de legislación que frena la libertad de
prensa y los derechos civiles" y también
la "persecución de la sociedad civil,
más notablemente de la organización
observadora de elecciones Súmate".
Noriega, subsecretario de Estado para Asuntos
del Hemisferio Occidental dijo que Estados Unidos
seguirá "denunciando esos hechos cuando
proceda, así como expresaremos en privado
nuestra preocupación a los funcionarios
venezolanos".
Sin embargo, durante el pasado año el
acceso del gobierno de Estados Unidos a las principales
autoridades venezolanas se ha visto limitado,
reveló Noriega ante la Subcomisión
sobre el Hemisferio Occidental, de la Cámara
de Representantes.
Esa falta de acceso también está
teniendo "un impacto escalofriante en nuestros
contactos a nivel de trabajo", dijo Noriega.
"Por ese motivo, en el futuro inmediato nuestro
esfuerzo diplomático en Venezuela estará
principalmente dirigido a influir en los sucesos
a través de declaraciones públicas
y contactos privados con otros gobiernos y organizaciones
que tratan directamente con el gobierno de Venezuela".
Mientras tanto, la SIP junto con el Comité
para la Protección de los Periodistas (CPJ),
otro grupo defensor de la prensa con sede en Nueva
York, condenó el arresto en Cuba del periodista
Oscar Mario González, e insistió
al mismo tiempo en que el gobierno cubano debe
liberar a otros periodistas encarcelados.
En una declaración del 27 de julio la
SIP denunció la "intensificación"
por parte del gobierno cubano de la "censura
oficial y la discriminación contra los
periodistas".
"Condenamos el continuo hostigamiento contra
la prensa independiente" por parte del dictador
cubano Fidel Castro, "a la que se le fiscaliza
e impide ejercer su libertad y derecho a informar",
dijo la SIP. Agregó que esas medidas "constatan
que la prensa sigue siendo uno de los blancos
favoritos de las autoridades cubanas".
González, de la agencia independiente
Grupo de Trabajo Decoro, fue detenido el 22 de
julio y está preso en una cárcel
de La Habana, informó la SIP.
El CPJ dijo por su parte que las autoridades
cubanas no han explicado por qué González
fue detenido ni ha presentado acusaciones públicas
contra él. Agregó que la fiscalía
cubana con frecuencia no informa a activistas
de la oposición detenidos de las acusaciones
que enfrentan y les niegan la oportunidad de revisar
la evidencia de sus supuestos delitos.
"Oscar Mario González está
detenido arbitrariamente y sin explicación",
dijo la directora ejecutiva del CPJ, Ann Cooper,
el 26 de julio. "Exhortamos al gobierno cubano
a que lo libere de inmediato y que ponga fin a
la intimidación de la prensa cubana independiente".
Adam Ereli, vice portavoz del Departamento de
Estado de Estados Unidos, dijo el 23 de julio
que Estados Unidos reprobaba los arrestos el día
anterior por parte del régimen cubano de
al menos una docena de miembros de la Asamblea
para Promover la Sociedad Civil en Cuba.
El único delito de los arrestados, agregó
Ereli, "fue tratar de ejercer sus derechos
humanos y libertades básicas".
El Departamento de Estado hace un llamamiento
al régimen de Castro "a ponga fin
a esta deplorable represión y libere de
inmediato a todos los detenidos", dijo Ereli.
"Instamos a otros países a que se
sumen a nosotros en reprobar estos actos".
El Servicio Noticioso desde
Washington es un producto de la Oficina de Programas
de Información Internacional del Departamento
de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web:
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